El fiasco del IMV cuestiona la "recuperación justa": solo llega a un tercio de lo previsto

"El mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006". Así presentó el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias el ingreso mínimo vital tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el 29 de mayo de 2020. Más de un año después, la principal medida de la coalición PSOE-Unidas Podemos para combatir la pobreza, en especial la pobreza severa, llega a un tercio de los hogares previstos y se encuentra empantanada en la Comisión de Inclusión y Seguridad Social del Congreso, en donde no se ha fraguado ninguna mejora a pesar del compromiso de tramitar con urgencia el decreto.

En tiempos de "recuperación justa" y de "escudo social", el bloqueo político en el que está atrapada dicha prestación social, así como la madeja burocrática que entorpece su concesión, cuestiona la promesa del presidente, Pedro Sánchez. Ha comenzado el curso con el lema de "no dejar a nadie atrás" en este ciclo de pospandemia, para lo que tiene previsto un ambicioso despligue de medidas pensadas para las rentas más bajas y la población vulnerable o en riesgo serio de serlo. El aumento del salario mínimo interprofesional o la prórroga de los ERTE se enmarcan en esa intención, en la que el mandatario socialista, por cierto, ha delegado gran parte de su crédito político y prácticamente todas las opciones de remontar las tendencias demoscópicas.

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Corren tiempos delicados para la coalición, porque los sondeos aúpan al PP a la victoria y lo desplazan a los aledaños de la Moncloa. Coincide esta hipotética preferencia ciudadana con un momento trascendente para la agenda legislativa. El Gobierno está a punto de impulsar un bagaje de leyes destinadas a trasladar a las capas sociales más denostadas por la pandemia una ayuda y una esperanza, en correspondencia con la expansión macroeconómica. Antes, quizá, de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pulse el botón 'on' del cañón legislativo, PSOE y Unidas Podemos deberían arreglar situaciones como la que afecta al ingreso mínimo vital.

De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria fechada a finales de agosto, a la que ha accedido El Confidencial, el IMV estaba atascado cuando se cumplió un año de su puesta en funcionamiento, el pasado mes de mayo. Entonces, dicha prestación había llegado a 260.206 hogares y a un total de 682.808 beneficiarios. Si se repara en que el objetivo marcado para tal plazo fue extender la ayuda a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas, la conclusión que brilla enseguida es la de fiasco. Se ha cubierto un tercio de lo programado en 12 meses, lo que no suena muy bien. Agregar al balance la coyuntura energética actual, con el precio de la luz en máximos históricos, ensucia más el sonido.

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Expertos y políticos apuntan a una excesiva burocratización y a crasos errores de diseño y concepción. No tiene sentido orquestar el IMV a través de la administración electrónica y de diversos vericuetos de internet cuando un alto porcentaje de la población diana se caracteriza por la exclusión digital. Muchos potenciales beneficiarios, destacan fuentes parlamentarias que están negociando mejoras en el decreto, tuvieron que recurrir a organizaciones del tercer sector, con el consiguiente colapso. Tampoco la red funcionarial estaba adaptada para la gestión de la ayuda y en numerosas provincias faltaron manos y cabezas para satisfacer a un ritmo adecuado el volumen de peticiones.

Que el ingreso mínimo vital es un avance social, como subrayó Iglesias el día de su presentación, nadie lo duda. Sin embargo, tanto la puesta a punto de la maquinaria como su propia carburación no han sido las deseadas. La oposición de centro derecha llama la atención sobre el encaje de la ayuda en un tejido social, confeccionado por autonomías y ayuntamientos, muy profuso, en tanto que la oposición más afín al Gobierno, la que componen partidos como ERC, Más País o PNV, lamenta la lentitud y farragosidad. Los nacionalistas vascos, además, reclaman su gestión, es decir, la transferencia, y en esa línea se está embarcando ya el Govern de Cataluña. Así que parece que nadie está contento en el Congreso, o no contento del todo. Ni siquiera Unidas Podemos, que no solo ha defendido enmiendas propias, sino que está llamando a la puerta del Ministerio de Inclusión, que dirige José Luis Escrivá, para que el IMV funcione bien cuanto antes.

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El papel jugado por este ministerio, de hecho, no concita demasiados elogios. Las fuentes parlamentarias consultadas se quejan de la falta de información. Para empezar, no existe una suerte de boletín mensual. Los últimos datos a los que pueden acceder los diputados son de mayo pasado, justo cuando se cumplió el primer año de vida del ingreso. Asimismo, no se sabe bien qué gasto está suponiendo. Una fuente del Congreso estima que la cifra ejecutada del presupuesto movilizado, aproximadamente unos 3.000 millones, podría ser inferior al 50%.

La feminización de la pobreza

Pablo Iglesias anunció la aprobación del IMV en un día que calificó como "histórico". En la sala de prensa de Moncloa, el entonces vicepresidente de Derechos Sociales aseguró que con la activación de la medida el Gobierno demostraba que su "opción política" no era otra que "la justicia social". "Nos tomamos en serio la Constitución española", añadió acto seguido, antes de recordar que su artículo 41 consagra el desarrollo de medidas de protección en contextos adversos.

