Nacho Álvarez: "Hay que subir los impuestos a los patrimonios de más de 1 millón de euros"

Nacho Álvarez es la voz autorizada de Unidas Podemos para hablar de economía. El secretario de Estado de Derechos Sociales, que trabajó primero con Pablo Iglesias y ahora lo hace junto a Ione Belarra, sigue la estela marcada por Yolanda Díaz en el acto de hace unos días junto a Thomas Piketty y fija la posición del partido en relación a la inminente reforma fiscal. El comité de expertos está a punto de entregar su informe y los morados quieren ser ambiciosos, yendo incluso más allá del acuerdo de investidura con el PSOE. Es una de las próximas batallas en la coalición: qué impuestos se tocarán.

PREGUNTA. ¿Qué planteamiento va a llevar a la negociación de la reforma fiscal?

RESPUESTA. Hasta ahora el Gobierno de coalición ha demostrado que ha sido capaz de gestionar esta crisis de una forma distinta y creo que en este momento tenemos el reto de demostrar, tras la pandemia, que somos capaces de impulsar un nuevo proyecto de país donde todos quepan. Y esto requiere trabajar por la igualdad. Esto requiere avanzar en el camino de reformas democráticas, laborales y sociales que permitan que la recuperación vaya de la mano del reforzamiento de los derechos sociales. Pero, claro, no hay reforzamiento del Estado del bienestar sin una reforma fiscal progresiva. Y esta es la propuesta que Podemos quiere. Podemos quiere trasladar en la negociación de la reforma fiscal que es el momento de afrontar este reto. Ahora, que estamos en plena recuperación, necesitamos que la reforma fiscal se lleve a cabo precisamente para salir de la crisis con menos desigualdad.

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P. ¿Eso significa que quienes tienen más tendrían que pagar más impuestos?

R. Lógicamente, tal y como establece la Constitución. Progresiva quiere decir una mejora de la justicia fiscal y quiere decir particularmente que las grandes fortunas y las rentas más altas tienen que asumir su parte. Si queremos realmente un Estado del bienestar como el que tiene Francia, como el que tiene Alemania, España tiene que dejar de ser una anomalía en el contexto de la Unión Europea respecto a su capacidad de recaudación y respecto a los privilegios que mantienen las rentas más altas.

P. A la espera de que conozcamos el informe del comité de expertos de Hacienda, ¿ustedes plantean un impuesto a la riqueza al estilo del que llevaban en su programa y que no pudo entrar en el acuerdo de coalición?

R. Nosotros hemos insistido de forma reiterada en la necesidad de avanzar hacia, efectivamente, una fiscalidad que grave los patrimonios por encima del millón de euros y muy particularmente por encima de los 10 millones. Y esto son muchos los expertos internacionales que lo vienen recomendando. El premio [Bernácer 2018] que se le dio a Gabriel Zucman en España así lo demuestra, porque las grandes rentas, gracias a su patrimonio, pueden jugar con una planificación que haga que al final tributen muy poco por la vía de la renta. Por eso es necesario avanzar hacia una tributación centrada en el patrimonio.

P. ¿Es decir, un impuesto específico a la riqueza?

R. Un impuesto de patrimonio a las grandes fortunas.

P. ¿A usted qué le parece la armonización del impuesto de patrimonio que están proponiendo algunas formaciones?

R. Es difícil entender que tengamos una realidad en España donde podemos convivir con paraísos fiscales destinados fundamentalmente a las grandes fortunas, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Y, en ese sentido, nosotros venimos defendiendo la necesidad de un mínimo no bonificable en el impuesto de patrimonio, en particular para los grandes patrimonios.

P. Habla de Madrid como un paraíso fiscal, ¿también País Vasco y Navarra lo son?

R. Lógicamente la propuesta que haga el Gobierno va a ser completamente respetuosa y escrupulosa con el reparto competencial que tiene nuestro país y con las comunidades de régimen foral. Tienen los estatutos que tienen y eso se tiene que respetar.

P. Un impuesto que ya se ha tocado en los Presupuestos es el de sociedades. En el pacto de coalición hay contemplado un recargo especial a bancos y eléctricas. ¿Van a proponerlo?

