La Fiscalía pide archivar las diligencias contra Begoña Gómez en solo 24 horas
El Ministerio Público, al que el magistrado no se dirigió antes de adoptar la decisión, reclama ahora rechazar la denuncia presentada por Manos Limpias
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación directa contra la decisión de un juzgado de Madrid de abrir diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para investigar sus relaciones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo de su marido. El procedimiento gira en torno a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El Ministerio Público, al que el magistrado no se dirigió antes de adoptar la decisión, reclama ahora la revocación del auto y el archivo, 24 horas después de conocerse la apertura del procedimiento.
El caso está en manos del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Plaza de Castilla, y responde a un recurso de Manos Limpias. Entre las primeras diligencias ordenadas por el juez, declaradas secretas, está la citación de varios testigos. Tras el recurso, la decisión queda en manos de la Audiencia Provincial, que tendrá que decidir ahora si avala que la investigación continúe o apoya su cierre exprés. La apertura de las diligencias ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abra un periodo de reflexión y se plantee dimitir.
Como desveló El Confidencial, el IE Africa Center de Begoña Gómez firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia. Además, la mujer del dirigente socialista se reunió en privado con el consejero delegado del holding turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía. En esas mismas fechas, Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario para hacer frente a las consecuencias del covid.
Finalmente, el Ejecutivo de Sánchez concedió a la aerolínea de la familia Hidalgo, Air Europa, una ayuda de 475 millones de euros. Ninguna otra compañía privada recibió tanto dinero del fondo de rescate de la SEPI. Sánchez participó en el Consejo de Ministros que autorizó la entrega del dinero.
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Además, Begoña Gómez firmó en julio de 2020 dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. El principal accionista de la UTE, el empresario y consultor Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.
La alianza apoyada por la mujer de Sánchez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del covid. La UTE no presentó en ninguno de los tres concursos la oferta más barata, pero logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva, y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.
La denuncia de Manos Limpias reclama al juzgado, al que correspondió el asunto por reparto, que cite a declarar como imputada a la mujer del presidente. También que se recaben las cartas de recomendación y los expedientes adjudicados a la UTE de Barrabés. En las últimas horas, desde el Gobierno y sus socios se ha criticado el sesgo de ultraderecha de la asociación denunciante, cuyo máximo dirigente, Miguel Bernad, fue condenado por extorsión y después absuelto por el Supremo.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación directa contra la decisión de un juzgado de Madrid de abrir diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para investigar sus relaciones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo de su marido. El procedimiento gira en torno a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El Ministerio Público, al que el magistrado no se dirigió antes de adoptar la decisión, reclama ahora la revocación del auto y el archivo, 24 horas después de conocerse la apertura del procedimiento.