El plan de Podemos para las pensiones subiría la presión fiscal a sueldos de 2.400 € al mes

Solo hay dos fórmulas para conseguir que las pensiones sean sostenibles: elevar la recaudación o recortar las prestaciones. La Comisión Europea exige a España que elija alguno de los dos caminos, o una mezcla de ambos, ya que con unos ingresos públicos del 39% del PIB y unos gastos del 42% España no podrá asumir cinco puntos más de gasto en pensiones. Es sencillamente insostenible. Bruselas lleva años pidiendo a España que corrija este desequilibrio y ahora su resolución está vinculada al reparto de los fondos europeos, por lo que la urgencia se ha multiplicado.

El Gobierno lleva meses negociando, de forma interna, la reforma a presentar a Bruselas, pero los dos socios de coalición no han conseguido concretar una postura común. Y los ministros no han dudado en airear las discrepancias. El ala socialista propone moderar el gasto en pensiones por la vía de ajustar la contributividad. Estas palabras, que suenan muy rimbombantes, lo que significan es que se amplíen los años para el cálculo de la pensión, de modo que se utilicen los primeros años de la trayectoria profesional de los trabajadores, que es cuando tienen peores salarios. De esta forma, las futuras pensiones serían más bajas y así se contendría el incremento del gasto.

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Para Podemos la vía de contener el gasto en pensiones es intolerable y su propuesta pasa por elevar la presión fiscal sobre las rentas altas. La vía elegida por la formación sería el destope de las cotizaciones sociales, una idea que lleva años en su programa electoral. Actualmente, cuando un trabajador tiene un salario superior a 4.070 euros brutos al mes (en 12 pagas), cualquier euro que supere esa cuantía está exento de cotización social; esto es, unos 49.000 euros brutos al año. Tanto en el tramo de la empresa como del trabajador. Esto significa que existe una masa salarial de unos 26.000 millones de euros exentos de cotizar. Eso sí, como los trabajadores no cotizan por esa parte del salario tampoco se contabiliza para percibir la pensión futura.

La propuesta de Podemos es precisamente quitar ese tope de cotización para que esos salarios 'pasen por caja'. Pero ¿de qué salarios estamos hablando? El dato de 4.070 euros brutos al mes en 12 pagas puede ser confuso para muchos trabajadores que lo que conocen bien es su salario neto al final de mes. Pues, en términos netos, un destope de las cotizaciones supondría elevar la presión fiscal para salarios netos a partir de los 2.400 euros al mes.

Esta cifra es orientativa, ya que las retenciones del IRPF varían en función de las circunstancias de cada contribuyente y de la comunidad en la que viva. Por ejemplo, Cataluña tiene los tipos nominales más altos de España y Madrid los más bajos, de modo que el salario neto sobre el mismo bruto oscilará hasta en 4,5 puntos. También el contribuyente tiene particularidades, porque existen beneficios fiscales en función del estado civil, la paternidad, la compra de vivienda, gastos deducibles, etc.

Esto significa que los casos en los que los contribuyentes tengan deducciones la subida de cotizaciones se aplicaría para salarios netos algo superiores a 2.400 euros, y en los casos de las comunidades con tipos efectivos más elevados el incremento afectaría a salarios netos inferiores a esta cuantía.

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En total, esta medida afectaría a 1,2 millones de trabajadores, en torno al 7% de los asalariados. El impacto sería progresivo, ya que los que están más cerca de ese umbral de los 49.000 euros brutos al año apenas verían incrementada su presión fiscal, y esta sería creciente a medida que aumenta el salario. Por cada euro extra sujeto a cotización el trabajador sufriría una retención en su nómina del 6% por toda la tipología de cotizaciones, y la empresa del 30%.

El destope total de las cotizaciones sociales permitiría elevar la recaudación en unos 7.000 millones de euros. Una cuantía muy relevante si se tiene en cuenta que el déficit del sistema de pensiones, tras el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social a los presupuestos del Estado, se situará en el entorno de los 10.000 millones. De esta forma, España podría afrontar el proceso de jubilación de la generación del 'baby boom', que es inminente, con una situación más saneada en la Seguridad Social. ¿Quién soportaría este gasto?

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Paradójicamente, una cuantía elevada de estos 7.000 millones de euros saldría directamente de las arcas de la Agencia Tributaria. Hay varios motivos que lo explican. El primero es que en el sector público hay un porcentaje alto de trabajadores que superan la base máxima de cotización, por ejemplo entre los sanitarios. Como la mayor parte de la cotización social recae sobre el empleador, serían las administraciones públicas quienes soportarían este gasto. Además, el aumento del pago de cotizaciones es un gasto deducible en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, de modo que una parte del dinero saldría directamente de Hacienda y de las CCAA.

En cuanto al tejido productivo privado, la medida afectaría gravemente a sectores servicios muy regulados, que tienen los salarios más elevados. Se trataría de la banca, energéticas, empresas de suministro de agua o de telecomunicaciones. Pero también estarían afectadas otras empresas de servicios de alto valor añadido, desde despachos de abogados hasta consultoras, empresas de información y comunicaciones, etc. Se trataría de un importante encarecimiento de los costes laborales en sectores por los que España quiere apostar en las próximas décadas para salir del modelo actual de servicios de bajo valor añadido (hostelería, comercio y transportes).

Por un periodismo responsable

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