R. En el impuesto de sociedades hoy sucede algo que no pasaba en nuestro país antes de la reforma del Partido Popular. Y es que se han erosionado profundamente las bases imponibles. Hoy las grandes empresas pueden utilizar, por ejemplo, las bases imponibles negativas para hacer un juego de fiscalidad que les permite no pagar impuestos durante décadas, de forma que se une el uso de las bases imponibles negativas de una crisis con la crisis siguiente. Lógicamente, esto tiene que ser corregido, porque además a este juego fiscal solamente tienen acceso los grandes grupos empresariales. Las pymes de nuestro país pagan religiosamente impuestos y, por lo tanto, lo que es fundamental es que también las grandes empresas colaboren en la fiscalidad.

Madrid es un paraíso fiscal para algunos. Defiendo la necesidad de un mínimo no bonificable en el impuesto de patrimonio

P. ¿Pero plantean ese recargo a bancos y energéticas?

R. Está en nuestro acuerdo y se mantendrá.

P. Habla de una reforma fiscal progresiva, de los que más tienen, pero también están los que menos tienen. ¿Habría que bajar los impuestos a las clases medias?

R. En la propuesta fiscal que nosotros hicimos precisamente se planteaba esto. Es necesario abordar los privilegios fiscales que tienen las grandes empresas para eliminarlos y que de esta forma el impuesto de sociedades pueda recaudar más. Pero, al mismo tiempo, es necesario reducir el tipo de gravamen que tienen las pymes. Nosotros hemos planteado que este tipo de gravamen pase del 25 al 23 por ciento para precisamente facilitar una menor fiscalidad de las pymes en este momento.

P. ¿Y la renta? ¿Habría que tocar el IRPF de las clases medias y bajas?

R. No, el problema en este momento no está, desde luego, en la fiscalidad de las clases medias y bajas. El problema de nuestro país es que las clases más altas no están pagando en proporción a lo que debieran.

El problema es que las clases más altas no están pagando en proporción a lo que debieran

P. ¿El IVA lo tocarían ustedes?

R. El IVA es un impuesto regresivo, un impuesto que grava a las personas al margen de su nivel de renta. Y pensamos que, en este momento, no es necesario entrar en ninguna reforma del IVA.

P. ¿E incorporar algún tipo superreducido?

R. Desde luego hay algunas cuestiones clave que se deben abordar en este sentido. En primer lugar, es necesario reducir el IVA de los productos de higiene femenina, así como el veterinario.

P. ¿Acabar con la tasa rosa?

R. Efectivamente.

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P. Una cuestión comprometida con Bruselas son los peajes, el pago por uso de las carreteras. ¿Qué planteamiento tienen ustedes?

R. Demos tiempo a que las negociaciones sigan su curso. Esta tarea y este diálogo dentro del Gobierno ni siquiera ha comenzado.

P. Yolanda Díaz habló en el acto con Piketty de la fiscalidad de las socimis. ¿Qué tipo de gravamen deberían recibir estas sociedades?

R. Creo que es uno de los ejemplos de privilegios fiscales que tienen algunas grandes fortunas y algunos grandes patrimonios. Somos partidarios de, efectivamente, hacer que también estas entidades tributen como les corresponde.

P. ¿Qué planteamiento hace UP sobre los impuestos verdes y, especialmente, sobre la tributación del diésel?

R. No es el momento de subir los impuestos al diésel. Sin embargo, los impuestos verdes deben de servir para propiciar y para ir avanzando poco a poco hacia una transición ecológica. En todo caso, quiero ser muy claro. Los impuestos verdes no se pueden poner en marcha mientras no se compense a los posibles perdedores de estos impuestos con rentas o con subvenciones que eviten subidas de impuestos para sectores que se puedan ver afectados.

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P. ¿Vencedores y vencidos?

R. La reforma fiscal tiene que ser equilibrada. Una reforma donde, fundamentalmente, nos acerquemos a los niveles de recaudación que tiene Europa y lo hagamos haciendo recaer la tributación sobre las rentas más altas y sobre los patrimonios más elevados.

