Podemos condicionará su apoyo a los PGE a una intervención del precio de la luz

Los Presupuestos son para Unidas Podemos la ventana de negociación más importante con sus socios en lo que resta de legislatura. Como tal, están dispuestos a estirarla al máximo porque entienden que todo lo que no consigan arrancar ahora no acabará saliendo adelante, principalmente si son prorrogados, y las medidas para frenar la escalada del precio de la luz serán prioritarias. Los reiterados rechazos a sus propuestas para intervenir los precios, primero de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y después del propio Pedro Sánchez, al enmarcar cualquier actuación dentro del marco regulatorio europeo, no harán tirar la toalla a los morados. Más bien al contrario, elevarán el precio para pactar el borrador de los Presupuestos.

Su pretensión pasa por poner sobre la mesa reivindicaciones que tildan de "transversales", que no forman parte necesariamente de algún capítulo de gasto, pero con las que tratarán de condicionar su apoyo a las cuentas públicas. La negociación formal entre los socios todavía no ha comenzado, según señalan tanto desde Hacienda como desde Unidas Podemos, pero la lista de demandas está preparada para lo que consideran una "macronegociación con muchas piezas y variables" o "negociaciones paralelas".

Actuaciones estructurales y coyunturales para bajar el precio de la luz, la regulación de los alquileres dentro de la ley de vivienda para limitar y eventualmente bajar los precios en las zonas consideradas tensionadas o aumentar la progresividad fiscal aumentando el impuesto de sociedades se encontrarán entre las principales exigencias. Se abordarán en conversaciones paralelas entre diferentes ministerios, mientras que la negociación principal de los Presupuestos la encabezarán por una parte la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por otra el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y Josep Vendrell, jefe de gabinete de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Las diferencias entre los socios de Gobierno por las actuaciones para frenar la escalada del precio de la luz han propiciado en la coalición más tensión de la habitual durante los últimos meses. Al menos desde que Yolanda Díaz relevó a Pablo Iglesias al frente del sector de Unidas Podemos. Al cruce de reproches en público se sumaba este jueves el desafío del grupo parlamentario morado al PSOE registrando en el Congreso una propuesta de ley para crear una empresa pública de energía. Una medida no pactada con los socialistas, a quienes comunicaron su iniciativa una hora antes de presentarla.

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La iniciativa en el Congreso va en contra del protocolo de funcionamiento y coordinación del Ejecutivo de coalición. Este texto firmado por PSOE y Unidas Podemos exige que la presentación de una proposición de ley "que afecta a la acción del Gobierno o a acuerdos explícitos alcanzados en el pacto" deberá ser consensuada antes de su presentación entre ambos grupos parlamentarios, además de fijarse una posición conjunta de voto.

"Desde Unidas Podemos, entendemos que hay que actuar. No hacer nada no es una opción", justifica el líder de Alianza Verde y portavoz de los morados en la comisión de Transición Ecológica, Juan López de Uralde. De los reproches a la presión a través de los hechos consumados, la batalla entre los socios por el alza de la luz no solo no disminuirá, sino que se trasladará a la negociación para los Presupuestos. No es extraño que la tensión entre los dos sectores aumente en este contexto. Durante la tramitación de las actuales Cuentas, los de Yolanda Díaz llegaron a presentar una enmienda para prohibir los desahucios contra las cuentas del Gobierno del que forman parte, aunque posteriormente retiraron su firma. Una estrategia de presión que ahora parece intentar replicarse.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, defendía este jueves durante un acto público que existen herramientas para intervenir el mercado eléctrico dentro de la ley de cara a bajar el precio de la factura de la luz. "Tenemos un marco legislativo más que suficiente para fijar un precio máximo para la energía nuclear y para la energía hidroeléctrica", aseguraba. Lo primero sería "replicar el modelo francés, que está dentro de la normativa comunitaria" y lo segundo "sería similar a lo que ya hacemos respecto a la subasta de las renovables", exponiendo así lo que Belarra considera como "herramientas legislativas más que suficientes para poder llevar a cabo esta reforma".

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El objetivo es que cuando el precio de energías como el gas sea muy elevado, este no encarezca el de otras más baratas como la hidroeléctrica. Según los cálculos que maneja el propio partido, acarrearía un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año para la ciudadanía. La líder del sector morado en el Gobierno y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendía en la misma línea, durante una entrevista el pasado miércoles en Onda Cero, la necesidad de regular los precios de la nuclear, mencionando lo que ya hace Francia y "como hace España con las renovables".

Desde Moncloa, insisten en que las medidas para atajar la subida de la luz son complejas y en cualquier caso no inmediatas para que se ajusten al marco regulatorio europeo, más allá de las tomadas con la bajada del IVA de la factura y la suspensión del impuesto de generación eléctrica del 7%. Ambas iniciativas se mantendrán, al menos, hasta finalizar el año. En el Gobierno, se reconoce que el encarecimiento de la luz es una cuestión que ha llegado a la calle, que las encuestas alertan sobre el desgaste de esta situación, y una de sus prioridades ahora pasa por realizar pedagogía al reconocer que no han explicado bien este asunto.

Fiscalidad y alquileres

Las reformas en materia fiscal serán otras de las cuestiones que los morados llevarán a la mesa de negociación y que la parte socialista también rechaza. Concretamente, según fuentes de Unidas Podemos, sus propuestas pasan por subir en algún punto el impuesto de sociedades, reducir bonificaciones del de patrimonio y recuperar la reivindicación de reducir el IVA veterinario y los productos de higiene femenina.

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En materia de vivienda, para sacar adelante la futura ley que ya recoge el plan anual normativo para este año, Unidas Podemos se mantendrá en su exigencia de establecer mecanismos para limitar y facilitar eventuales bajadas de precios. Sin conversaciones todavía desde la vuelta de vacaciones entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales, las posiciones de partida siguen siendo las mismas, con los socialistas apostando por congelar precios en las zonas consideradas tensionadas, de forma reversible. Se trataría de obligar a los propietarios con inmuebles en estas áreas que, cuando finalice el contrato de alquiler, no se pueda subir la renta, así como aplicar bonificaciones fiscales vía IRPF para estimular que los dueños bajen los precios.

En la última reunión de la denominada Mesa Confederal de Unidas Podemos, un órgano que agrupa a todos los partidos y confluencias de la coalición morada, se decidió no ceder respecto al acuerdo ya firmado con el PSOE, que recogía, textualmente, que "en las zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los existentes". Una línea roja, por tanto. Además, entienden que si transigen en este punto, tendría un alto coste político para ellos por su deslegitimación ante los movimientos por el derecho a la vivienda con los que se identifican.