El atasco del plan de recuperación azuza el miedo a otra ocasión perdida para España

Más de 100 planes de inversión, con una veintena de programas tractores y también un centenar de reformas, con más de 400 hitos comprometidos para acceder a cerca de 70.000 millones de euros en transferencias desde Europa (que podrían ampliarse en otros 70.000 millones en forma de créditos), que tienen la misión de ayudar a transformar la economía española a largo plazo. Estas son las grandes cifras que rodean el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre el que España apoya gran parte de sus expectativas de salida de la crisis del coronavirus.

“Este es el plan económico más ambicioso y trascendental de la historia reciente de España”, afirmó el día de su presentación el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Y con el ánimo de no desperdiciar ni un segundo, el Ejecutivo nacional se comprometió a desplegar ya a lo largo de 2021 unos 27.000 millones de euros, incluso adelantando los fondos que luego habría de cubrir Bruselas. “El objetivo es lograr que los recursos públicos lleguen cuanto antes a la economía real”, se argumentaba en el documento en que se plasmaba el plan.

Sin embargo, a poco más de un mes para que finalice el año, estos propósitos parecen muy lejanos y la situación empieza a exasperar a un creciente número de empresas. Según estimaciones realizadas por Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, hasta la semana pasada las convocatorias de proyectos de inversión cerradas o aprobadas ni siquiera alcanzaban los 850 millones de euros, una cifra que engorda hasta los 5.700 millones de euros si se contabilizan también las que están en curso. Es decir, el Gobierno apenas habría empezado a movilizar poco más del 20% de los fondos comprometidos para este año.

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“Sin duda, el retraso refleja todo tipo de cuellos de botella, tal la falta de personal para formular convocatorias y verificar la validez de los proyectos, o el carácter farragoso de algunos de los procedimientos. También se evidencia la necesidad de una entidad autónoma de seguimiento del plan”, observaba Torres en un artículo publicado en la web de Funcas.

En medio de esta situación, esta misma semana el diario ‘El País’ daba a conocer un documento interno del gigante aeronáutico Airbus —participado por el Gobierno, con un 4,12%— en el que lamentaba la lentitud y descoordinación del Ejecutivo a la hora de poner en marcha un Perte (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) del sector aeroespacial, que actualmente figura como “en estudio”, según la web oficial del plan de recuperación.

Pero las dificultades no se limitan, ni mucho menos, a una industria específica. También esta semana se conoció que el gigante energético Enel, matriz de Endesa, ha reducido hasta en 1.000 millones de euros las inversiones previstas en España hasta 2023, lo que se explicaría, en gran medida, por la falta de visibilidad sobre cómo y cuándo se desplegarán los fondos europeos. Las políticas de transición energética son uno de los principales ejes vertebradores del plan de transformación y su rápido desarrollo se considera clave para limitar la vulnerabilidad de España a crisis energéticas como la que se está viviendo en los últimos meses.

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También el Perte del vehículo eléctrico, el primero aprobado en Consejo de Ministros ya el pasado mes de julio, continúa sin ponerse en marcha, mientras se perfilan sus detalles. Sus reglas concretas aún no han sido publicadas y no se espera que sea hasta mediados del próximo año cuando se conozcan las empresas que formarán parte del mismo. Precisamente, las dificultades técnicas en la definición de este proyecto son señaladas como una de las claves del atasco que está afectando al resto de Perte.

Poner en marcha con premura estas inversiones, en un momento de dificultad como el que atraviesa la economía española, que viene protagonizando una recuperación renqueante tras el mazazo del coronavirus, resulta un objetivo deseable. Máxime ante la evidente desaceleración de los últimos meses. El despliegue de las inversiones del plan ofrecería visibilidad a los sectores implicados, ejercería de motor del gasto de capital empresarial y contribuiría a dar tracción a la actividad económica.

Pero la magnitud de lo que está en juego puede justificar que el Ejecutivo priorice la correcta definición de los objetivos antes que la celeridad. Sin embargo, algunos expertos temen que más que un exceso de celo para la mejor especificación de los proyectos, lo que podría estar quedando patente una vez más son las dificultades de la Administración pública española para lidiar con una tarea de esta magnitud. De hecho, en su artículo, Raymond Torres enlaza los retrasos en la ejecución de los proyectos del plan de recuperación con los problemas que ha habido también para desplegar las ayudas de los planes de apoyo a empresas en dificultades o para repartir en tiempo y forma los fondos correspondientes al ingreso mínimo vital entre sus beneficiarios.

