PSOE y UP envían a Bruselas su acuerdo de investidura para evitar la ruptura interna

Las dos últimas fichas de las reformas estructurales que ha enviado el Gobierno a la Comisión Europea han sido las más delicadas: pensiones y reforma laboral. Estos dos grandes temas, junto a la fiscalidad, son los que concitan las mayores discrepancias entre los dos socios de coalición y han generado roces internos en las últimas semanas. La decisión final del Ejecutivo ha sido ganar tiempo en la concreción de estas dos reformas, enviando un texto ambiguo, que no entra en el detalle concreto de las reformas y que deja un amplio margen para la negociación doméstica. Tanto entre los dos socios como con los agentes sociales. "A diferencia de otros componentes remitidos a Bruselas con mayor nivel de concreción, en estos dos ámbitos se hace una propuesta más abierta con el objetivo de abordarla y concretarla en el marco del diálogo social", ha explicado el Ministerio de Economía en una nota de prensa.

La forma más sencilla de cerrar un texto sin división interna era remitir las futuras reformas a los dos grandes acuerdos previos entre PSOE y Unidas Podemos, y es lo que finalmente han hecho. La futura reforma laboral no contempla en ningún caso la derogación de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy y se centra en corregir los elementos ya diagnosticados en el acuerdo de investidura de las dos formaciones. Eso sí, con una redacción ambigua que deja margen de maniobra, explican fuentes conocedoras de los textos. Ya habrá tiempo para entrar en detalle en el futuro, cuando la presión de la cuenta atrás empiece a apretar a todos los agentes involucrados en estas reformas, desde los miembros del Ejecutivo hasta los agentes sociales.

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado este martes que la ficha de reforma laboral "cumple con el acuerdo de gobierno" entre las dos formaciones. Entre las medidas que enumera el Gobierno, aunque no está detallado su contenido, está la reforma de las políticas activas de empleo (ya se está negociando con los agentes sociales), la mejora de la formación en el empleo, la lucha contra la dualidad y la precariedad en el mercado laboral, la elevada tasa de desempleo y la modernización de la negociación colectiva. Esta hoja de ruta se parece más a la que ha marcado durante los últimos años la ministra de Economía, Nadia Calviño, muy centrada en mejorar la inserción de los desempleados y fomentar la creación de empleo de calidad.

En cuanto a la reforma de pensiones, el texto remitido a Bruselas se limita a la explicación de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Toledo y que recogen también los puntos principales del acuerdo de coalición entre las dos formaciones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que la ficha de pensiones remitida se limita a explicar "cómo vamos a desplegar las recomendaciones del Pacto de Toledo", aunque sin entrar en detalles muy relevantes. Uno de ellos es el aumento de los años de cotización utilizados para el cálculo de la pensión inicial, que el ministerio está estudiando elevar de 25 a 35 años. Escrivá ha explicado que el ministerio no ha terminado los cálculos paramétricos necesarios para estimar el coste de esta reforma, de modo que no se ha incorporado a las reformas prometidas a Bruselas. "La parte más sustancial de la reforma la estamos negociando con los agentes sociales", ha reconocido Escrivá.

"La parte sustancial de la reforma de pensiones la estamos negociando con los agentes sociales"

El Gobierno sí ha incluido importantes modificaciones en el tercer pilar de las pensiones: el ahorro colectivo a través de los planes de empresa. El ministerio pretende desplegar un sistema similar al que existe en Euskadi para que las empresas y los trabajadores realicen aportaciones a los planes colectivos que complementarían en el futuro las pensiones públicas.

De esta forma, el Ejecutivo consigue remitir a Bruselas un texto inicial de reformas que no genera excesivas complicaciones internas. El Ministerio de Economía quería enviar propuestas concretadas, pero finalmente el criterio de Moncloa terminó por imponerse. Una 'patada hacia delante' que permite al Ejecutivo ganar tiempo, ya que Bruselas todavía no ha cerrado todos los textos legales que tienen que remitir los distintos países. El Ministerio de Economía lleva desde la primavera elaborando estos documentos, pero algunas de sus propuestas no cuentan con respaldo por parte de los ministros de Unidas Podemos y tampoco de los agentes sociales, lo que ha frenado sus planes a última hora.

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Este texto también permitirá rebajar con los sindicatos, que ha aumentado rápidamente en las últimas semanas y que han culminado con la convocatoria de movilizaciones para la próxima primavera. El Gobierno reunió este martes a los agentes sociales para entrar en el contenido de las reformas enviadas a Bruselas ahora que el texto decidido es amplio y ambiguo. De esta forma, cumple con las dos exigencias lanzadas por los sindicatos: mayor transparencia en los textos enviados a la Comisión Europea y una redacción ambigua que deje margen a la negociación en el diálogo social.

Estos textos genéricos, que son una enumeración de futuras reformas, tendrán que concretarse en los próximos meses. La Comisión reclama planes muy detallados por parte de los diversos estados miembro que quieran percibir la ayuda del fondo europeo Next Generation EU. Los países deben abordar las recomendaciones de la Comisión con reformas concretas que especifiquen hasta los efectos previstos para cada una de las medidas. La fecha para que el Ejecutivo tome una decisión definitiva está cerca, pero con este quiebro ha conseguido ganar algo más de tiempo.