P. ¿Cuánto dinero debería ingresar esta reforma fiscal para acercarnos a ese nivel de compromiso europeo?

R. Yo creo que deberíamos ser capaces de recortar en esta legislatura la brecha que tenemos con Europa del orden de 3-4 puntos del PIB. Estamos hablando de 40, 50.000 millones de euros. Otra prioridad para nosotros es acercar la tributación de las rentas del trabajo a las rentas del capital, una diferencia que en este momento es enorme.

P. ¿Y no temen que pueda haber una fuga de capitales hacia otros países? Portugal, por ejemplo.

R. Esto es algo que no vemos entre los países europeos de nuestro entorno. No sucede, no lo estamos viendo.

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P. ¿Habrá una negociación de reforma fiscal con sus socios de coalición?

R. 2022 es el año de la reforma fiscal. 2022 es el año que debe de permitir que la España que sube las pensiones, la España que incrementa el I+D, la España que refuerza su sanidad pública, sea también el país que converge fiscalmente con Europa. No podemos tener acceso al Estado del bienestar que queremos si no somos capaces de converger fiscalmente con Europa. Y eso entraña, lógicamente, una negociación con el socio donde llevaremos nuestra posición.

P. Estamos en un momento de legislatura donde se han aprobado los segundos PGE, pero ¿habría posibilidades de no volver a aprobar otros por circunstancias electorales? ¿Contemplan esa posibilidad? ¿Es urgente aprobar una reforma fiscal sin Presupuestos?

R. Vamos a ver. Es que para empezar, yo no contemplo la posibilidad de que no haya nuevos Presupuestos. Creo y confío en que los habrá. Pero al margen de esas nuevas cuentas, la reforma fiscal ha de adoptarse antes de las nuevas cuentas públicas.

P. ¿Qué les transmite Hacienda? ¿Qué calendario tiene María Jesús Montero?

R. Ahora se entrega el informe del comité de expertos y, por lo tanto, en febrero empezamos con la negociación. Yo confío en un acuerdo en la coalición en materia fiscal. Es un mandato, es un compromiso, un hito acordado en el Plan de Recuperación y, por tanto, tengo plena confianza en que este Gobierno va a ser capaz de cumplir con ese hito. Me parece que la reforma fiscal nos va a retratar a los socios de coalición y nos va a retratar como país. No podemos hablar de un Gobierno que quiere reducir las desigualdades, un Gobierno que quiere apostar por un reforzamiento de los derechos sociales en España y, al mismo tiempo, no abordar una reforma como es la tributaria pendiente desde hace décadas.

P. Reforma laboral. En primer lugar, ¿qué le parece la actitud que están teniendo los socios de coalición ante una reforma que ustedes han calificado de histórica?

R. Bueno, es que esta reforma laboral es, sin duda, un hito en el sentido de que es un cambio sustancial en las últimas reformas o, mejor dicho, las anteriores reformas que se han llevado a cabo desde la recuperación de la democracia. Han sido reformas que han erosionado derechos laborales. Esta es la primera que en los últimos 40 años amplía y refuerza los derechos laborales. Por tanto, creo que es un cambio en la brújula muy relevante y una oportunidad que no deberíamos perder.

P. ¿Y por qué sus socios prioritarios la consideran insuficiente?

R. Bueno, en este momento se está trabajando, se está negociando con los socios de la coalición de Gobierno. Yo confío y aspiro a que la reforma se apruebe de la mano de los socios de Gobierno. Y, además, Yolanda Díaz y su equipo han demostrado una capacidad negociadora muy relevante y confío en que finalmente se pueda aprobar.

P. ¿Convalidarla con Ciudadanos sería un fracaso para ustedes?

R. A mí me sorprendería que Cs la apoyase. Sinceramente me sorprendería porque desde luego esta reforma laboral está lejos de los planteamientos laborales que ha venido haciendo Cs en los últimos años. Recordemos que Cs planteaba que era necesario rebajar las indemnizaciones al despido en el contrato indefinido. Y esta reforma laboral precisamente plantea algo radicalmente distinto. Lo que plantea es la necesidad de prohibir los contratos por obra y servicio y transformar esos contratos en contratos indefinidos. En todo caso, yo creo que Cs también nos ha acostumbrado ya a cambios de guión muy repentinos y a una suerte de dinámica de veleta.

