Las premisas de Escrivá para salvar las pensiones que desmontará la AIReF

La reforma de las pensiones que ha aprobado el Gobierno consta de tres partes. La buena, la de los incentivos y la difícil. La fácil es la indexación de las pensiones al IPC, esto es, la que han aplaudido los diez millones de beneficiarios y que llevaban reclamando desde 2015. Esta medida implica un gran incremento del gasto en pensiones a largo plazo de 2,7 puntos del PIB según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y 2,9 puntos, según el Gobierno. Con los precios actuales se trataría de entre 30.000 y 40.000 millones de euros más de gasto todos los años. Esta parte incluye algunas medidas por la vía de los ingresos, como una cotización extraordinaria para las rentas altas o un pequeño endurecimiento de las cuotas para todos los trabajadores.

La segunda parte, la de los incentivos, consiste en poner en marcha un sistema de premios y castigos para los trabajadores que decidan retrasar su edad de jubilación de forma voluntaria.

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Por último, la tercera parte, la más difícil, consiste en subidas de cuotas a los autónomos y medidas correctoras adicionales de recorte del gasto o aumento de los ingresos para cuadrar cualquier posible desviación del déficit. Esta última parte de la reforma es la que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que es un modelo para el resto de países europeos, ya que permite corregir cualquier futura desviación de las cuentas a partir del año 2025. Esa parte difícil es la que el ministro no ha querido aprobar y se la deja a los futuros gobiernos. Que sean ellos quienes decidan cómo cuadrar las cuentas si sus cálculos fallan. Esta parte difícil, que incluye las subidas de cuotas a algunos autónomos, es la que no ha querido aprobar el Gobierno actual.

Lo que sí ha hecho Escrivá es publicar un informe en el que asegura que ni siquiera será necesario desplegar medidas correctoras del gasto porque los números cuadran. Sin embargo, la Autoridad Fiscal ya había advertido que las dos partes de la reforma ya aprobadas elevan el gasto previsto en 2,4 puntos del PIB y apenas se corrigen 1,3 puntos con las medidas de ingresos, que algunas son extraordinarias y no están aprobadas aún (cuotas de autónomos). Son 1,1 puntos de déficit adicional, más de 15.000 millones de euros a precios actuales.

La AIReF tendrá la misión, en el año 2025, de determinar si las reformas provocarán una desviación en las previsiones de déficit y, en ese caso, activaría el mandato al gobierno para adoptar las medidas correctoras. Eso sí, el gobierno de turno siempre tiene el recurso de mirar hacia otro lado, como ha ocurrido durante los últimos años con la reforma del sistema de financiación autonómica, que no se renueva desde el año 2009.

Los números

La AIReF publicó sus propios cálculos sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo el pasado mes de marzo. Sus conclusiones son opuestas a las de Escrivá, tanto en términos de ingresos como de gastos y en evolución demográfica y económica del país. En prácticamente todos los casos el Gobierno es más optimista que la Autoridad Fiscal.

La AIReF tiene unas proyecciones económicas a largo plazo que difieren mucho de las de la Seguridad Social. Este es el punto de partida clave para el cálculo de la sostenibilidad del sistema, ya que si España crece mucho (sobre todo gracias a la productividad) y capta población inmigrante que vaya a cotizar, podrá pagar las pensiones de la generación del baby boom con facilidad. Eso es lo que proyecta el Gobierno, pero la Autoridad Fiscal es más pesimista. O realista.

Escrivá plantea un crecimiento del PIB real del 2% anual hasta 2050, casi el doble que la AIReF, que prevé un crecimiento del 1,13%. Esta brecha, acumulada año a año, es muy relevante. Tan relevante como que las proyecciones de la Seguridad Social contemplan un crecimiento del PIB hasta 2050 del 74% frente al 37% de la AIReF. Se trata de dos economías completamente diferentes al final del periodo, lo que determinará su capacidad para pagar pensiones.

El Gobierno asienta sus mayores esperanzas en el crecimiento de la productividad, que avanzará un 1,5% anual, mientras que la AIReF calcula que será un crecimiento del 1,1%. Es importante señalar que en las dos últimas décadas el crecimiento de la productividad ha sido del 0,6% anual. La AIReF espera que en las próximas décadas se produzca una aceleración de la productividad gracias a la incorporación de la IA y la robotización. Pero el Gobierno espera que la aportación de la productividad sea casi el triple que en las dos últimas décadas.

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El crecimiento del empleo también será clave durante este periodo, ya que se producirá una jubilación masiva de trabajadores cada año. Actualmente, se jubilan unos 300.000 trabajadores al año, pero hacia finales de la década de los treinta e inicios de los cuarenta se retirarán más de 500.000 trabajadores cada año. Escrivá considera que se producirá una llegada de inmigrantes suficiente como para contrarrestar el envejecimiento y permitir un crecimiento del empleo anual del 0,5% hasta 2050. Aunque la cifra puede parecer modesta, la AIReF calcula un crecimiento del 0,2% debido precisamente al envejecimiento.

Esta previsión del Ministerio implica un cálculo favorable de la evolución demográfica en España en las próximas décadas. Para empezar, calcula que España superará los 50 millones de personas a principios de la década de los treinta, hito que para la AIReF se producirá casi dos décadas más tarde. El Ministerio calcula que la población llegará a 2050 por encima de los 52 millones de personas, esto es, dos millones más que la AIReF. Estos dos millones se concentran en población en edad de trabajar, lo que explica que la proyección de ingresos del Gobierno sea más optimista.

El Ministerio también plantea una esperanza de vida más baja para los jubilados, lo que redundaría también en un menor gasto en pensiones. En concreto, prevé que hacia 2050 la esperanza de vida a los 65 años sea de poco más de 23 años, mientras que la AIReF, en línea con Eurostat, anticipa que será de algo más de 24 años. Pagar un año menos de jubilación a cada trabajador implicaría un importante ahorro para la Seguridad Social.

Estas proyecciones demográficas del Gobierno implican poner más cotizantes y menos jubilados de lo que hace la AIReF. De esta forma cuadran los números de ingresos y gastos a largo plazo. Las desviaciones son muy significativas como para que los cálculos cuenten con el aval de la Autoridad Fiscal. Sin embargo, Escrivá también se ha buscado un salvoconducto para escapar de la AIReF.

La reforma de las pensiones contempla que los mecanismos correctores se tendrán que aplicar a partir del año 2025 si se produce un desfase entre ingresos y gastos del sistema. Sin embargo, la AIReF tendrá que elaborar los cálculos a partir de las proyecciones económicas y demográficas que elabore el Ageing Group de la Comisión Europea en el que participa el Gobierno de España. En definitiva, si el Gobierno convence a la Comisión de que sus hipótesis son realistas, la AIReF tendrá poco margen para hacer sus cálculos. Al final, la política se impone a los técnicos.

"Los supuestos macroeconómicos para los ingresos nos vienen dados por el Ageing Group, y también la valoración por el lado del gasto. Nos queda poco margen para la evaluación en la AIReF", lamentó recientemente la presidenta de la institución, Cristina Herrero. Aunque la Autoridad Fiscal también publicará sus propios cálculos, el mandato de la ley es inequívoco. Escrivá se ha guardado ahí una vía de escape para que la opinión de la que fue su antigua casa no obligue a activar los mecanismos correctores en el corto plazo.