Los socios de Sánchez crean un frente contra Moncloa por la luz y ponen en jaque los PGE

La escalada de los precios de la luz ha cargado de tensión la relación entre los socios de gobierno y se extenderá también al Congreso. La gran mayoría de los partidos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez aprovecharán la negociación de los Presupuestos para presionar al Ejecutivo con el objetivo de establecer mecanismos que frenen el alza en la factura de la luz. Así lo confirman a este diario fuentes parlamentarias de ERC, EH Bildu, Compromís, Más País o BNG. Desde el PNV, han situado otro tipo de prioridades, como la transferencia del ingreso mínimo vital, pero su portavoz, Aitor Esteban, también considera necesario "abordar, sí o sí, correctamente una reforma del sistema eléctrico". Sin sus apoyos, las cuentas públicas para el próximo año podrían no salir adelante, una vez descartada la vía de Ciudadanos que, tras la concesión de los indultos a los presos del 'procés', parece irrecuperable.

Unidas Podemos también utilizará la negociación para el borrador de los Presupuestos, aunque "sin líneas rojas", según fuentes moradas del Gobierno, para que se escuchen sus exigencias en fijar precios máximos a las energías nuclear e hidroeléctrica. Hace un año, Podemos se alineó con ERC y EH Bildu para forzar políticas de vivienda a través de una enmienda a los Presupuestos. Algunas formaciones aliadas del Gobierno, como Compromís o Más País, incluso avanzan que aprovecharán cualquier asunto o negociación para elevar su presión. Entienden que es una cuestión prioritaria. "Es bastante más urgente la cosa como para esperar a los PGE", señalan fuentes cercanas a Íñigo Errejón que durante los próximos días presentarán iniciativas parlamentarias, con propuestas para bajar el precio de la luz a corto y medio plazo como mecanismos para sacar ciertas tecnologías del mercado marginalista, "asegurando una rentabilidad razonable por encima del coste".

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Los 13 votos de ERC son imprescindibles para que salga adelante el proyecto de Presupuestos, que garantizaría al Ejecutivo la estabilidad necesaria para llegar al final de la legislatura, y acudirán a la mesa de negociación con propuestas concretas para actuar contra el alza del precio de la luz. Según fuentes del entorno de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se propondrá utilizar la renovación de las concesiones administrativas de los aprovechamientos hidroeléctricos "para intervenir en los beneficios de las eléctricas limitándolos vía BOE".

Esto se realizaría bajo la forma jurídica de 'beneficio razonable', que según sostienen los republicanos ha sido reconocida por los jueces en el caso de las renovables. Defienden que esta medida tendría un efecto inmediato en la factura rebajando sus costes para la ciudadanía. Otra de sus principales propuestas, más estructural y con efectos no tan inmediatos, tiene que ver con potenciar la figura de las comunidades energéticas locales. Dentro del marco europeo, esta herramienta, vinculada al fomento de renovables, garantiza a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía.

Para ERC, la cuestión de la luz es un tema complejo que "no se soluciona con una empresa pública", debido a la situación de oligopolio

Una opción que defienden como más útil que crear una empresa pública de energía, iniciativa que Unidas Podemos ya ha registrado en el Congreso, en forma de proyecto de ley, y que rechazan los socialistas. Para ERC, la cuestión de la luz es un tema complejo que "no se soluciona con una empresa pública" debido a la situación de oligopolio, y ponen como ejemplo las experiencias municipales de Barcelona o Cádiz.

Hacienda tiene los Presupuestos avanzados y la ministra María Jesús Montero confía en presentar las cuentas "en tiempo y forma". De este modo, se pretende aprobar el proyecto de ley para el próximo año en el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre, para llevarlo inmediatamente después al Congreso. Se iniciaría así su tramitación con vistas a aprobarlos definitivamente antes de que acabe el año, agilizando la distribución de los fondos europeos. Sin embargo, la crisis de la luz y la falta de soluciones inmediatas para frenar una escalada en los precios que vienen concatenando máximos históricos han abierto una brecha tanto con Unidas Podemos como con sus socios en el Congreso que amenaza con poner en jaque esta hoja de ruta.

Opinión

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El presidente Sánchez no eludió esta problemática durante su discurso de arranque del curso político, asegurando que "el Gobierno se hace cargo de la preocupación social por la subida de la luz y actuará hasta solucionarlo". Medidas que situó dentro del marco regulatorio europeo, justificando así el rechazo a las propuestas de otros partidos, incluidas las de Unidas Podemos.

Los morados, no obstante, insisten en que se trata de aplicar modelos que ya emplean otros países del entorno como Francia. "Tenemos un marco legislativo más que suficiente para fijar un precio máximo para la energía nuclear y para la energía hidroeléctrica", aseguraba la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al igual que ha argumentado los últimos días la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde Moncloa, insisten en que las medidas para atajar la subida de la luz son complejas y en cualquier caso no inmediatas para que se ajusten al marco regulatorio europeo.

La iniciativa de los morados de crear una empresa pública de energía tampoco ha gustado a los socialistas, ni por las formas, al tratarse de una iniciativa unilateral no consensuada previamente, ni por el fondo, pues entienden que no solucionaría el problema. La proposición de ley pretende regular "la extinción del derecho al uso privativo de las aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial Producción Energética Española", según recoge el texto remitido a la Mesa del Congreso para su calificación. Uno de los principales objetivos es que esta empresa se ocupe de implementar una rebaja en la factura de la luz y trabajar de forma coordinada con las compañías públicas municipales ya creadas o que se puedan constituir en el futuro para la comercialización y la gestión de su propia energía.