El principal choque de Trabajo con la CEOE nada tiene que ver con derogar la reforma laboral

El Gobierno de coalición lleva dos semanas peleándose por la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy del año 2012. Ni Podemos ni, por supuesto, PSOE están planteando una derogación completa del Real Decreto-ley 2/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sino algunos cambios puntuales de la misma. En concreto, los cinco puntos del acuerdo de coalición que todavía están pendientes sobre el mercado laboral.

Finalmente, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha impuesto y la palabra 'derogación' figura en el comunicado de prensa distribuido por la Moncloa el martes. La bandera de la derogación no es más que un mantra, ya que nadie en el Gobierno se está planteando, por ejemplo, las indemnizaciones por despido, la movilidad geográfica o las condiciones de los despidos colectivos. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Trabajo se adentra en cuestiones que nada tienen que ver con la reforma laboral del año 2012 y que son las que están causando mayor preocupación entre los empresarios.

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Para la CEOE, el gran foco de preocupación de la propuesta del Ministerio de Trabajo es lo que afecta al control de la temporalidad. Aunque el Gobierno está incluyendo esta iniciativa bajo el paraguas de la ‘derogación de la reforma laboral’, se trata de atajar un problema estructural que tiene España desde los años 90. De hecho, el nivel de temporalidad actual es algo más bajo del existente hasta el año 2008, por lo que los problemas no se pueden achacar a la reforma de Rajoy del año 2012.

Dos son las propuestas clave de Trabajo que alertan a los empresarios. La primera es la reducción del abanico de contratos temporales para eliminar las figuras más utilizadas actualmente, en especial el contrato de obra y servicio. La segunda es la limitación de la temporalidad en las empresas a un límite del 15%, muy por debajo del 25% que alcanza actualmente el mercado laboral. Tras conocer estas propuestas, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, las tildó de “marxistas” por ser “intervencionistas, regresivas y desalineadas con las necesidades del tejido empresarial y de los trabajadores”.

La temporalidad está arraigada en la mentalidad de los empresarios españoles y, aunque el pretexto habitual es la dependencia de sectores muy estacionales, la realidad es que se trata de un uso y costumbre generalizado. Según los datos de Eurostat, en 2019 España tenía un 26,3% de los trabajadores con un contrato temporal, una cifra que supera en más de cinco puntos el nivel de temporalidad de Portugal y en casi 10 puntos el de Italia, dos países que tienen también una gran dependencia del turismo y los servicios de bajo valor añadido.

El Gobierno quiere que España siga la senda del resto de países europeos en la contratación y opte por el contrato fijo-discontinuo para los trabajadores de temporada. Esta figura del indefinido discontinuo lleva vigente en el Estatuto de los Trabajadores desde 1980 y está pensada precisamente para dar estabilidad a las relaciones laborales en sectores estacionales. Sin embargo, en España se ha ignorado sistemáticamente por la facilidad que ofrecen los contratos de temporada para las empresas.

La CEOE no está dispuesta a tolerar la desaparición de las modalidades de contratación y, aunque está abierta a negociar algunos cambios, no aceptará el fin de la temporalidad ‘por decreto’ del Gobierno. En su opinión, esta medida provocaría una brusca destrucción de empleos temporales que, en vez de convertirse en indefinidos, desaparecerían.

Junto a la temporalidad, la subcontratación es el otro gran quebradero de cabeza para la patronal. Mucho más preocupante para sus intereses que la ultraactividad de los convenios colectivos o la prevalencia de los convenios sectoriales, que tendrían una incidencia reducida para la gran mayoría de las empresas. La subcontratación también es un tema delicado, ya que la obligatoriedad de que los trabajadores de las subcontratas se rijan por las condiciones de la empresa contratista eliminará la posibilidad de ahorro por esta vía y supondrá un golpe mortal a estas prácticas.

La patronal se inclina por que las subcontratas tengan que cumplir el convenio de la actividad que van a desempeñar. Así, se mantendrá el margen para que las externalizaciones generen ahorro para las empresas y, al mismo tiempo, las condiciones de los trabajadores se ajusten a las del sector, señalan fuentes de la patronal.