Los tres agujeros de la Seguridad Social que desgarran el sistema de pensiones

La Real Academia define el vocablo 'desgarrar' como la consecuencia de aquel suceso que provoca "gran pena" o causa "mucha compasión". Pocas cosas producen tanta consideración, en el sentido clásico que le da a este término la propia academia: asunto o materia sobre la que se ha de considerar y meditar, como el sistema de pensiones. No solo por su importancia económica —alrededor de la tercera parte del presupuesto público consolidado (550.484 millones en 2021) lo gestiona la Seguridad Social— sino, sobre todo, porque es el instrumento más poderoso —junto al sistema fiscal— para lograr la cohesión social, uno de los objetivos estratégicos de los estados modernos.

No es de extrañar, por ello, que cualquier reforma de las pensiones, provoque un debate intenso en la opinión pública, ya sea cuando se propone elevar las cotizaciones, como ha planteado el Gobierno; prolongar la vida laboral —solo lo ha sugerido— o endurecer las jubilaciones anticipadas, ya incluido en el proyecto de ley que tramita el Congreso. Pero se presta poca atención a los agujeros, los auténticos pozos negros, que provocan un déficit que inicialmente fue de carácter coyuntural, vinculado a los cambios en los ciclos económicos, pero que, año tras año, se ha convertido en un desequilibrio estructural: en 2021 el déficit previsto del sistema será de 14.293 millones de euros.

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El Confidencial

En particular, por la existencia de tres boquetes —no solo presupuestarios— que han obligado al Estado a cubrir los cuantiosos déficits con deuda pública, que, como se sabe, son impuestos que se pagan en diferido. Es decir, una especie de patada hacia adelante. El primero de ellos tiene que ver con el régimen que provoca el mayor desequilibrio del sistema, y que es de los trabajadores por cuenta propia. O autónomos, como se prefiera.

Un par de datos extraídos de la documentación presupuestaria remitida por la Seguridad Social al Congreso de los Diputados lo dice todo. En 2022, según prevé el Gobierno, el régimen de autónomos ingresará por cotizaciones sociales 12.017 millones de euros, pero las prestaciones económicas que recibirán sus beneficiarios ascenderán a 22.250 millones. Es decir, el ejercicio se cerrará con un desequilibrio entre ingresos y gastos equivalente a 10.233 millones de euros, algo menos del 1% del PIB. Para cubrir ese déficit, el Estado, que se financia con impuestos y con deuda, aportará 4.875 millones, mientras que el resto saldrá de los superávits que generan otros regímenes del sistema de Seguridad Social.

No es una cantidad pequeña. Significa que las aportaciones del Estado suponen nada menos que el 40% de los ingresos por cotizaciones de los trabajadores autónomos. Entre otros motivos, porque más de la mitad de los autónomos cotizan por las bases mínimas, lo que hace que el Estado —al igual que sucede con otros regímenes— deba complementar esas pensiones para alcanzar el mínimo que fija anualmente el Gobierno de turno. No es poco dinero. En 2022, para el conjunto del sistema, el coste será de 7.064 millones de euros. El 23% de las pensiones las complementa el Estado. Pero es que en el caso de los autónomos este porcentaje alcanza el 34,1%. Es decir, como las aportaciones son bajas, una de cada tres pensiones de autónomos las financia parcialmente el Estado.

Mandato constitucional

En términos absolutos, sin embargo, no es el régimen que más déficit arrastra. El régimen general, el más numeroso, ya que representa el 73% del gasto de la Seguridad Social y que acoge a los trabajadores por cuenta ajena, ingresará el año próximo por cotizaciones sociales 114.306 millones de euros, pero gastará 134.160 millones en prestaciones económicas. Es decir, hay una diferencia de 19.854 millones de euros. Eso significa que el Estado, que es quien se hace cargo del déficit como garante del sistema —un mandato constitucional—, cubre el 17% de la insuficiente recaudación que logra la Seguridad Social por cotizaciones. Por lo tanto, menos de la mitad que el régimen de autónomos.

Ese dinero se destina a financiar tanto los complementos de mínimos (la diferencia entre lo cotizado y lo que el Estado considera el suelo digno de supervivencia) como a ayudar a la jubilación anticipada o a pagar los ingresos de trabajadores afectados por la Ley de Amnistía, aunque en este último caso las cantidades son residuales.

El déficit por cotizaciones tiene también mucho que ver con determinadas decisiones de política económica que históricamente ha asumido la Seguridad Social, en particular durante las reconversiones industriales, y que ahora el Gobierno quiere financiar con impuestos de acuerdo con lo que recomienda el Pacto de Toledo. De ahí, el aumento de las aportaciones del Estado en los Presupuestos de 2022. Sirva como ejemplo que las bonificaciones y reducciones a la cotización de la Seguridad Social como medidas de fomento del empleo ascenderán el año próximo a 3.706 millones de euros.