Confío y aspiro a que la reforma laboral se apruebe de la mano de los socios de Gobierno

P. Estos aspectos que menciona fueron lo que impidieron el acuerdo de coalición en la etapa de Albert Rivera.

R. Efectivamente. Es decir, las diferencias en materia laboral entre Cs y Unidas Podemos han sido notorios desde hace años. Me sorprendería que puedan llegar a aprobarla.

P. ¿Por qué no quieren oír ni hablar de la mochila austriaca?

R. Creo que la mochila austríaca era una propuesta que fundamentalmente pasaba por erosionar derechos adquiridos de los trabajadores. Esta reforma laboral, sin embargo, hace posible una vía para reducir el empleo temporal en nuestro país, para reducir la precariedad, reforzando los derechos laborales.

P. ¿Hay que subir ya el SMI?

R. En primer lugar, conviene recordar lo que se dijo sobre las subidas del escenario de los últimos años, que cortocircuitaban la capacidad de creación de empleo de nuestra economía. Pero hemos cerrado 2021 con una creación de empleo récord de 840.000 puestos de trabajo, que es una cifra que no se veía desde los años de la burbuja inmobiliaria, a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, esto demuestra que es posible garantizar la creación de empleo y al mismo tiempo hacerlo con empleo de calidad, reforzando los derechos y por lo tanto, nosotros pensamos que esta dinámica debe de proseguir en la senda marcada por el comité de expertos, que plantea una senda de crecimiento que permite que el salario mínimo interprofesional en 2022 pueda alcanzar los 1.000 euros.

P. ¿El Gobierno tiene que ser ambicioso este 2022?

R. Sin duda, yo creo que, ya que estamos instalando la recuperación, es el momento de que esta recuperación se acompañe del reforzamiento de los derechos sociales y de los derechos laborales.

P. ¿Y temen que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, bloquee una posible subida del SMI?

R. Estoy convencido de que veremos una subida del salario mínimo a los 1.000 euros en 2022.

P. Seguimos inmersos en una crisis energética y, posiblemente, el conflicto con Rusia prolongue esta situación. ¿Cuáles son sus recetas para mejorar a medio y largo plazo el problema energético en España?

R. El Gobierno ya adoptó medidas muy importantes a finales del año pasado para evitar que el impacto de la subida de precios en el mercado mayorista afectase a los hogares y afectase a las empresas del país. Y, desde luego, pensamos que estas medidas deben de mantenerse durante este año. Pero, además, yo creo que la evolución de precios nos está demostrando que el principal determinante de esta inflación viene asociado a un mecanismo, yo diría, enormemente ineficiente, de fijación de precios en el mercado mayorista. Si queremos realmente atajar el problema de la inflación, si queremos proteger la capacidad adquisitiva de los hogares españoles, si queremos proteger la competitividad del tejido empresarial español, es necesario ir más allá y es necesario modificar la regulación del mecanismo de fijación de precios en el mercado eléctrico.

Estoy convencido de que veremos una subida del salario mínimo a los 1.000 euros en 2022

P. ¿Qué problemas plantea esa reforma?

R. Esa reforma está en el acuerdo de coalición y yo confío en que se podrá desarrollar en esta segunda mitad de la legislatura.

P. ¿Notan reticencias por parte de sus socios a iniciar esta reforma comprometida?

R. La realidad es que hasta la fecha no han dado ese paso.

P. ¿Y por qué plantean ustedes una empresa pública de energía cuando en otros países se ha demostrado no es la solución al problema?

R. Puede ser parte de la solución. Nunca hay varitas mágicas, nunca hay recetas milagrosas. Hay un mix de políticas públicas que ayudan y que permiten ir en la buena dirección. La creación de la empresa pública de energía sería una ayuda, sin duda, en ese sentido, que debería complementarse con una reforma del mercado.

