España deberá demostrar la equidad intergeneracional de la reforma de pensiones
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clave para recibir casi 11.500 M

España deberá demostrar la equidad intergeneracional de la reforma de pensiones

Bruselas pide al Gobierno garantías de que la reforma de pensiones repartirá cargas entre generaciones y, tal y como ya se reveló en junio, pedirá ampliar el periodo para computarlas

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/José Manuel Vidal)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/José Manuel Vidal)

La Comisión Europea pedirá al Gobierno que entregue a finales de 2022 un análisis de impacto que “pruebe” que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad como parte de la reforma laboral que el Ejecutivo debe ejecutar en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, efectivamente garantiza dicha equidad. El documento también obliga al Gobierno a alargar el periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación. Este plan establece las reformas e inversiones que España debe acometer para tener acceso a un máximo de 140.000 millones de euros en los próximos años.

El Gobierno deberá completar la reforma de las pensiones a finales de 2022 y este documento será clave para que reciba el pago de casi 11.500 millones de euros en el primer trimestre del año 2023. La cuestión intergeneracional en el futuro de las pensiones ha sido una de las principales preocupaciones de la Comisión Europea a lo largo de los últimos años y por eso el Gobierno la ha incluido en su reforma de las pensiones. “Entrada en vigor legislación de sustitución del factor de sostenibilidad actual que vincula las pensiones a la esperanza de vida con un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria ajustándose a los cambios demográficos”, reza el objetivo que España debe cumplir a finales del próximo curso. Lo que pide Bruselas es que lo demuestre con un estudio de impacto.

El documento revelado hoy por el Gobierno de España y la Comisión Europea vuelve a incidir, tal y como fue reflejado también en el documento publicado en junio, que uno de los hitos para dar por cumplida una de las reformas clave del sistema de pensiones será la "entrada en vigor de legislación [...] alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". Se trata de la reforma número dos, titulada: "Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal, adaptación del periodo de cálculo para el cálculo de la pensión de jubilación para nuevas carreras y reemplazo del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional".

Foto: Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez y José Luis Escrivá. (EFE/J.J. Guillén)

A finales de febrero de 2020, justo antes de que la llegada de la pandemia de coronavirus a Europa pusiera fin al tono duro de las recomendaciones de la Comisión Europea, Bruselas alertaba sobre los efectos de vincular las pensiones al IPC. “A falta de medidas compensatorias adecuadas, la medida aumentaría significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional”, señalaba. Unos meses después, ya en mayo, la Comisión alertaba de que “el gasto en protección social sigue estando altamente orientado hacia las personas mayores, y el nivel de gasto en pensiones aumentará significativamente a mediano y largo plazo, en caso de que las desviaciones anunciadas de la reforma de pensiones de 2013 se hagan permanentes y no se tomen medidas compensatorias adecuadas”.

Los detalles de los requisitos que deberá cumplir el Gobierno para recibir los desembolsos han sido publicados este miércoles, días después de que el Ejecutivo comunitario y el español firmaran el acuerdo operativo en el que se establecen todos los detalles para el despliegue del plan español y la comprobación por parte de las autoridades comunitarias de que se están cumpliendo los distintos objetivos e hitos que justifican los desembolsos.

Foto: Un hombre pasea a su perro. (EFE)

La Comisión Europea vincula normalmente el impacto fiscal de la vinculación de las pensiones con el IPC con la cuestión intergeneracional. El acuerdo en el Pacto de Toledo blindó que la idea haya sido aceptada por Bruselas. Pero el Ejecutivo comunitario quiere que se siga el impacto sobre las cuentas públicas de esa medida. Por eso, el análisis que el Gobierno tenga que entregar a finales de 2022 sobre cómo se garantizará la equidad intergeneracional de las pensiones no será el único que tenga que enviar a la capital comunitaria: tendrá que publicar también “proyecciones actualizadas que muestren cómo las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad fiscal a largo plazo, teniendo también en cuenta el impacto de otras reformas estructurales, como las reformas del mercado laboral”.

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