Señales de rebelión entre los socios de Sánchez ante el bloqueo de la ley de vivienda
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POSIBILIDAD DE HACER UNA LEY SIN EL PSOE

Señales de rebelión entre los socios de Sánchez ante el bloqueo de la ley de vivienda

Unidas Podemos, socio de Gobierno, y ERC, principal aliado en el Congreso, empiezan a impacientarse por la falta de avances sobre alquileres. En el Ministerio de Transporte aseguran que el acuerdo está cerca

Foto: La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en Valencia. (EFE)
La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en Valencia. (EFE)

Hace 10 meses, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegaron a un acuerdo para regular los precios de los alquileres de la vivienda mediante la aplicación de mecanismos que permitieran bajarlos. Se dieron hasta enero de 2021 para llevar la propuesta al Consejo de Ministros. Era el plazo previsto por el presidente y el entonces vicepresidente para materializar una medida clave de lo que el Gobierno denominó "escudo social". A 27 de agosto, sin embargo, sigue sin haber ley porque sigue sin haber acuerdo. Enfadados, Unidas Podemos amenaza con redoblar la presión y el malestar, mientras que ERC baraja la opción de hacer una norma a su manera y registrarla en el Congreso.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente, Pablo Iglesias. (EFE)

Fuentes del Ministerio de Transporte aseguran a El Confidencial que el pacto entre los integrantes de la coalición está cerca, aunque lo que queda no es un trayecto sencillo. A la espera de nuevas reuniones en septiembre, aún no convocadas, explican dichas fuentes que la ley de vivienda abarca varios campos, no solamente los alquileres, y todos, menos uno, estarían ya pactados. El que falta es precisamente el mecanismo de bajada de precios. Por resumir: Unidas Podemos reclama dar a las autonomías y ayuntamientos herramientas para reducirlos en las zonas tensionadas; el PSOE apuesta por incentivos fiscales y por prórrogas automáticas de los contratos, entre otras medidas.

Los primeros enfatizan que la propuesta del PSOE se queda a medio gas; los segundos ponen el acento en la falta de seguridad jurídica del instrumento por el que aboga Podemos, ya que ni puede invadir el marco competencial de las autonomías ni puede provocar una colisión con el derecho a la propiedad.

placeholder Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el Congreso.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el Congreso.

En este ambiente de estancamiento y de despecho, Ione Belarra y la nueva ministra Raquel Sánchez se reunieron a finales de julio y las sensaciones no resultaron demasiado halagüeñas. Las ministras terminaron el encuentro igual que como lo acabaron, sin concreciones ni anuncios que dar. Se emplazaron a la vuelta de las vacaciones, lo que ya se ha producido, y no parece, por lo hablado por El Confidencial con fuentes de ambas formaciones y ambos ministerios, que el acercamiento y la sintonía sean las notas dominantes. Al contrario.

Repercusiones en el Congreso

Uno de los partidos que con más interés está observando los acontecimientos es Esquerra. El portavoz parlamentario de la formación independentista, Gabriel Rufián, transmitió a la dirección socialista antes del descanso estival que sus prioridades serían en otoño la nueva ley de memoria democrática, los Presupuestos Generales del Estado y la regulación de los alquileres, han señalado fuentes parlamentarias a El Confidencial. También se lo dijo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Nada de lo que está conociendo de los tres ámbitos le gusta demasiado, al menos momentáneamente. Sin embargo, una de sus peticiones prioritarias, que haya una regulación de los alquileres que siga los pasos de la norma catalana, está generando señales de rebelión. ERC sopesa ya hacer una proposición de ley y presentarla en el Congreso.

Foto:  EL ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (i), y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, (EFE)

Unidas Podemos apoyaría la iniciativa si recoge las demandas que considera primordiales y siempre y cuando el diálogo con el Ministerio de Transporte siga sin dar frutos, puntualizan sus fuentes. Las de Más País avanzan también el sí de su partido a la medida si coincide con sus postulados. Añade la formación de Íñigo Errejón que la regulación de los alquileres, así como otras cuestiones que serán troncales en la nueva ley de vivienda, fue un compromiso del PSOE con sus aliados parlamentarios, por lo que insta al Gobierno a que acelere las conversaciones y asfalte un acuerdo inminente. En similares términos se expresan fuentes de otros grupos que facilitaron la investidura y que suelen respaldar las propuestas de la coalición. Esas señales de rebelión son notorias en algunos casos.

La ley catalana es un ejemplo a seguir para las siglas políticas alineadas con la coalición

ERC sería el partido que coja la batuta en el Congreso, habida cuenta de que Podemos baraja la interposición de una ley propia como último recurso. En la dirección del partido catalán eluden dar plazos o ultimátum, pero sí aprestan al pacto en el seno del Ejecutivo. Las fuentes de este partido recuerdan que la ley catalana está en vigor a pesar del recurso del Gobierno, recurso que apunta al marco competencial, pero no al fondo ni al contenido, de ahí la vigencia. Esa ley es un ejemplo para las siglas que se consideran alineadas con los socios de la coalición, ya que articula mecanismos para bajar los precios de los alquileres en las zonas más tensionadas. Sin embargo, está recurrida, y no sólo por el Gobierno, sino también por el PP. El Tribunal Constitucional despejará las dudas.

