La reforma de Escrivá deja a España con la mayor subida de cotizaciones de la UE

España cerró 2023 como el país con una mayor tasa de paro de los 38 que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero también como el segundo que más subió las cotizaciones sociales. El primer hecho es estructural, y tiene que ver con los desequilibrios que acumula nuestro mercado laboral desde hace décadas. El segundo, en cambio, tiene un responsable con nombres y apellidos: José Luis Escrivá.

La reforma de las pensiones impulsada por el exministro de Seguridad Social —ahora al frente de Transformación Digital— ha dejado a España como el Estado miembro de la Unión Europea del que hay datos que más subió este tipo de aportaciones el año pasado: un 0,36%, si bien es cierto que cinco de ellos (Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y Rumanía) no forman parte de la OCDE. En el club de los países ricos, solo lo supera Australia. La causa es la introducción del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), un incremento de las cotizaciones sociales aprobado en la primera parte de la reforma para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la conocida como hucha de las pensiones), y garantizar así la sostenibilidad del sistema.

Este recargo adicional tiene carácter obligatorio, pero no contributivo. En otras palabras: su pago no influye en el cálculo de la pensión, pero deben afrontarlo los trabajadores de todos los regímenes de la Seguridad Social. En 2023, año de su entrada en vigor, supuso una sobrecotización del 0,6%: 0,1% a costa del empleado y 0,5% a costa del empleador. Los datos conocidos este jueves concuerdan, exactamente, con esta proporción.

Según el informe de la OCDE Taxing Wages 2024 (Impuestos sobre los salarios 2024), las cotizaciones a cargo de los empresarios subieron 0,30 puntos el año pasado, cinco veces más que la parte que tienen que afrontar los trabajadores. Se trata, en todo momento, de datos relativos, por lo que no tienen que ver con la buena situación del mercado laboral. Esta sí condiciona en gran medida los ingresos totales por esta causa —cuanto más afiliados, más volumen de cotizaciones—, que se dispararon a un ritmo de dos dígitos el año pasado, hasta batir su récord histórico.

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En definitiva: la estadística de la OCDE muestra un incremento de la cuña fiscal por esta vía como consecuencia de la reforma de Escrivá. Sin embargo, el problema ya viene de lejos, y supone un obstáculo para la contratación, como viene denunciando la patronal desde hace tiempo. Se ceba sobre todo con una de las partes: España es el sexto país con unas cotizaciones sociales más elevadas para los empresarios (un 23,3% de los costes laborales, solo por detrás de Francia, Estonia, República Checa, Italia y Suecia), mientras que se encuentra entre los que menos cargan a los trabajadores (4,9%). Como referencia, la media de la OCDE es de un 13,4% y un 8,1%, respectivamente.

España (12%) también está por debajo de la media de los países ricos (13,3%), en lo que se refiere a los impuestos sobre los ingresos, principalmente el IRPF. Sin embargo, la cuña fiscal se encuentra 5,4 puntos por encima: de cada 10 euros de costes laborales, cuatro van a parar a las arcas públicas. Esto es más que en Dinamarca o Noruega, pero menos que en las grandes potencias europeas. Un año más, el informe de la OCDE corrobora que la verdadera anomalía española es la elevadísima presión sobre los empresarios, que ponen más de la mitad de esos impuestos en forma de cotizaciones sociales. Si no fuera por ella, la cuña fiscal estaría muy por debajo de la media de los países ricos.

Pese a esta situación anómala, el incremento del esfuerzo se está situando en ese lado. De hecho, los empleadores soportaron prácticamente la mitad del alza de la cuña fiscal en 2023, que se situó en el 0,62%, casi cinco veces más que la media de la OCDE. España es el cuarto país que más la aumentó, solo por detrás de Australia, Nueva Zelanda y Luxemburgo. El incremento de los impuestos sobre la renta jugó un papel más modesto (0,27%), solo una décima por encima del conjunto del bloque.

Un incremento que seguirá

El MEI se aplica desde el 1 de enero de 2023, pero está previsto que su cuantía aumente a lo largo de los años. En lo que queda de década, la sobrecotización se incrementará una décima en cada ejercicio, hasta llegar al 1,2% en 2029: un punto a cargo del empleador y dos décimas a cargo del empleado, el doble que en la actualidad. Así se mantendrá hasta 2050, cuando las proyecciones de Seguridad Social prevén que empiece a aflojar la presión sobre el sistema, muy condicionada por la jubilación masiva de la generación del baby boom durante las próximas décadas. Las de Economía, que quedaron reflejadas en el Ageing Report que la Comisión Europea publicó la semana pasada, son menos optimistas y, si no se produce un aumento de los ingresos superior al previsto, abocan a ajustes a partir de 2025, entre los que podrían estar alzas adicionales del MEI.

Además del MEI, la reforma de Escrivá prevé otras medidas que aumentarán las cotizaciones

La reforma anterior, impulsada por el PP, corregía el desequilibrio a través de un mecanismo estabilizador llamado factor de sostenibilidad, que suponía, de facto, un recorte del poder adquisitivo de las pensiones. El Gobierno actual ha optado por asegurarlo, aun a costa de incrementar la carga sobre el empleo, que sufraga el coste a través de las cotizaciones sociales.

Además del MEI, la reforma de Escrivá contempla otras medidas para incrementar los ingresos y así garantizar la sostenibilidad del sistema en sus décadas más críticas. A partir de este año, se producirá un destope de la base máxima de cotización, que se incrementará anualmente al ritmo del índice de precios de consumo (IPC), más una cuantía fija de 1,2 puntos, de aquí a 2050. De la misma manera, a partir de 2025 se aplicará una cuota de solidaridad a la parte del salario que ahora mismo no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Este recargo empezará en un 1% e irá aumentando 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2040: cinco puntos a cargo de la empresa y uno del trabajador (la misma proporción que en el MEI).

En definitiva: las cotizaciones sociales seguirán aumentando en los próximos años para que los trabajadores —y especialmente los empresarios— sufraguen el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, lo que alejará a España, todavía más, del modelo predominante en los países desarrollados.