El PSOE se abre a estudiar el impuesto a la vivienda vacía que reclama Unidas Podemos

Los equipos negociadores del Ministerio de Transportes y de la vicepresidencia segunda volvieron a reunirse este miércoles para avanzar en el desarrollo de la futura ley de vivienda. El encuentro se saldó sin avances en medidas concretas y constatando el choque de dos posiciones casi antagónicas: la de los socialistas, que pasa por incentivar la regulación de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda a través de desgravaciones, y la de los morados, que se centra más en hacerlo mediante penalizaciones fiscales. Sin embargo, desde el PSOE se han abierto a estudiar el impuesto a la vivienda vacía que reclama Unidas Podemos, partiendo de la base de que coinciden con sus socios en la necesidad de movilizar estos inmuebles, aunque no necesariamente en los mecanismos para materializarlo.

El Ministerio de Hacienda también está analizando las diferentes fórmulas, inclinándose por evitar las medidas sancionadoras. Los mecanismos para regular los precios del alquiler siguen siendo el principal escollo en las negociaciones. En este caso, no solo por los mecanismos, sino también porque Unidas Podemos exige que el objetivo no se limite únicamente a evitar subidas abusivas, sino también a producir bajadas de los precios del alquiler en aquellas zonas especialmente tensionadas. Para ello, esgrimen el acuerdo firmado con el PSOE, donde se recogía que en las zonas de mercado tensionado "se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". Los socialistas esgrimen, además de la "seguridad jurídica", la necesidad de que la ley "no tenga efectos secundarios" desincentivando la salida de propietarios del mercado del alquiler.

La propuesta de los morados para incentivar la salida al mercado de inmuebles desocupados sigue la estela de la norma aprobada en la Comunidad Valenciana por PSOE, Compromís y Unidas Podemos para gravar a los grandes tenedores de viviendas que lleven más de dos años vacías. Al margen de esta fórmula para movilizar la oferta de vivienda, "pendiente de estudio", los socialistas también mantienen conversaciones con los fondos de inversión, según fuentes del ministerio que dirige José Luis Ábalos.

El objetivo pasa por negociar su participación en la creación de un parque de vivienda social con precios ajustados a los índices de referencia establecidos por el departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se busca así que los grandes tenedores de vivienda colaboren con la Administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precios asequibles.

Las divergencias de partida todavía no se han solventado y los avances son limitados, sin ni siquiera lograr avanzar en la definición de los conceptos básicos como el mismo de vivienda vacía o de gran tenedor (que los socialistas quieren mantener en 10 propiedades y los morados reducir a cinco). Con todo, se celebra que al menos se hayan consensuado los objetivos y, tras la conversación mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, este martes, el clima haya sido "más relajado".

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Una mayor receptividad, después de las acusaciones de Unidas Podemos de intentar incumplir el acuerdo programático, por la que los equipos encabezados por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, se han emplazado a seguir trabajando y celebrar un nuevo encuentro presencial la próxima semana. El objetivo es llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros antes de que finalice el próximo mes de marzo, lo cual supondría un mes de retraso sobre los plazos comprometidos.

Unidas Podemos reclamó en la reunión una mayor urgencia porque "este nuevo plazo está muy alejado" del fijado en el acuerdo presupuestario, pero desde la parte socialista insisten en la necesidad de desarrollar la ley con las máximas garantías legales y seguridad jurídica, de cara a evitar un hipotético recurso en el Tribunal Constitucional. Este mismo martes, tras la celebración del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, insistía en que "no vamos a comprometer la seguridad jurídica de lo que vamos a legislar por poner fechas concretas a lo que traemos al Consejo de Ministros".

Desde la parte morada del Ejecutivo, han resaltado la falta de acuerdo en materia de desahucios, de viviendas vacías y, especialmente, en lo relativo a la regulación de los precios del alquiler. Entre los mecanismos que reclaman para facilitar "eventuales bajadas", en línea con las organizaciones sociales con las que trabajan, destacan la toma como referencia del precio del contrato del arrendamiento anterior o tener en cuenta variables como los ingresos o las tasas de paro en una determinada zona para establecer medidas que se ajusten a destinar no más de un tercio de los ingresos al alquiler. Este mismo jueves, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, se reunirán con los sindicatos y organizaciones sociales y colectivos en defensa de la vivienda digna firmantes de la 'Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda'.

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Si bien desde el PSOE todavía no han bajado al detalle de su propuesta para regular los alquileres a través de incentivos fiscales, la vicepresidencia segunda se ha adelantado de forma preventiva elaborando informes para argumentar su ineficacia. En una nota interna de análisis económico titulada 'La experiencia de incentivos fiscales en Portugal como medida de contención de los precios del alquiler', concluyen que "el motivo principal del fracaso es que para los propietarios los beneficios fiscales que incluye la iniciativa (exención del pago del IRPF aplicable al alquiler y reducción del IBI) no resultan atractivos y señalan que la tabla de alquileres registra precios muy inferiores a los del mercado, por lo que los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa".

El modelo portugués se centra en incentivos fiscales a los propietarios de viviendas que decidan alquilarlas a un precio un 20% por debajo del valor de referencia del arrendamiento. Dicho valor de referencia se calcula con base en diversos factores como la ubicación, la superficie de la vivienda (m2), instalaciones, la certificación energética y los precios de alquiler de la zona. Al mismo tiempo, se establece un límite general por tipo de vivienda y municipio. Si el 80% del valor de referencia supera este límite, el alojamiento solo podrá ser incluido en el programa por el valor del límite.

En el Ministerio de Transportes, por su parte, remarcan "la solidez y rigor" de las propuestas orientadas a las desgravaciones, tildándolas de "garantistas" con el derecho a la vivienda y "alejadas de iniciativas que no resuelvan los problemas existentes". Al mismo tiempo, subrayan la necesidad de que la futura ley sea "representativa de toda la sociedad española, que nazca desde el acuerdo con todos los sectores sociales" y que "huya de sectarismos".