Las advertencias de Transporte

De todos los frentes que PSOE y Unidas Podemos mantienen activos, el de la vivienda es el más enrarecido. La regulación del precio de la luz es una discrepancia que ambas partes, por ahora, tienen domada. De hecho, los ministerios de Derechos Sociales y de Consumo han iniciado conversaciones con el departamento de Teresa Ribera para explorar una serie de opciones, como las fijaciones de precios fijos y máximos en las fuentes hidroeléctricas y nuclear del mercado energético. Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios de morados y socialistas hablarán para dilucidar si apoyan una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

Pacificado por ahora el frente de Ceuta, ya que los procesos de retorno se harán conforme a la Ley de Extranjería, en la que prevalece el interés superior del menor, y aletargado el examen de la nueva regulación de memoria democrática, las desavenencias brillan en la negociación sobre los alquileres.

Brillan demasiado, incluso. En Unidas Podemos han decidido subir un tono el volumen de sus críticas. Las fuentes consultadas echan la vista atrás para remarcar que con el exministro José Luis Ábalos el PSOE únicamente cumplió una parte del acuerdo, lo que revela una forma de negociar y de gestionar que en ocasiones exaspera al sector morado del Ejecutivo. Es cierto, indican, que hay mucho dinero en medio, muchos intereses, entre ellos los de bancos y fondos de inversión, pero "si el Gobierno es progresista, que lo es, es una ley crucial".

Dichas fuentes, además, apuntan que el compromiso es compartido en "todo el espacio confederal" porque, en julio, se reunieron los representantes de los partidos que lo componen (Podemos, IU, En Comú...) y se conjuraron para hacer de la nueva ley de vivienda una causa mayor. Díaz estuvo ese día y se mostró conforme.

Pero en el ministerio las fuentes con las que ha contactado El Confidencial ofrecen una versión muy distinta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el proyecto de ley que salga de meses y meses de conversaciones debe contar con una inequívoca seguridad jurídica, de manera que, si la negociación tiene que ralentizarse, se ralentiza. Las prisas, en este caso, no son buenas compañeras de viaje.

Foto: El ministro de Transportes, José Luis Ábalos (i), la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la última reunión del Consejo de Ministros. (EFE)

Parece, argumentan las fuentes, que la redacción más o menos perfilada fuera una fuente de desacuerdos constantes cuando la realidad es que está todo arreglado menos lo que concierne a los mecanismos de bajada del alquiler, o al menos de su contención. El Ministerio de Transporte puntualiza que lo relativo al parque público, el blindaje de las VPO o los derechos de arrendadores y arrendatarios está muy avanzado, si no definido entre ambas partes. Asimismo, otras cuestiones como los desahucios o la ocupación de viviendas vacías han recibido impulsos destacables. Queda por solucionar los alquileres.

placeholder Raquel Sánchez y José Luis Ábalos en el acto de traspaso de carteras. (EFE)
Raquel Sánchez y José Luis Ábalos en el acto de traspaso de carteras. (EFE)

El ministerio que antes dirigió José Luis Ábalos defiende la contención de los precios a través de incentivos fiscales en el IRPF, de prórrogas automáticas de tres años de los contratos de alquiler en las zonas tensionadas y de la prohibición de que suban los precios si el inquilino se va y llega otro, a no ser que el propietario haga obras que mejoren ostensiblemente la habitabilidad. Con eso, subrayan las fuentes, se ayuda a que los precios se estabilicen. Además, si a estas se une la apuesta por un mercado público de viviendas de alquiler, la previsión es que las rentas queden controladas y se acoten las subidas abusivas.

"No es suficiente", aseguran las fuentes de Unidas Podemos al ser preguntadas por el planteamiento de Transportes, que negocia la nueva ley por medio de la Secretaría General de Vivienda. "No podemos hacer una chapuza que luego tumbe el Constitucional", afirman las del Ministerio de Raquel Sánchez.

Queda un desacuerdo que pulir, pero no sería la primera vez que, por una divergencia en un aspecto importante de un proyecto, se derrumba el acuerdo en todo lo demás.

Hace 10 meses, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegaron a un acuerdo para regular los precios de los alquileres de la vivienda mediante la aplicación de mecanismos que permitieran bajarlos. Se dieron hasta enero de 2021 para llevar la propuesta al Consejo de Ministros. Era el plazo previsto por el presidente y el entonces vicepresidente para materializar una medida clave de lo que el Gobierno denominó "escudo social". A 27 de agosto, sin embargo, sigue sin haber ley porque sigue sin haber acuerdo. Enfadados, Unidas Podemos amenaza con redoblar la presión y el malestar, mientras que ERC baraja la opción de hacer una norma a su manera y registrarla en el Congreso.

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