Las implicaciones del cálculo del IPC: la inflación de 2021 se usará en dos subidas de las pensiones

El INE modificará el próximo mes de enero la muestra que utiliza para calcular el precio de la electricidad una vez que los cambios del mercado han dejado obsoleta su cesta. Actualmente, realiza una medición que deja fuera más de la mitad de los contratos de electricidad que hay actualmente en España, y esta mitad es justo la más estable en precios, porque se trata de la tarifa libre. En concreto, el 60% de los contratos de electricidad actuales se regula por la tarifa libre, que fija precios de medio plazo y permite evitar la volatilidad del mercado regulado (el precio PVPC).

El INE está estudiando cómo elaborar una muestra que sea representativa del mercado de la energía en España para introducirla en su próxima revisión de la cesta de la compra, explica el instituto, pero hasta entonces seguirá utilizando el precio del mercado mayorista como la referencia para calcular la evolución de los precios. Este mercado es mucho más volátil, lo que implica que la evolución de los precios refleja grandes cambios, tanto al alza como a la baja, más elásticos que el precio real que pagan los españoles. En esta ocasión, en pleno ‘boom’ de la energía, el IPC previsiblemente estaría sobrestimando la subida de los precios al no tener en cuenta la estabilidad que aportan los contratos del mercado libre.

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Habitualmente, el precio de la electricidad tiene una incidencia menor sobre el IPC (apenas supone el 3% de la ponderación de la cesta de la compra), sin embargo, en esta situación de subida extrema de los precios, su influencia se ha disparado. En septiembre, último dato disponible, la electricidad supuso el 60% de toda la subida del IPC. En estos momentos, la composición de la muestra para el cálculo del precio de la electricidad es clave para determinar el IPC, y como este es uno de los indicadores más importantes que elabora el INE, tiene una gran repercusión en la economía.

El impacto más relevante es, sin duda, el de las pensiones. La subida anual está indexada al IPC, por lo que el cálculo de los precios determina cuánto se revalorizan las prestaciones anualmente. Pero, además, el ejercicio 2021 es particularmente importante porque el IPC de este año se utilizará dos veces para la subida de las pensiones, la de 2021 y la de 2022. Este año coincide el cambio del modelo de revalorización incluido en la reforma de las pensiones que se está tramitando en el Congreso.

Hasta ahora, la subida se ha realizado con la inflación del año en curso, se revalorizan con la expectativa de inflación al inicio del año y se compensa la posible desviación a la baja cuando acaba el ejercicio. Este año, por ejemplo, la Seguridad Social tendrá que abonar una paga compensatoria de 1.900 millones de euros. A partir de 2022, la revalorización se realizará con el dato de IPC del año anterior, de modo que se volverá a usar el dato de 2021.

Pero el IPC tiene otras muchas implicaciones. Por ejemplo, una buena parte de los convenios colectivos tiene cláusulas de revisión salarial indexadas al IPC. De esta forma, la subida de los precios se traslada a los salarios. No solo eso, la negociación colectiva entre empresas y trabajadores también tiene en cuenta la evolución del IPC para ajustar los precios. Lo mismo ocurre con las negociaciones entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos para fijar la subida de los salarios de los funcionarios y el resto de trabajadores públicos.

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El IPC también se utiliza como referencia en muchos contratos de alquiler para la revalorización anual. En este caso, unas décimas de desviación en el cálculo de la inflación tienen un impacto muy importante en el coste de la vivienda para los inquilinos de muchas ciudades donde los precios están disparados. Por ejemplo, para un alquiler de 1.000 euros al mes, muy común en Madrid o Barcelona, cada décima de desviación del IPC implica un gasto adicional de 120 euros al año.

En última instancia, la evolución de la inflación condiciona la evolución de la política monetaria, cuyo principal objetivo es garantizar la estabilidad de precios. En este caso la incidencia es menor, ya que España es uno de los 17 países del euro. Pero no deja de ser la cuarta economía del euro y, por tanto, uno de los países que vigila de cerca el Banco Central Europeo. Para España, la evolución futura de los tipos de interés será clave, ya que la abultada deuda pública implica que el gasto en intereses puede crecer rápidamente si el coste de las refinanciaciones aumenta en los próximos meses.