El PSOE plantea rebajas de entre el 50 y el 90% del IRPF para limitar el precio de alquiler

Nueva reunión entre los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos para concretar la futura ley de vivienda y nuevo desencuentro. La propuesta de los socialistas de regular los alquileres a través de incentivos fiscales y movilizar la vivienda vacía con reducciones del IBI ha sido rechazada por los morados, que insisten en la necesidad de establecer penalizaciones. Entienden que los fondos de inversión "podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora" y que la medida "no solo incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler, sino que además es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas".

La propuesta del Ministerio de Transportes, que ha sido coordinada con el Ministerio de Hacienda, se sostiene sobre la base de que una mejora de la regulación del IRPF "estimulará el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles". Para ello se propone establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50%, que actualmente se sitúa en el 60%, y que este porcentaje sea modulable. En las zonas consideradas tensionadas, la rebaja será del 70% por incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, incorporación a planes de vivienda social, cesión o alquiler a entidades sin ánimo de lucro o alquiler a jóvenes entre 18 y 35 años. Se contempla también el supuesto de reducciones para quien alquile a familias con ingresos reducidos, pero el porcentaje en este caso todavía no se ha determinado.

Las reducciones serán de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Siempre que los alquileres se ubiquen en las zonas calificadas como tensionadas, que corresponden principalmente a los centros urbanos, zonas gentrificadas o con altos porcentajes de vivienda destinada al alquiler turístico. En el caso de un alquiler de viviendas a un precio limitado por una norma jurídica (vivienda protegida) la rebaja será del 60%, como en la actualidad, así como para el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas. De no incluirse el alquiler en ninguno de estos supuestos, el IRPF será del 50%, la base que se impondría en nueva normativa de vivienda.

De cara a movilizar las viviendas vacías, el PSOE se plantea hacerlo a través de recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad. Se trata de una posibilidad que ya recoge la ley reguladora de haciendas locales desde 2004, pero que nunca se ha podido desarrollar por la falta de una definición homogénea a nivel estatal del concepto de vivienda vacía. Ahora, coincidiendo con las negociaciones en el seno del Gobierno para la futura ley estatal de vivienda, se pretende acabar con esta indefinición, precisando el concepto y características de una vivienda vacía para que los tribunales no tumben, como hasta ahora, el intento de algunas entidades locales a la hora de poner en práctica este recargo. La propia jurisprudencia da cuenta de la necesidad de regular esta cuestión con una norma estatal.

Esta es una de las medidas que se están planteando incluir en la futura ley de vivienda, según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Desde Unidas Podemos, sin embargo, apuestan por un nuevo impuesto estatal que grave las viviendas vacías, y fuentes de la formación cercanas a las negociaciones lamentan la "falta de ambición" del PSOE y el escaso efecto de este tipo de medidas, como el recargo del IBI, para incentivar el acceso a la vivienda. Su propuesta, según fuentes de Unidas Podemos, pasa por "un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con tramo autonómico".

La intención de los morados de cargar con un impuesto estas viviendas va en línea con la norma aprobada en la Comunidad Valenciana por PSOE, Compromís y Unidas Podemos para gravar a los grandes tenedores de viviendas que lleven más de dos años vacías. Los socialistas insisten en dotar la nueva norma de seguridad jurídica y consideran que la creación de un nuevo gravamen de estas características podría suponer una doble imposición.

El texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales se refiere genéricamente a "inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente". El objetivo, por tanto, es desarrollar este concepto para evitar como hasta ahora que los tribunales tumben su aplicación. En este caso, según recoge el artículo 72 del texto refundido de la ley, "los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto" y, dentro de este límite, "determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o varios en función de la duración del periodo de desocupación del inmueble".

Desde el equipo negociador de Unidas Podemos que lidera la actual secretaria de Estado y futura ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ya avanzaban su intención de bloquear las compensaciones planteadas para los grandes propietarios que se vean afectados por la bajada del precio de los alquileres vía exenciones fiscales. Unos mecanismos que entienden que no facilitarían las bajadas de precios. De hecho, desde la vicepresidencia segunda, que dirige Pablo Iglesias, incluso se han desarrollado informes sobre el efecto de las bonificaciones en otros países para intentar demostrar su ineficacia.

En una nota de análisis económico bajo el título 'La experiencia de incentivos fiscales en Portugal como medida de contención de los precios del alquiler', abundan en que este programa del país vecino es "un fracaso" al no cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres. La burbuja del alquiler, añaden las mismas fuentes moradas, "no debe sostenerse con fondos públicos, sino que debe ser pinchada de una vez por todas". Desde el Ministerio de Transportes, defienden en cambio que la actual reducción del 60% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual "introdujo un significativo aumento de la oferta de alquiler declarado, si bien carece actualmente de un mecanismo corrector que favorezca la moderación en los precios del alquiler y se concentre en las zonas con mayores problemas de oferta".