La pandemia, recordó el exlíder de Unidas Podemos, obligó al Ejecutivo a acelerar la regulación del ingreso mínimo vital, ya que agravó la situación de pobreza severa que más o menos se había generalizado. La cuarta economía de la UE era la tercera en tasa de pobreza infantil. La leyenda de la medida que puede leerse en la web de Inclusión señala que se trata de "una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas". La cuantía media es de 448,67 euros, siendo la más alta la que entrega Madrid, unos 524 euros, y la más baja la de Extremadura, de cerca de 388.

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Movimiento ha habido, sin duda, aunque insuficiente. De acuerdo con los datos del departamento que dirige Escrivá, 67.724 hogares formados por un adulto han recibido el ingreso, 46.645 por un adulto y un menor, 21.288 por un adulto y dos menores y 4.462 por un adulto y tres o más menores. Lo mismo ha sucedido en hogares de dos adultos y un menor (27.678), dos adultos y dos menores (28.258) y dos adultos y más de dos menores (20.053). Por unidades familiares, destaca la cifra de las familias monoparentales que cuentan ya con el ingreso, un total de 73.301, y no porque sea el segmento más nutrido, sino por la relevante incidencia sobre el total. Un aspecto a tener en cuenta, en línea con la mayor exposición de las mujeres a la pobreza en la economía española: 177.434 mujeres reciben la prestación, un número bastante superior al de los hombres (82.761).

El bloqueo político

El 29 de junio de 2020 entraba en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el decreto del ingreso mínimo vital, convalidado por el Congreso un mes después de la aprobación en Consejo de Ministros. La urgente necesidad justificó el uso aquí del decreto, pero sucedió lo que ha sido y es tónica de la legislatura: al llegar así a la Cámara, se mermó la capacidad de maniobra e influencia de los diputados, que al fin y al cabo son los legisladores. Pese a ello, una mayoría logró que se tramitara como proyecto de ley, y, por tanto, que se abriera la puerta a modificaciones en la redacción. El mecanismo dicta que se haga, además, por el procedimiento de urgencia.

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Resulta que una vez en la comisión, el decreto ha ido entrando en sucesivas prórrogas de plazo de enmiendas. Han sido tantas (una vez a la semana) que el texto se plantó a primeros de junio de 2021, un año más tarde, sin cambios. La hibernación alertó a los aliados del PSOE y el Gobierno se apresuró a poner fin a este letargo. Zanjada la fase de las prórrogas, la Mesa de dicha comisión tiene ahora que convocar la ponencia. Las fuentes a las que ha preguntado El Confidencial coinciden en que no saben nada aún. No obstante, el grupo socialista ha contactado con otros partidos de la Cámara para informarles de que durante los próximos días se intensificará el diálogo para buscar el consenso sobre las enmiendas. "Parece que se ve la puerta de salida, por fin", ilustra una de las fuentes.

Ya hubo reuniones del gabinete de Escrivá con la oposición durante los meses de mayo y junio para dar un empujón al trámite parlamentario, entonces completamente congelado. Desde entonces, nadie del Gobierno ha sondeado a escala parlamentaria qué disposición hay para el acuerdo.

El desorden burocrático

El ministerio de Escrivá recalca en la web que el ingreso mínimo vital "persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias", de modo que "opera como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación en la sociedad". "Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones", concluye.

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Muchas de las enmiendas se dirigirán a los llamados 'itinerarios de inclusión'. Una de las lagunas más lacerantes de la aplicación de la prestación, y por tanto de su encaje en el entramado de ayudas sociales del país, se localiza en la ausencia de dichos itinerarios, del mapa que facilitaría a un ciudadano de 45 años con renta muy baja y con impericia digital, por ejemplo, entrar en un curso de formación al respecto y aspirar a un puesto de trabajo. Como eso no se ha reglamentado, se están dando situaciones increíbles, como la oferta sobre cursos de digitalización más o menos avanzada a beneficiarios que comunicaron previamente su inexperiencia. Son episodios relatados por fuentes parlamentarias que han conocido tales casos en sus reuniones con entidades del tercer sector, también interesadas en desatascar el IMV.

Además, según la versión de una fuente de la oposición, algunos cambios en el decreto 20/2020, el del IMV, se han tramitado a través de decretos diferentes, como el del teletrabajo, lo que supone "modificaciones por la puerta de atrás".

Al Gobierno de coalición le aguardan meses decisivos. Este curso 2021-2022, incluso aunque no haya elecciones, puede dilucidar el futuro político. El de Sánchez depende en gran medida de la fortaleza del escudo social, de su coraza. De la "recuperación justa" que pretende. Dijo en el acto con el que inició el curso, en Madrid hace una semana: "No estamos como hace un año, estamos mucho mejor". Pero el ingreso mínimo vital no parece que esté mucho mejor. El presidente tiene aquí un reto enorme.