Bruselas someterá a España a un examen continuo para verificar que hace las reformas

El Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con Bruselas para el seguimiento de los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia y la liberación de los distintos tramos de las ayudas europeas. El pacto quedó cerrado definitivamente el martes, con la firma del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y ha sido publicado hoy por el Ministerio de Hacienda. España asume con el acuerdo que la Comisión Europea realizará un seguimiento continuado y exhaustivo del cumplimiento de todas las inversiones y reformas acordadas y que este será previo a la entrega de los fondos europeos. En concreto, los responsables de la Comisión Europea celebrarán reuniones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que será la encargada de toda la coordinación con Bruselas, "al menos trimestralmente".

La Comisión Europea ha nombrado a la Dirección General de Asuntos Económicos y al Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia como los interlocutores del Ministerio de Hacienda que, en la práctica, serán quienes supervisen el cumplimiento del plan al que se ha comprometido el Ejecutivo. En esas reuniones, España tendrá que dar cuenta de los progresos en la implementación del plan de recuperación. Las reuniones tendrán que ser presenciales en España o Bruselas, salvo que las dos partes acuerden que pueden despachar los asuntos por vía telemática o postal.

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Además, los representantes de la Comisión pueden organizar reuniones 'ad hoc' a la ministra Montero para tratar los asuntos más espinosos, esto es, las reformas que generan más polémica. Es el caso, por ejemplo, de la reforma laboral o de pensiones, que deberían estar listas antes de que acabe el año y que, hoy por hoy, están lejos de aglutinar el apoyo de los agentes sociales ni del Congreso. El Gobierno prometió a Bruselas que no habría ninguna dificultad para el despliegue de estas dos políticas, pero, a medida que pasan los días, es posible que la Comisión Europea se impaciente, como ya lo están los agentes sociales.

Esto significa que en los momentos clave, como el actual, las reuniones entre el Gobierno y la Comisión Europea deberán ser continuas para garantizar el cumplimiento de los objetivos acordados en el plan. En el caso de que España incumpla lo pactado, la Comisión Europea frenará la liberación de las ayudas hasta que los distintos hitos no se cumplan. En el acuerdo alcanzado esta semana, España se compromete a informar a Bruselas de posibles incumplimientos de los objetivos con antelación. Esto es muy importante, ya que en ese caso no tendrá que ser Bruselas quien cierre el grifo a España si no se ajusta a los compromisos, sino que será la propia España quien tenga que avisar con antelación de que no va a cumplir.

Con este memorando, la Comisión Europea quiere asegurarse el cumplimiento de todos los objetivos pactados con el Gobierno de Pedro Sánchez. España ha sido el primer país que ha cerrado el acuerdo técnico para el intercambio de información con Bruselas y marca el camino para el resto de socios.

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El cumplimiento de los hitos permitirá a España recibir los siguientes pagos del plan de recuperación. Para empezar, el que recibirá este trimestre (correspondiente al cuarto de 2021) por el que España podrá solicitar casi 11.500 millones de euros. Durante todo el año 2022 el Gobierno podrá solicitar, de media, unos 10.000 millones de euros cada trimestre. Sin embargo, para cumplir este objetivo será necesario que el país pueda cumplir la ambiciosa agenda de inversiones y reformas pactada con la Comisión Europea en la pasada primavera.

Además de la periodicidad de las reuniones, el documento contempla cómo tiene que informar España a Bruselas del cumplimiento de los diferentes objetivos. Cada uno de los hitos de inversiones y reformas tiene unos "mecanismos de verificación" que son los que el Gobierno tiene que enviar a la Comisión Europea. En el caso de las reformas, el Ejecutivo no solo tendrá que enviar los textos aprobados en el BOE, sino que también tendrá que realizar estimaciones del impacto económico de las diferentes medidas. En el caso de las inversiones, España no solo tendrá que justificar el uso del dinero, sino que tendrá que demostrar cómo el gasto realizado contribuye a lograr el objetivo planificado para cada inmersión.