La subida salarial de los nuevos convenios se estanca en el 1,5%, la mitad que la inflación

En medio de la batalla política por el salario mínimo interprofesional (SMI), ha pasado desapercibido el frenazo de los salarios de convenio en los dos últimos meses. Este parón se produce en un momento de escalada de los precios, con la factura de la luz y el gas disparada y el IPC registrando la mayor subida en una década. Según los registros del Ministerio de Trabajo, la subida salarial pactada en los convenios colectivos firmados este año hasta el mes de agosto se limita al 1,5%.

La variación salarial es la más baja desde los años en que España estuvo con tasas de inflación negativas, entre 2014 y 2016. Sin embargo, en esta ocasión los precios están subiendo más de un 3%, lo que implica una importante pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. En los convenios de empresa, la subida es inferior, del 0,99%, lo que implica una caída del salario real superior al 2%.

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En plena escalada de los precios, la subida salarial cada vez es más leve. Esto significa que están siendo los trabajadores quienes asumen la mayor parte de este aumento de los costes. Sin embargo, al mismo tiempo, esta ralentización de los salarios supone un 'cortafuegos' para la inflación, ya que se evita el círculo vicioso que generan los efectos de segunda ronda. Esto es, cuando los costes laborales de las empresas suben, estas tienden a trasladarlos a los precios, generando una espiral difícil de frenar. Los sindicatos están aceptando, en sus mesas de negociación, que la subida de la inflación es una situación coyuntural y, por tanto, están firmando subidas salariales moderadas muy inferiores al IPC.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló en la reunión de la entidad de la semana pasada que uno de los argumentos para mantener los estímulos es que la inflación todavía no está generando presiones inflacionistas sobre los salarios. España es el ejemplo paradigmático: mientras la inflación acelera, la retribución se estanca.

Este dato es también relevante para el debate sobre el salario mínimo. Trasladar al SMI la subida de los salarios de convenio implicaría un incremento de 14,25 euros, esto es, en la parte baja de la horquilla que está estudiando el Ministerio de Trabajo, que va desde los 12 hasta los 19 euros. Esta cifra está lejos de la subida del SMI que piden los sindicatos, de 25 euros, lo que supondría un alza del 2,6%.

El pinchazo

El parón de los salarios de convenio evidencia varios factores. El primero, que los trabajadores están asumiendo que la inflación será temporal y, por tanto, aceptan perder poder adquisitivo. Lo hacen, además, en una coyuntura económica que todavía está siendo delicada, en especial en sectores relacionados con el turismo y el ocio.

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Pero también es consecuencia del pinchazo de la negociación colectiva, que lleva una década perdiendo fuerza. La reforma laboral del año 2012 buscó incentivar los convenios de empresa, dándoles prevalencia sobre los sectoriales, sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de las empresas ha desestimado esta opción. Hasta agosto se han firmado apenas 300 convenios de empresa, lo que supone un descenso de casi un 40% respecto a los niveles previos a la pandemia. Esto significa que las empresas no están utilizando la herramienta que facilitó el Gobierno de Rajoy para adaptar sus condiciones laborales y salariales a la crisis.

El número de convenios de empresa registrados hasta agosto fue de poco más de 1.800, una cifra que es un 10% inferior a la de 2020, y eso a pesar de que el año de la pandemia provocó un brusco parón de la negociación colectiva. Y es, además, casi un 30% menos de los convenios existentes antes de la crisis financiera y la reforma laboral. Estos datos muestran cómo la negociación en el ámbito de empresa ha fracasado, ya que el grueso del tejido productivo prefiere utilizar el convenio sectorial, aunque sea más beneficioso para los trabajadores, y así evitar las tensiones que se generan durante la negociación.

Durante la crisis del coronavirus, las empresas prácticamente no han utilizado los mecanismos de flexibilidad que se introdujeron con la reforma laboral. Los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) han sido la herramienta que ha permitido a las empresas ajustar sus costes salariales durante la pandemia.

Por ejemplo, las inaplicaciones de convenios se han reducido al mínimo desde el inicio de la pandemia. En lo que va de año, se han presentado 400 descuelgues, lo que es menos de la mitad que los del año 2019. Las empresas tampoco han utilizado la vía del convenio colectivo propio para desvincularse de las condiciones sectoriales. Aunque los ERTE han distorsionado el comportamiento habitual de los empleadores durante una crisis, lo que muestran los datos de la negociación colectiva es que estas vías para elevar la flexibilidad han sido ampliamente ignoradas por las empresas.

Asistimos, por tanto, a una salida de la crisis en la que la negociación colectiva entre empresas y trabajadores ha optado por la prudencia. Es cierto que una parte del tejido productivo arrastra importantes pérdidas durante este año y medio de pandemia y ahora se está enfrentando al encarecimiento de los costes intermedios. La masa salarial, que ha ganado peso de forma importante en el PIB, está ahora en fase de retirada. Con esta revisión de salarios inferior al IPC y al crecimiento, lo que se anticipa es una recuperación del peso de los beneficios para que las empresas puedan pagar las deudas acumuladas y tengan recursos para invertir.