El Gobierno estudia un 'factor generacional' para repartir el coste de la reforma de pensiones
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Una reforma enviada a Bruselas

El Gobierno estudia un 'factor generacional' para repartir el coste de la reforma de pensiones

Da por superado el factor de sostenibilidad introducido en 2013, pero promete a Bruselas establecer un mecanismo de reparto intergeneracional que permita dar solidez a la futura norma

placeholder Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)

La reforma de las pensiones del año 2013 cargó el grueso del ajuste del sistema sobre los pensionistas, de modo que recortaba progresivamente su poder adquisitivo, que iba mermando a medida que envejecían. La reacción de este colectivo de nueve millones de personas fue iracunda y obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a derogarla. La futura reforma blindará la situación actual de los pensionistas con la protección del poder adquisitivo, pero estudia elementos para repartir el coste que supondrá asumir a los jubilados de la generación del ‘baby boom’ entre las diferentes generaciones de trabajadores.

Así se lo ha comunicado el Gobierno a Bruselas en la ficha de pensiones remitida esta semana. La intención es diseñar un “mecanismo de equidad intergeneracional” que evite que todo el coste de las pensiones recaiga sobre los jóvenes. Aunque la Seguridad Social no ha diseñado cómo será este instrumento, el objetivo es que recupere la filosofía del factor de sostenibilidad introducido en la reforma de las pensiones del año 2011, derogando definitivamente el del año 2013. El problema es que el factor de sostenibilidad de 2011 no está desarrollado, de modo que el Gobierno parte de cero.

Foto: La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)

Este futuro factor de sostenibilidad permitirá hacer una “revisión periódica” de los “parámetros fundamentales del sistema”, para así adecuar las prestaciones a “la evolución de la demografía y el equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”. Esta redacción ambigua de la futura norma concede amplio margen de negociación al ministerio con los agentes sociales y con otras formaciones políticas en uno de los puntos que pueden generar más polémica de la futura reforma.

Incorporará parámetros como la esperanza de vida o la relación cotizantes/pensionistas

El Gobierno sí anticipa que el nuevo factor de sostenibilidad tiene que incorporar parámetros como la esperanza de vida o el equilibrio cotizantes/pensionistas. Será, por tanto, un instrumento para reducir el gasto en pensiones y así evitar que el ajuste recaiga únicamente sobre los jóvenes. El factor de sostenibilidad del año 2011, igual que el de 2013, centraba el ajuste sobre los nuevos pensionistas y no en los que ya están cobrando una prestación. Además, su introducción estaba prevista para el año 2027, una vez que se culminara la introducción progresiva de todos los parámetros de la reforma.

El objetivo del Gobierno es lograr un cierto reparto de las cargas que soportarán los trabajadores durante las próximas décadas, tanto por la jubilación de la generación del ‘baby boom’ como por el aumento de la esperanza de vida. El factor de solidaridad intergeneracional puede ser una vía para ajustar las futuras pensiones al tiempo que se estará percibiendo una prestación, cada vez mayor por los avances en la longevidad.

Foto: Imagen de una oficina de empleo. (EFE)

Esta modificación del factor de sostenibilidad forma parte de la reforma de pensiones enviada por el Gobierno a Bruselas en el marco de la negociación para recibir la ayuda europea del fondo Next Generation EU. El resto de las propuestas está redactado también de una forma ambigua, evitando concreciones para intentar calmar la división interna en el seno del Consejo de Ministros y también las discrepancias con los sindicatos. La falta de concreción de las medidas contrasta con el detalle que reclama la Comisión Europea a los Estados, que tienen que remitir cada política, los objetivos perseguidos por la misma y la evidencia científica que demuestre su idoneidad.

Uno de los puntos más polémicos ha sido el relativo a la ampliación de los años de cotización que se usan para la base reguladora de las nuevas pensiones. En la propuesta de reformas enviada a Bruselas, el Gobierno ha omitido cualquier referencia al aumento a 35 años del periodo de cómputo, pero mantiene su voluntad de “adecuar las carreras de cotización a la realidad laboral”.

El Gobierno plantea “ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación”. El Gobierno introduce la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir los mejores años de cotización y también compensar las lagunas que hayan podido sufrir a lo largo de su carrera profesional. Sin embargo, la voluntad de ampliar el periodo de cómputo es indudable. “La medida pretende aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador”, señala.

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