El déficit por cotizaciones tiene también mucho que ver con determinadas decisiones de política económica que ha asumido la Seguridad Social

Esta financiación adicional del Estado es consecuencia, lógicamente, del desequilibrio entre ingresos y gastos. Y este es, precisamente, el segundo agujero, que nace de una realidad incontestable: las dificultades de la economía española para crear puestos de trabajo, lo que explica que sea el país de la UE con mayor tasa de desempleo (14,6% en septiembre), como recordó recientemente Eurostat.

Una ilusión aritmética

Esto se traduce en que en los últimos 15 años el peso de las cuotas del régimen general respecto del PIB se haya movido de forma sistemática entre un 9% y un 10% del PIB. O lo que es lo mismo, si en 2007 había 15,2 millones de cotizaciones al régimen por cuenta ajena, en 2019, antes de la pandemia, había 15,1 millones, prácticamente la misma cantidad. Expresado en otros términos, la tasa de ocupación (personas entre 16 y 64 años respecto a la población total) se situaba hace 15 años en el 67%, pero ahora apenas se sitúa en el 63% (dato del segundo trimestre de este año a la luz de la EPA).

Es verdad que aquel año fue extraordinario porque los datos fueron fruto de una doble burbuja (inmobiliaria y de crédito) que acabó por estallar, pero no deja de ser relevante que se hayan tardado tres quinquenios en recuperar los niveles de empleo en el régimen general. En 2022, las cotizaciones sociales representarán un 10,4% del PIB, pero más por el recorte del crecimiento en 2020 (11%) que por un aumento de los recursos. Es decir, se trata de una mera ilusión aritmética.

El lastre no solo tiene que ver con el volumen de empleo, también con algo extremadamente relevante para la Seguridad Social, las bases de cotización, que están totalmente relacionadas, como es obvio, con los salarios, pero también con la cantidad de horas trabajadas. Y resulta que las bases medias del régimen general (el más numeroso) ha crecido desde 2005 un 40% —han pasado de 1.371 a 1.924 euros—, mientras que la pensión media se ha incrementado en un 69,2%. Ha pasado, en concreto, de 612 euros mensuales por catorce pagas a 1.037 euros en 2020.

Tercer agujero

Como se ha dicho, la insuficiencia presupuestaria ha sido cubierta con mayores aportaciones del Estado, aunque también por la apelación al Fondo de Reserva, del que hoy quedan apenas 2.138 millones de euros. Desde su creación, en 2001, los sucesivos gobiernos han sacado 80.337 millones de euros que han servido para pagar, aunque solo en parte, las pensiones públicas.

El tercer agujero no tiene que ver con las insuficiencias de algunos regímenes claramente deficitarios ni con los problemas de recaudación. Hay que vincularlo a la demografía, una cuestión que es la clave de bóveda de un sistema de reparto como es el español, en el que los trabajadores en activo pagan las pensiones de quienes ya se han retirado. Y la realidad, como admite el propio Gobierno en el Informe Económico-Financiero de la Seguridad Social, es que existe un triple desafío: aumenta la esperanza de vida, desciende el número de nacimientos y, al mismo tiempo, la generación del 'baby boom' ha empezado a llamar a las puertas del sistema público de protección social en busca de una prestación, ya sea de jubilación, incapacidad o viudedad.

Las proyecciones demográficas prevén que el número de nacimientos continuará reduciéndose hasta 2027, que es cuando se espera un cambio de tendencia. A partir del año siguiente, los nacimientos, augura la Seguridad Social, podrían comenzar a aumentar debido a la llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas. En particular, por la inmigración, que comenzó a generar flujos intensos a partir de la segunda parte de la década de los años 90.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la esperanza de vida actual para los hombres a los 65 años es de 18,3 años, y de 22,3 años para las mujeres. Pero es que en 2034 se alcanzarán, respectivamente, los 22,5 y 26,2 años, tiempo en el cual habrá que pagar una pensión en cualquiera de sus modalidades. En 2050, casi la tercera parte de la población (el 31,4%) tendrá 65 o más años, mientras que únicamente el 12% tendrá menos de 14 años.

En definitiva, una tormenta casi perfecta, salvo que se acierte a buscar soluciones. Menos población, poco empleo, salarios reales a la baja de la población que debe cotizar y regímenes deficitarios que deben ser sufragados con fondos públicos.