Altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de una desaladora y cargaron sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando contratos falsos, facturas simuladas e informes jurídicos fabricados
23.04.2018 · Actualizado a las 09:10
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