La ficha fantasma sobre pensiones aflora la guerra entre Díaz y Escrivá

Si fuera una película de suspense, se podría llamar 'El misterio de la ficha sin autor'. Pero lo cierto es que existe, y hay pruebas documentales de ello. En la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) del pasado 11 de diciembre, donde se discuten los temas que, posteriormente, se deliberan y deciden en el Consejo de Ministros, se puso sobre la mesa una ficha —un documento que tiene carácter administrativo— en la que se planteaba la idea de aumentar de manera progresiva el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años.

Lo que no está tan claro, sin embargo, es la autoría del documento, que, como sostiene un miembro del Gobierno, tiene algo de “fantasma”. Es más. Ni siquiera hay constancia de por qué se llevó a la comisión delegada en aquel momento, cuando la propuesta no estaba todavía madura. Ni siquiera en el departamento afectado.

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El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho que la prolongación del periodo de cálculo no ha salido de su departamento, pero lo cierto es que la recomendación se discutió, aunque fuera de una manera somera, y parece poco probable que una decisión de tanta envergadura se haya deslizado sin su conocimiento. Lógicamente, salvo que la ficha que se pretendía remitir a Bruselas para su evaluación —previo paso por la comisión delegada— la elaborara otro departamento favorable a la prolongación del periodo de cálculo. De hecho, Nacho Álvarez (Vicepresidencia de Asuntos Sociales), Israel Arroyo (secretario de Estado de Seguridad Social) y Manuel de la Rocha (Presidencia) lo han discutido hasta en tres ocasiones, según fuentes de toda solvencia.

Lo que sí se sabe, como sostiene el titular de otro departamento, es que Escrivá no se siente cómodo con la propuesta planteada en esos términos, aunque su aplicación fuera progresiva, para diluir su impacto. Y no solo porque no es la más eficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. También porque corre el riesgo de arruinar el diálogo social y abrir un boquete en el Gobierno de coalición ante la conocida oposición de los ministros de Unidas Podemos. Hay que recordar que Yolanda Díaz era la portavoz de Unidas Podemos en la Comisión del Pacto de Toledo cuando en la anterior legislatura descarriló un acuerdo que estaba a punto de salir adelante por la oposición, precisamente, de UP.

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Pensiones sobre PIB

Pero la negativa de Escrivá también se justifica en que no encaja en sus propuestas para resolver el déficit estructural de la Seguridad Social. Lo que exige Bruselas no son tanto medidas concretas, ya que esto lo deja a la discrecionalidad de cada Estado, sino que el gasto en pensiones no supere un determinado umbral respecto del PIB en los próximos años, y en eso es en lo que está embarcado Escrivá. Entre otras razones, porque ya el anterior Gobierno del PP, según las fuentes, pactó la senda de reducción del peso de las pensiones sobre el PIB, que, como se ha dicho, es lo que verdaderamente preocupa en Bruselas. De ahí que lo que plantea Escrivá sea actuar sobre las jubilaciones anticipadas, la cotización de los autónomos o los llamados gastos impropios de la Seguridad Social para aumentar la eficiencia recaudatoria del sistema público de protección social.

Fuentes del propio Gobierno achacan la ceremonia de la confusión que se ha generado en torno al aumento del periodo de cálculo a que desde el propio Ejecutivo, y más en concreto, desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, con el respaldo de Pablo Iglesias, se ha querido poner la proa a la propuesta desde el primer minuto, lo que explica la filtración a la prensa e, incluso, que se publicaran cálculos sobre el recorte estimado que podría suponer en las futuras pensiones.

Aseguran que lo que está detrás es una “guerra total” entre la ministra de Trabajo, casi siempre respaldada por Iglesias, y Escrivá

Lo que es singular, sin embargo, como se reconoce desde el Ejecutivo, es que el propio Escrivá no estuviera convencido de una propuesta que, sin embargo, llegó a la comisión delegada y asumió la propia vicepresidenta Calviño, que es la responsable de enviar la documentación a Bruselas, aunque sea a modo de adelanto, lo que podría explicar la airada respuesta del ministro de la Seguridad Social a las preguntas de Carlos Alsina este miércoles en Onda Cero diciendo que él nunca había apoyado esa medida. Ni en público ni en privado. Calviño, apenas diez días después de la reunión de la Comisión Delegada, avaló en público la ampliación del periodo de cálculo, aunque matizó que Escrivá estudiaba excluir los años más negativos de la vida laboral.

Fuentes de toda solvencia, de hecho, aseguran que lo que está detrás es una “guerra total” entre la ministra de Trabajo, casi siempre respaldada por el vicepresidente Iglesias, y Escrivá, más cercano a la vicepresidenta Calviño en líneas generales, aunque no en este punto. Otros ministros de Unidas Podemos se muestran, sin embargo, en una posición intermedia en los continuos encontronazos entre Trabajo y Seguridad Social, aunque en este caso concreto se sitúan en contra de la propuesta de alargar el periodo de cálculo.

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Es en este contexto en el que hay que situar la ficha que llegó a la comisión delegada, que fue aprovechada por Iglesias y Díaz para “disparar” contra Escrivá, pese a que este no ha planteado la propuesta de manera formal en ningún foro. Ni oficial ni oficioso.

Documentación confidencial

La pregunta del millón, por lo tanto, es quién llevó esa ficha a la comisión delegada, pero también quién la ha filtrado a la prensa de manera expresa, cuando se trata de documentación confidencial. Y, lo que no es menos relevante, apenas unas horas después de la entrevista de Escrivá con Alsina, 'elDiario.es' publicó un pantallazo de la ficha misteriosa.

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En palabras de una fuente cercana al Ejecutivo, lo único que está claro es que el ministro de la Seguridad Social “se ha comido todo el coste político del desaguisado”, y lo que no es menos significativo, ha puesto de relieve sus desavenencias en el Consejo de Ministros con el tándem Iglesias-Díaz, que ya se puso de manifiesto a comienzos de la pandemia con ocasión de la creación del ingreso mínimo vital.

Unas discrepancias que se han amplificado por el hecho de que ambos ministerios, que hasta enero eran solo uno, comparten multitud de competencias que son difíciles de delimitar en términos administrativos y, por supuesto, políticos, dadas las diferentes procedencias de Díaz y Escrivá. Las pensiones son responsabilidad de Seguridad Social y las cotizaciones las pagan los trabajadores en activo, cuya competencia recae en el Departamento de Trabajo. Y, en medio, la inspección laboral.