La reforma de Escrivá llevará España a ser el país con más gasto en pensiones, advierte Garicano

¿Cuánto costará la reforma de las pensiones de Escrivá? Esa es una de las grandes dudas que deja la tramitación de la ley estas semanas en el Congreso de los Diputados y que incluye, como medida estrella, la recuperación de la indexación de las pensiones al IPC. En la memoria económica de la ley, el Ministerio de Seguridad Social no detalla las previsiones de gasto que implicará tal reforma y tampoco los ingresos.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, justificaba así en el Congreso que no se hayan publicado cálculos oficiales sobre el impacto económico de esta reforma tan relevante: “Existe alguna incertidumbre, hay algunas cuestiones que son difíciles de precisar con exactitud”. En la memoria de la ley de reforma, el ministerio asegura que “la valoración económica es muy compleja y con mucha incertidumbre, puesto que se trata de un modelo de decisión que dependerá de las circunstancias personales y profesionales de cada trabajador”.

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El motivo de esta incertidumbre es que el ministerio fía la sostenibilidad del sistema de pensiones al efecto que tenga el juego de incentivos para el retraso voluntario de la edad de jubilación. Algo que es muy difícil de calcular, ya que es difícil incorporar a las ecuaciones las decisiones que tomarán los trabajadores ante esta medida.

Lo que es más sencillo es estimar la cuantía del gasto que implicarán las políticas de incremento del gasto en pensiones, ya que se trata de cálculos actuariales en los que el principal foco de incertidumbre es la evolución de la pirámide demográfica. El aumento del gasto se producirá básicamente por tres medidas: la revalorización con el IPC, la derogación del factor de sostenibilidad y la elección de los mejores años de las carreras de cotización para el cálculo de la pensión.

Según los cálculos del economista y eurodiputado Luis Garicano, estas medidas llevarán a España a ser el país europeo con mayor gasto en pensiones en las próximas décadas. Según sus cálculos, el gasto en pensiones ascenderá desde el 12% actual hasta superar el 16% en 2050. De esta forma, España adelantaría a Italia y se colocaría como el país con mayor esfuerzo destinado al pago de las pensiones, utilizando como base las previsiones del ‘Ageing Report’ de la Comisión Europea.

El Gobierno asume que la reforma de las pensiones que está tramitando en el Congreso implicará un gran esfuerzo presupuestario para las arcas públicas. Escrivá explicó en julio en la Comisión del Pacto de Toledo que en el Ejecutivo se sienten “bastante conformes y cómodos” con la última estimación de la Comisión Europea, que prevé que la derogación de la reforma del año 2013, impulsada por Mariano Rajoy, tendría un incremento del coste equivalente al 3,5% del PIB. Si se mide en términos actuales, esto supone un incremento del gasto de casi 39.000 millones de euros.

Además, hay otra medida que está comprometida con la Comisión Europea, según ha asegurado el ministro Escrivá, que es la de permitir a los trabajadores que utilicen sus mejores años de cotización para el cálculo de la pensión inicial. Esta medida, que aún no está presentada ante las Cortes, tendría un impacto en términos de gasto de casi 0,7 puntos del PIB, según las estimaciones del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social formado por investigadores de la Universidad de Valencia y la de Extremadura.

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De esta forma, España pasará de tener un gasto en pensiones en línea con la eurozona a situarse más de tres puntos por encima. España va algo más retrasada en el envejecimiento de la población que los países líderes de Europa, ya que la transición demográfica a familias con pocos hijos se produjo un poco más tarde. El efecto de la pirámide poblacional, amplificado por las políticas de gasto, provocará que España sufra una gran presión sobre las cuentas públicas.

"La reforma de Escrivá pone en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas de nuestro país, ya que aumenta el déficit estructural en casi cuatro puntos del PIB", explica Garicano. Y advierte: "Al perder la oportunidad de hacer ahora una reforma sensata y moderada, nos enfrenta al riesgo de una crisis de deuda que nos lleve a un recorte de las pensiones a la griega".

¿Y los ingresos?

La clave de la reforma de Escrivá es que compensa la subida del gasto con nuevos ingresos. Sin embargo, estos nuevos ingresos son inciertos y los expertos dudan de la eficacia recaudadora de las medidas que se están tramitando en el Congreso y las que vendrán. Garicano anticipa que la recaudación adicional no alcanzará el 0,4% del PIB, una cifra que es ínfima si se compara con el 4% de incremento del gasto.

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La gran duda es cuánto aportará la política de desincentivo de la jubilación anticipada y el incentivo al alargamiento de la vida laboral que incluye el texto de la reforma de las pensiones. Escrivá publicó un cálculo, cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que elevaba hasta 1,2 puntos del PIB el impacto que se conseguiría retrasando en un año la edad efectiva de jubilación.

Sin embargo, todas las estimaciones publicadas con posterioridad se quedan lejos de esa cifra. La propia AIReF rehizo sus cálculos cuando Escrivá dejó de ser presidente para pasar a ser ministro de la Seguridad Social. Esa nueva estimación rebajaba hasta el 0,8% del PIB los ingresos en el caso de que se consiguiera retrasar en dos años (no en uno) la edad efectiva de jubilación. En otras palabras, unos 0,4 puntos del PIB por año, una cifra que es un tercio de la previsión inicial.

El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social es mucho más pesimista y baja hasta una décima del PIB el impacto que generaría el retraso voluntario de un año en la jubilación. El motivo es que, aunque en un primer momento se reduce el gasto, porque el trabajador se mantiene en activo, posteriormente tendrá también una pensión mayor como consecuencia de los incentivos que se incorporan a la ley.

"Esta reforma de las pensiones pone en riesgo las pensiones del futuro"

A esta cifra hay que sumarle el efecto de la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) acordado con los sindicatos, por el cual se sube la cotización social en 0,6 puntos. El ministerio sí ha publicado el cálculo del impacto de esta medida: 0,2 puntos del PIB anual hasta 2033. Ambas medidas, combinadas, generarán una recaudación muy baja en comparación con el incremento del gasto de 46.000 millones provocado por la reforma.

El Gobierno ha anunciado que en 2022 negociará una nueva subida de los ingresos por cotizaciones sociales, en este caso, por el incremento de las bases para los asalariados (tanto las mínimas como las máximas) y de los autónomos. Está por ver cuál es el potencial recaudatorio de estas medidas cuando se presenten, pero es casi imposible que puedan compensar el incremento del gasto, que estará ya comprometido este mismo año, en cuanto se apruebe la ley. De ahí que la esperanza para la sostenibilidad del sistema pase por que la evolución demográfica a futuro sea favorable, que aumente la productividad (mayores salarios) y que los incentivos al retraso de la edad de jubilación sean más exitosos de lo previsto.

Una moneda al aire que deja el sistema de pensiones con un presupuestario incierto y que el Gobierno no ha querido revelar. Será necesario esperar a los cálculos de la AIReF y la Comisión Europea para tener una estimación oficial del coste real que tendrá esta reforma para las cuentas públicas. Para Garicano, "esta reforma de las pensiones es una huida hacia adelante que pone en riesgo las pensiones del futuro".