P. ¿Y qué les dicen sus socios sobre esta empresa pública?

R. Creo que esto hay que preguntárselo al Partido Socialista.

P. Pensiones. ¿Qué les parece a ustedes la reforma que plantea José Luis Escrivá?

R. La reforma de pensiones ha supuesto un cambio de enfoque radical respecto del planteamiento que hizo durante la última década el PP, en lugar de proseguir con los recortes en el sistema de pensiones para asegurar la sostenibilidad financiera. La reforma que este Gobierno ha llevado al Congreso es una reforma en donde la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social se dan la mano y es posible garantizar la capacidad adquisitiva de los pensionistas gracias a que se incrementan los ingresos de la caja de la Seguridad Social. Pasamos de los recortes a la consolidación de derechos de los pensionistas

P. Y luego está el mecanismo de equidad intergeneracional.

R. Con el mecanismo de equidad intergeneracional hemos puesto punto y final a uno de los mayores recortes que amenazaba a las rentas, a las pensiones del futuro. Pensemos que si no hubiéramos derogado el factor de sostenibilidad del PP, las pensiones futuras de quienes hoy tienen 30 ó 40 años hubieran experimentado recortes superiores al 20 por ciento. Por lo tanto, era necesario derogar ese factor de sostenibilidad y sustituirlo por un mecanismo de equidad intergeneracional que garantice y va a garantizar mayores ingresos a la Seguridad Social durante los próximos años.

P. ¿Usted cree que la inflación es transitoria?

R. Todos los analistas internacionales y los distintos organismos lo plantean como algo transitorio. Y, efectivamente, seguramente lo va a ser. Pero yo creo que debemos adoptar aún así medidas para reducir esta inflación cuanto antes.

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P. ¿Qué medidas?

R. Desde mi punto de vista, la principal medida por la que hay que trabajar en este momento pasa por atender al principal factor explicativo de la inflación, que son los precios del mercado eléctrico. Es necesario poner sobre la mesa nuevas medidas que reduzcan los precios del mercado eléctrico, precisamente para evitar que los costes entren en el mecanismo de fijación de precios y repercutan sobre los balances de las empresas y sobre los hogares. Hemos planteado esta reforma a nuestros socios en varias ocasiones y la respuesta siempre es la misma.

P. ¿Cómo valora la situación del Ingreso Mínimo Vital? ¿Habría que introducir todavía mejoras para que llegue a un mayor número de personas?

R. Yo creo que el Ingreso Mínimo ha sido uno de los mayores pasos adelante que ha tenido nuestro Estado del Bienestar en las últimas décadas. En este momento está cubriendo a 340.000 hogares y 900.000 personas en nuestro país y constituye, sin duda, un importante avance en materia de protección social. Esto no quita para que, lógicamente, no deba de profundizarse y no deba de reforzarse esta prestación, como, de hecho, hemos hecho en el trámite parlamentario en los últimos meses.

P. ¿Les está pidiendo la Generalitat de Cataluña el traspaso de la gestión, como se está haciendo con País Vasco?

R. La idea se ha planteado en varias ocasiones y, efectivamente, la voluntad de gestionar directamente esto. Pero es algo que corresponde al ministro de Inclusión y Seguridad Social.

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I. Gil

P. ¿Confían en sacar adelante la Ley de Familias y la prestación por hijo a cargo?

R. La Ley de Familias es un compromiso con Bruselas. Es un compromiso que forma parte del Plan de Recuperación y, por lo tanto, deberá de aprobarse en 2022 porque así se ha pactado con la Comisión. Es una ley que tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, reconocer la diversidad familiar que existe en nuestro país. España ha cambiado, sus familias han cambiado, la legislación tiene que acompañar estos cambios. Y en segundo lugar, el segundo objetivo es reforzar la protección de estas familias y mejorar las prestaciones que tienen las familias, precisamente en un momento y en un contexto en donde son muchos los jóvenes que necesitan apoyos, en particular apoyos a la crianza. Esperamos, desde luego, que sea posible su aprobación a lo largo de este año con la prestación incluida.

P. Otro asunto paralelo a la Ley de Familias es la intención de su Ministerio de incrementar los permisos de maternidad y paternidad a seis meses. ¿Ve posible hacer esto en esta legislatura?

