El Gobierno ratifica el plan de la Agenda 2030 con compromisos para regular los alquileres

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las directrices de la Agenda 2030, que desarrollan su estrategia de desarrollo sostenible, y por la que se compromete a regular los alquileres. En medio de las negociaciones para la futura ley de vivienda, con amplias divergencias entre los socios respecto a la regulación, el texto aprobado se compromete a poner freno "a las subidas abusivas del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios". No se trata por tanto solo de evitar subidas abusivas, sino también de facilitar eventuales bajadas en las zonas especialmente tensionadas. "Dicha cuestión será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda", según recoge el documento al que ha tenido acceso este diario.

[Acceda aquí al texto íntegro de las directrices de la Agenda 2030]

En esta misma materia, el documento elaborado desde la vicepresidencia segunda del Gobierno, que dirige Pablo Iglesias, incluye también medidas para frenar los desahucios a familias vulnerables sin posibilidad de realojo. Se establecen así medidas para asegurar el "realojo inmediato", a través de alquiler social y establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de dicho procedimiento. "Todo ello debe realizarse con el objetivo de cumplir el compromiso del Gobierno", se insiste en el texto.

La posición del PSOE en las negociaciones pasa por incentivar la regulación de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda a través de desgravaciones, mientras que la de los morados se centra más en hacerlo mediante penalizaciones fiscales. El Ministerio de Hacienda también está analizando las diferentes fórmulas, inclinándose por evitar las medidas sancionadoras. Entre estas medidas, los socialistas se plantean movilizar las viviendas vacías a través de recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad. Se trata de una posibilidad que ya recoge la ley reguladora de haciendas locales desde 2004, pero que nunca se ha podido desarrollar por la falta de una definición homogénea a nivel estatal del concepto de vivienda vacía.

Para Unidas Podemos, la regulación de los alquileres mediante incentivos fiscales no puede funcionar porque, al ser voluntario, consideran que al propietario no le compensa. Más aún en sitios donde el mercado está especialmente tensionado con precios muy elevados, argumentan. "Los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría" para los propietarios la limitación de precios, se sostiene en alguno de los informes que han elaborado analizando este tipo de experiencias en otros países. Su propuesta pasa por "un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con tramo autonómico".

Todas las cuestiones recogidas en el documento, también las relativas a la regulación de los alquileres, son compartidas tanto por PSOE como por Unidas Podemos, según ha explicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aunque matizando que existen diferencias respecto a los mecanismos para implantarlas. "El debate no es en torno a al acuerdo de gobierno, sino sobre los instrumentos que permiten viabilizar de manera efectiva y que contribuya a rebajar precios del alquiler" en las zonas tensionadas. "Sobre a dónde queremos llegar no hay debate, es sobre la forma", ha insistido. Todo ello, según ha añadido en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, "velando por la seguridad jurídica".

El Gobierno se compromete en el mismo texto aprobado este martes a que la contratación indefinida sea “la norma” en el mercado de trabajo, “a diferencia de lo que hoy sucede”. En esa línea, también se ha marcado el objetivo de que nuestro país cuente “con un mecanismo de sanciones y desincentivos suficientemente disuasorios” para acabar con el "uso abusivo" de la contratación temporal, cuyo uso generalizado dañaría la calidad del empleo. Al respecto del sistema fiscal, se señalan algunas carencias, como el elevado peso de la imposición sobre las rentas del trabajo frente a las de capital y de los impuestos indirectos frente a los directos, así como la extensión de los beneficios fiscales (deducciones, bonificaciones y exenciones), que “genera una importante pérdida de recaudación al sistema impositivo”.

El informe considera el acceso a la vivienda como "uno de los principales problemas sociales que enfrenta nuestro país, un factor generador de desigualdad y elemento clave en el análisis del riesgo de pobreza de la población y, por tanto, en su abordaje". El gasto promedio se considera "excesivo conforme a los estándares internacionales", incluyendo también el coste de los suministros básicos del hogar. En este sentido, la estrategia aprobada se compromete a avanzar hacia un modelo automático en la concesión de la prestación del bono social, "sin que medie la necesidad de hacer frente a los costosos trámites burocráticos actuales que suponen una barrera para el acceso, que asimismo contemple la universalidad de fuentes de suministro".

El Consejo de Ministros también ha aprobado recurrir ante el Tribunal Constitucional uno de los artículos de ley de medidas fiscales de la Generalitat. De entre los siete artículos susceptibles de recurso, el Gobierno y la Generalitat llegaron a un acuerdo sobre seis de ellos en la comisión bilateral, pero no en el relativo al artículo 88, por lo que se recurrirá por parte del Ejecutivo al entender que la comunidad autónoma excede su competencia en materia de establecimiento de impuestos. El nuevo estatuto general de la abogacía también ha salido adelante en la reunión celebrada este martes, así como una nueva adquisición de 17 millones de dosis de la vacuna de Moderna.