Un nuevo agravio intergeneracional en la reforma de las pensiones

El lío de las pensiones sigue dando vueltas por las mesas de los principales líderes de la política económica española en busca de una solución a la que se presenta desde hace años con la gran piedra de toque de la estabilidad financiera del país.

En esta ocasión y tras una sucesión de propuestas y contrapropuestas, sugerencias y globos sondas, el Gobierno, encabezado en esta materia por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pergeñado ahora un remedio basado en el incremento de las cotizaciones sociales, con el que pretende recaudar hasta 50.000 millones de euros a lo largo de una década y que ha recibido el visto bueno de los sindicatos (no así de la patronal). El objetivo sería asegurar con estos fondos los recursos necesarios para sufragar el incremento esperado del gasto en pensiones en los próximos lustros sin tener que recurrir a las distintas fórmulas de ajuste planteadas en los últimos años (desde el retraso de la edad de jubilación al incremento del periodo de cálculo, pasando por la desindexación de los pagos a la inflación).

Para quienes llevan años alertando sobre la necesidad de abordar este problema, el acuerdo encierra una lectura positiva. Y es que, tras años en el que todas las medidas en este ámbito han ido a engordar el problema, mediante el incremento de los gastos, el plan presentado por Escrivá supone, al menos, un intento de atajar el problema elevando los recursos del sistema.

Los expertos prevén que la medida apenas aporte 2.000 millones más al año

Se trata, sin embargo, de un plan que en sus números se muestra escasamente ambicioso. No solo porque existan evidentes dudas sobre la capacidad de generar mediante este incremento de las cotizaciones los ingresos estimados por el Gobierno (los expertos hablan de cifras más cercanas a los 2.000 millones anuales), sino porque, incluso aunque se hicieran efectivos los pronósticos del Ejecutivo, las cantidades a recaudar ni siquiera supondrían un tercio de los casi 16.800 millones de euros de déficit que generó la Seguridad Social en 2019, antes del impacto de la pandemia. Unos números que difícilmente servirán para convencer a Bruselas de que el agujero de las pensiones está suficientemente encauzado.

Pero, al margen de las cifras, penden de la solución implementada por el Ejecutivo una serie de cuestiones que refuerzan las dudas sobre la senda tomada por Escrivá y su equipo. En primer lugar, porque la del incremento de las cotizaciones resulta una vía que tiene poco de imaginativa y que, no ha sido planteada con mayor asiduidad e intensidad en el pasado ha sido, precisamente, porque es una fórmula que tiene inevitables consecuencias en el mercado de trabajo (con independencia de que el margen existente sea mayor o menor, como plantean el Gobierno y los empresarios, respectivamente), lo cual nunca podrá verse como una solución ideal en un mercado con tantas dificultades para crear puestos de empleo como el español.

El de las pensiones es un debate inevitablemente ligado a factores demográficos, que inciden decisivamente sobre su sostenibilidad. Reducida natalidad e incremento de la esperanza de vida representan hoy un cóctel explosivo para el sistema español de pensiones, que se prepara para asumir durante los próximos años la masiva incorporación de beneficiarios, a medida que la generación del ‘baby boom’ alcanza la edad de jubilación. Son esas circunstancias las que han favorecido que por momentos el debate haya tomado un cierto cariz de guerra entre generaciones que es preciso evitar. Es obvio que no se puede culpar a quien hoy alcanza la jubilación de haber nacido en un periodo de elevada natalidad como tampoco lo son los nacidos en las décadas más recientes de las bajas tasas de reproducción actuales (ni de encontrarse con un mercado laboral caracterizado por la precariedad), que brindan limitados reemplazos en la masa laboral que debe soportar el sistema.

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Pero, a medida que el Gobierno (los distintos gobiernos) insiste en esquivar las soluciones más controvertidas a nivel social, por motivaciones que difícilmente se pueden tachar de otra cosa que de electoralistas, no hace sino agravar esa sensación de agravio intergeneracional, al cargar nuevamente el peso de los remedios sobre las generaciones más jóvenes (aunque la mayor parte del incremento sobre las cotizaciones se cargue sobre las empresas es inevitable que acabe penalizando a los trabajadores), que ven, además, cómo este esfuerzo adicional no sirve para contener un agujero que pone en cuestión la viabilidad de sus futuras pensiones.

“Llega un momento en que la realidad se impone. Y, si no se abordan hoy las medidas necesarias para contener el problema, corres el riesgo que te las acaben imponiendo de forma más dolorosa”, advierte Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, quien recuerda casos como el de Grecia durante la pasada crisis de la deuda.

No deja de resultar paradójico que el Gobierno haya presentado esta nueva reforma bajo el título de “mecanismo de equidad intergeneracional” cuando precisamente esa equidad se presenta como el gran debe de una reforma que también peca por insuficiente y por su falta de imaginación y audacia.