La Oficina de Conflictos de Intereses que examinará a Sánchez: 10 sanciones contra altos cargos en una década

La Oficina de Conflictos de Intereses examinará las presuntas incompatibilidades de Pedro Sánchez en el rescate a Air Europa por los vínculos de la compañía aérea con su mujer, Begoña Gómez, desvelados por El Confidencial. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, analizará la situación tras la denuncia del PP, aunque este tipo de procedimientos no es muy habitual. Tanto que el ente apenas ha resuelto una decena de procedimientos sancionadores contra altos cargos del Estado en los últimos 10 años.

La oficina está operativa desde 2006 y supervisa los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Desde su nacimiento solo ha sido dirigida por una persona, Flor María López Laguna, que fue avalada en el cargo en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, en septiembre de 2018. El respaldo del Ejecutivo socialista despertó algunos recelos en la oposición, manifestados en diferentes comisiones parlamentarias, con la de duda de hasta qué punto iba a fiscalizar las posibles irregularidades si se diera el caso. Licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles, antes ejerció como subdirectora de Gestión del Régimen de Incompatibilidades.

López Laguna, que siempre reivindicó su "independencia", se pronunció en casos polémicos como el primer libro publicado por Sánchez, Manual de resistencia, o las presuntas incompatibilidades de los entonces ministros Pedro Duque e Isabel Celaá. La directora de la oficina respaldó las actividades de los miembros del Gobierno en todos los casos y negó cualquier anomalía, lo que provocó una cascada de críticas. Ciudadanos, de hecho, señaló en 2021 que el organismo solo veta un 2% de las solicitudes presentadas por altos cargos. El argumento de López Laguna es que ellos ya saben "qué se puede hacer y qué no".

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La misma problemática planea de nuevo tras la denuncia de los populares contra el presidente socialista. La Oficina de Conflictos de Intereses eleva cada año dos informes a las Cortes Generales, uno cada seis meses, donde detalla los procedimientos sancionadores incoados y resueltos referentes al ejercicio de los altos cargos de la Administración y sobre transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno.

Según los datos disponibles sobre el cumplimiento previsto en la ley, apenas ha habido sanciones por incompatibilidades o incumplimientos de los dirigentes de la Administración en el ejercicio de sus funciones. Entre 2014 y el último balance, de finales del año pasado, solo se han ejecutado 10 expedientes en ese sentido.

Competencias de la oficina

El ente está encargado de gestionar el régimen de incompatibilidades y los posibles conflictos de intereses, incluyendo el presidente del Gobierno. La oficina puede exigir que los altos cargos cumplan con las obligaciones establecidas en la ley y además tiene la labor de cooperar con los órganos de naturaleza análoga y gestionar los registros de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración.

También, según la legislación, que se cumplan la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que se incluyen, y gestionar los eventuales procedimientos de compatibilidad para desempeñar una segunda actividad en el sector público.

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El PP apunta a una supuesta irregularidad en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Air Europa. Como informó este periódico, Pedro Sánchez no se ausentó de la votación pese a que Globalia, el holding propiedad de la empresa, había patrocinado las actividades de Begoña Gómez como directora del Instituto de Empresa (IE) Africa Center. Los populares lo califican como "vínculos de naturaleza económica y profesional" y confían en el examen de López Laguna pese a que la oficina depende de la cartera de José Luis Escrivá.

Alberto Núñez Feijóo defiende, como mínimo, la apertura de un expediente administrativo que podría desembocar en la inhabilitación de Pedro Sánchez en un caso extremo. "El presidente adoptó en Consejo de Ministros, presidido por él, decisiones que comprometieron 795 millones de euros de dinero público, pese a que debió abstenerse por la relación económica y profesional de la compañía con su mujer", defienden.

Críticas del PSOE

El PSOE, por su parte, acusa al PP de "intoxicar" y utilizar las instituciones en su propio beneficio con esta denuncia. "Es evidente que se trata de una utilización malintencionada de una institución tan ejemplar como la Oficina de Conflicto de Intereses con la única intención de intoxicar a la opinión pública", apuntan fuentes del partido, que señalan que ya hubo otra denuncia de un particular sobre el mismo tema que fue desestimada por falta de argumentación.

Los socialistas justifican su explicación en el apartado f del artículo 11 de la ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que establece qué se considera interés personal. "Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración". El apartado b, no obstante, alude a los intereses familiares, incluyéndose a título individual al "cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad".