El repunte del IPC obligará a la Seguridad Social a pagar 2.000 millones a los pensionistas

Al inicio del año nadie esperaba un repunte de la inflación. La situación económica estaba lejos de recuperarse, con un gran excedente de capacidad productiva, y la salida de la crisis era muy incierta. Además, en esos momentos la inflación era negativa, con una caída de precios de más de medio punto. Con estas cartas sobre la mesa, el Gobierno estimó un avance de los precios del 0,9% y, en consecuencia, subió en la misma cuantía las pensiones. La realidad ha desbordado las previsiones y a mitad del año ya está claro que la inflación del conjunto del ejercicio superará ampliamente ese 0,9%.

Esto obligará al Gobierno a aprobar una ‘paguilla’ compensatoria por la desviación de la inflación, que se abonará el próximo mes de enero, tal y como señaló el Gobierno en su último Programa de Estabilidad. Si se atiende a los datos recopilados hasta ahora y a las previsiones económicas, esta paga adicional tendrá un coste para la Seguridad Social de unos 2.000 millones de euros. Esta cuantía se consolidará de modo que la revalorización que se apruebe para el próximo año partirá sobre estos 2.000 millones de gasto adicional.

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La cifra exacta dependerá de la evolución de la inflación en la segunda mitad del año. Lo que está mostrando este repunte de la inflación es que es más persistente de lo que se esperaba inicialmente. El principal factor que explica este repunte es la energía, ya que el barril de petróleo cotiza un 80% por encima de los niveles de hace un año. Esto genera un ‘efecto dominó’ sobre diferentes componentes de la cesta de la compra, desde la electricidad hasta el transporte. El resultado es que el IPC volvió a situarse en el 2,7% en junio, niveles que casi no se han visto en la última década.

Aunque la mayoría de economistas coinciden en señalar que este fenómeno inflacionista es temporal, los factores que lo explican no se han disipado. El precio del crudo se ha tomado un respiro en julio, pero sigue por encima de los 70 dólares. Además, los problemas de oferta en algunos mercados se mantienen mientras la demanda está en plena remontada, lo que implica que muchas industrias tengan problemas para conseguir los bienes intermedios de su cadena de producción. Es el caso de semiconductores y algunas materias primas, que están generando cuellos de botella e incremento de costes.

En los últimos días ha surgido un factor adicional que viene a sustituir a la escalada del crudo: la caída del euro. La política expansiva del Banco Central Europeo, consolidada tras su cambio de estrategia, ha provocado una debilidad de la moneda común. El BCE pretende mantener los estímulos durante más tiempo, lo que implica que el equilibrio del euro será más bajo. El resultado ha sido una depreciación de la moneda común que supera el 3% desde los niveles de principios de junio. Con una divisa más débil, las importaciones se encarecerán, generando nuevas presiones inflacionistas.

Aunque todos estos factores podrían desaparecer en los próximos trimestres, todo apunta a que se mantendrán durante algunos meses más. Funcas estima que la inflación media de este año alcanzará el 2,5%, terminando el año en el 3,4%. BBVA Research es algo más prudente y anticipa una subida de precios del 2% de media anual y del 2,6% en diciembre. Con la mitad del año ya cumplido, el margen de caída sobre estos niveles ya es muy limitado.

Salvo hecatombe, la Seguridad Social tendrá que abonar una ‘paguilla’ compensatoria el próximo mes de enero. Si la inflación cierra el año en el 2,5% supondrá una desviación del IPC de 1,6 puntos respecto al previsto, de modo que la ‘paguilla’ tendrá un coste de unos 2.000 millones de euros (a razón de unos 130 millones de euros por cada décima de desviación).

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Este pico de la inflación en 2021 tendrá un efecto doblemente positivo para los pensionistas, ya que el dato de este año se utilizará para dos revalorizaciones, la de 2021 y la de 2022. El motivo es que para el próximo año ya entrará en vigor la reforma de pensiones acordada con los agentes sociales y que irá al Congreso en el próximo periodo de sesiones tras el verano.

Esa reforma supone la indexación de las pensiones “al IPC real”, entendido este como la inflación del año anterior. Este cambio de sistema implica que la inflación del año 2021 será la única que se utilice dos veces como referencia para la revalorización de las prestaciones. Por ejemplo, si la revisión de las pensiones hubiese entrado en vigor este año, la inflación utilizada dos veces sería la del año 2020, del -0,3%. La casualidad ha querido que el año de la reforma sea este 2021. Una casualidad que será muy rentable para los beneficiarios y costosa para las arcas de la Seguridad Social.