El repunte de la inflación cuesta ya más de 19.000 millones a familias y empresas

Los cálculos los ha hecho Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, y su conclusión es que el repunte de la inflación —un 4% interanual en septiembre— costará más de 19.000 millones de euros a los agentes económicos privados. Es decir, familias y empresas. Alrededor de 8.100 millones corresponden a los hogares y el resto a las sociedades no financieras. En este caso, porque el aumento de los costes reducirá su beneficio al no poder trasladarlos a sus clientes. Y si lo hacen, quienes perderán serán los hogares, con lo que el resultado es el mismo para el conjunto de la economía. Solo habría un cambio de rúbrica en la distribución de la renta total de la economía.

Los cálculos están hechos hasta el mes de agosto y, por lo tanto, no incluyen los repuntes de la inflación más recientes. La propia Funcas ha estimado que en noviembre, si no hay sorpresas, el IPC escalará hasta el 5%, aunque descenderá hasta el 2,9% si la inflación se mide en tasa media anual. En todo caso, un fuerte incremento respecto del -0,3% de 2020 o el 0,7% de 2019, antes de la pandemia, lo que da idea de cómo la presión de los precios se está comiendo tanto la renta disponible de las familias como los excedentes de las empresas. En particular, las que contratan con el Estado, que no pueden actualizar sus tarifas, ya que la ley de desindexación de la economía continúa en vigor. Y hay que tener en cuenta que la contratación pública supone aproximadamente el 20% del PIB.

También el Estado sufre porque tendrá que abonar, entre otras partidas, casi 2.000 millones de euros para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. La parte ‘positiva’ para Hacienda, y ‘negativa’ para el contribuyente, desde el lado de la recaudación, es que se produce una subida de impuestos en frío si no se deflacta la tarifa del IRPF, que tiene un carácter progresivo (se paga más si los ingresos son más elevados).

Poder de compra

En total, incluyendo a todos los agentes económicos, algo más de 21.000 millones de euros, lo que explica en parte que los organismos económicos internacionales hayan revisado a la baja las previsiones de crecimiento de España. El recorte que hizo Estadística de los datos del segundo trimestre ha hecho el resto.

Como sostiene el director de coyuntura de Funcas, el 'shock' de costes energéticos “merma la capacidad de compra de los hogares” a la vez que erosiona el valor real del exceso de ahorro generado durante la pandemia, y que se ha estimado en unos 85.000 millones de euros.

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Aplicando una inflación media anual del 3%, eso significa que la inflación se ha comido ya 2.550 millones de euros, ya que reduce el poder de compra del ahorro. También, como es obvio, de los salarios, que es la fuente principal de riqueza de las familias. BBVA Research ha estimado que con una inflación anual del 2%, en un plazo de 25 años, sin hacer ningún movimiento, se perdería el 40% del valor de una cartera de activos, lo que refleja la importancia de la inflación en términos económicos.

La remuneración total de los asalariados ascendió el año pasado a algo más de 546.100 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que significa que por cada punto que suba la inflación, siempre que no se revisen las nóminas al alza, la pérdida de poder adquisitivo será de unos 5.400 millones. Y la realidad es que los salarios pactados en convenio no están, precisamente, incorporando los incrementos de inflación. Están subiendo un 1,4%, prácticamente la tercera parte de los que están aumentando los precios.

Subida encubierta de los impuestos

La subida de la inflación hasta niveles desconocidos desde 2008, cuando los precios del petróleo alcanzaron un récord de 140 dólares barril, tiene, además, otros efectos sobre la renta disponible de los hogares. En este caso, como se ha dicho, se trata de un incremento encubierto de los impuestos directos, ya que al tener carácter progresivo muchos asalariados verán como crece su presión fiscal.

Este es el caso del IRPF, cuyo tipo medio se incrementa en función de la cuantía de la base nominal. Por lo tanto, muchos contribuyentes verán como pasan de un tramo a otro sin que hayan ganado poder adquisitivo.

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La deflactación de la tarifa (para compensar ese efecto mediante un ajuste de las cifras nominales) estuvo en el centro del debate fiscal hace años, cuando la inflación era de dos dígitos, pero ahora no se tiene en cuenta. Entre otras razones, porque quién gana con lo que los hacendistas llaman subida de la presión fiscal en frío es Hacienda, ya que aumenta la recaudación. La otra vía de impacto tiene que ver con el número de contribuyentes que están obligados a presentar declaración de la renta.

En la actualidad, están exentos, además de otras consideraciones menores, quienes obtengan unos rendimientos del trabajo personal iguales o inferiores a 22.000 euros anuales, por lo que cualquier incremento de las nóminas para compensar la inflación obligaría a presentar declaración a quienes estuvieran cerca de ese nivel sin que hayan visto aumentar su poder adquisitivo.