R. Bueno, esta propuesta forma parte de la Ley de Familias y yo confío en que será posible finalmente su aprobación.

P. ¿Es un problema de coste o político?

R. Yo no veo un problema en que podamos avanzar hacia una equiparación hacia unos permisos de seis meses.

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Fernando H. Valls

P. ¿Creen que el reparto de los fondos europeos se está haciendo bien?

R. Los fondos europeos suponen una oportunidad única para nuestro país en un momento muy difícil. La negociación con Bruselas terminó en el verano de 2021 y a partir de ahí se ha iniciado una ejecución que solamente ha tenido la mitad del año para llevarse a cabo y que, aún así, ha avanzado con bastante rapidez. Yo soy relativamente optimista respecto de la capacidad que están teniendo estos fondos de llegar ya al tejido productivo y al tejido empresarial. Y los datos nos demuestran que parte de la recuperación lógicamente obedece a la llegada de estos fondos al tejido empresarial. Y creo que además no solo sirven para afianzar la recuperación económica y la creación de empleo, sino que sientan las bases de un nuevo proyecto de país con cambios sustanciales en su tejido productivo, mejora de la I+D, avance de la transición energética y de la ley de la transición ecológica. Creo que van a permitir, en definitiva, dar un salto adelante en la modernización de nuestro tejido empresarial.

P. En sus conversaciones con la Comisión, ¿les transmiten dudas sobre los fondos europeos?

R. Desde luego nos transmiten tranquilidad. La crítica del PP está resultando ridícula. No tiene sentido. Tenemos un PP secuestrado por Vox en un momento clave para nuestro país, como es este, donde todos deberíamos estar remando en la dirección de que la ejecución de estos fondos europeos sea lo más rápida posible. Pero el PP pone palos en las ruedas y dificulta esta ejecución. Pondré el ejemplo del Ministerio de Derechos Sociales. Nosotros hemos ejecutado en 2021 el 99 por ciento de los fondos europeos que teníamos y lo hemos hecho con un criterio de reparto completamente objetivo, en el que han participado todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP. Yo creo que la crítica que está haciendo Pablo Casado sencillamente resulta infantil y ridícula.

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Iván Gil

P. Usted gestiona la partida de dependencia. ¿Veremos mayor inversión en lo que queda de legislatura?

R. Al final de la legislatura veremos, yo diría, un cambio sustancial en el sistema de atención a la dependencia en nuestro país. Vamos a asistir a un proceso de cuatro años en donde se va a desplegar un plan de choque enormemente ambicioso. En dos años hemos duplicado la financiación de la Administración General del Estado al sistema de dependencia y esto está permitiendo ya avanzar en una reducción sustantiva de las listas de espera y un reforzamiento de la calidad de los servicios que se prestan en el sistema de atención a la dependencia. Y desde luego, esperamos poder consolidar esta tendencia en la segunda mitad de la legislatura.

P. Y sobre vivienda, ¿el Gobierno va a mantener el martes el compromiso fijado en el anteproyecto de ley?

R. Sin duda esta ley de vivienda no solo supone un avance muy relevante en la consolidación de un derecho, como es el derecho a la vivienda que estaba ausente en nuestra legislación, sino que además se ha desarrollado desde un respeto escrupuloso al reparto de competencias con las comunidades autónomas. Esta ley de vivienda pone un menú a disposición de las CCAA para que utilicen instrumentos de políticas públicas para reducir los precios del alquiler, pero no obliga a hacerlo y, por lo tanto, el reparto competencial es muy claro, es escrupuloso y en todo caso es un paso adelante enorme en la medida en que ayuda a consolidar este derecho a la vivienda.

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P. ¿Qué opina de las conclusiones del CGPJ?

R. Insisto, la ley creo que es jurídicamente muy sólida y muy respetuosa con el reparto competencial que hay en nuestro país. Nadie entiende que haya instancias, en todo caso, que frenen una ley tan, tan necesaria como ésta, con un problema de acceso a la vivienda como tiene España en este momento.

P. ¿Temen una batería de demandas en los tribunales por parte de los grandes fondos de inversión que frene la ley?

R. Yo creo, insisto, que esta ley de vivienda tiene una solvencia jurídica enormemente sólida y que sus efectos los podremos ir viendo a lo largo de los próximos años, porque confío en que se llegará a aplicar.

P. ¿Están de acuerdo con la ‘vacatio legis’ de 18 meses para la regulación de los alquileres?

R. Nos hubiera gustado que hubiera sido, desde luego, menor, pero una negociación con el socio de coalición a veces implica este tipo de decisiones.

P. ¿Van a pelear por rebajarla en el trámite parlamentario?

R. Escucharemos a los grupos parlamentarios y hablaremos con ellos.