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Un informe reciente de la agencia Fitch cifraba en hasta 4,6 puntos porcentuales la aportación que el plan podría tener sobre el crecimiento económico de España hasta 2026 y en 0,2 puntos porcentuales el incremento del potencial de crecimiento anual.

“En el lado negativo, sigue existiendo la posibilidad de que los receptores no puedan absorber todos los fondos aprobados y canalizarlos de manera eficaz hacia proyectos y reformas que mejoren el crecimiento”, advertían, no obstante, los analistas de Fitch, recordando que tanto Italia como España —los dos mayores beneficiarios del fondo— se han mostrado en los últimos años poco ágiles para desplegar los fondos que les correspondían del Fondo Europeo de Inversiones Estructurales.

Idénticas prevenciones hacían los analistas de Moody’s en un informe publicado hace pocas semanas. De hecho, la agencia reconocía no contemplar ningún efecto a largo plazo de las inversiones del fondo europeo de recuperación (denominado Next Generation EU) por las probables dificultades que, considera, encontrará su implementación, especialmente en países como Italia y España.

“En primer lugar, es probable que las ineficiencias en la Administración pública limiten la capacidad de los gobiernos para absorber cantidades muy grandes en un periodo de tiempo tan corto y para utilizar estos fondos de manera eficaz para implementar reformas estructurales. En segundo lugar, creemos que será difícil para los gobiernos mantener el impulso político en torno a las reformas económicas estructurales, especialmente porque algunos de los propuestos (como la reforma fiscal en Italia) han sido activamente rechazados por los parlamentarios. También es probable que la Comisión Europea tenga dificultades para hacer cumplir los compromisos para cumplir con las reformas”, argumentaba la agencia de calificación.

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Precisamente, todo lo concerniente a las reformas estructurales es una de las cuestiones que más dudas han generado sobre la capacidad de España de aprovechar los fondos europeos para impulsar su crecimiento a largo plazo. La escasa voluntad política y la ausencia de consensos —agudizada por la elevada fragmentación parlamentaria— para abordar transformaciones contundentes como las que se demandan en áreas como el sistema de pensiones o el mercado laboral amenazan con suponer un lastre definitivo a cualquier pretensión de aprovechar el plan para salvar las más profundas ineficiencias que arrastra desde hace varios lustros la economía nacional.

El reciente acuerdo anunciado por el Gobierno con los sindicatos para reemplazar el factor de sostenibilidad introducido en la anterior reforma del sistema de pensiones por una subida de las cotizaciones sociales no ha hecho sino avivar estos recelos. Además, expone el país al riesgo de que se frenen las transferencias de los fondos si desde Bruselas se entiende que no se está cumpliendo con los compromisos adquiridos.

En cierto modo, los papeles se han invertido. España, que tras la anterior crisis fue señalada con frecuencia como un ejemplo, por la respuesta desplegada a través de distintas medidas estructurales, es vista hoy con un recelo incluso superior al que genera Italia. De hecho, el plan implementado por el Ejecutivo que dirige Mario Draghi ha recibido más parabienes por su mayor ambición, su mejor definición y el mayor grado de respaldo parlamentario obtenido 'a priori'.

“España impresionó hace una década con la forma en que se reestructuraron sus bancos. Sin embargo, eso fue hace una década y hace una crisis. Italia ahora ha ganado velocidad con Draghi y el plan de reforma nacional es más concreto en lo que respecta a hitos”, señalaba recientemente Adrian Schout, investigador principal del Instituto Holandés de Relaciones Internacionales, en declaraciones a ‘Financial Times’.

En cualquier caso, el del fondo de recuperación es un proyecto de enorme potencial, que se encuentra aún en sus etapas iniciales y cuyos resultados solo podrán juzgarse a medio y largo plazo. Pero a medida que transcurre el tiempo para España se hacen mucho más patentes los desafíos que pueden convertir esta en otra gran oportunidad desaprovechada.