Las ayudas a grandes tenedores atascan la negociación PSOE-UP para regular alquileres

Las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos sobre la nueva ley estatal de vivienda están ralentizando el ritmo de las negociaciones y alejan el compromiso de aprobarla en el Consejo de Ministros de este mes de febrero para arrancar su tramitación parlamentaria en marzo. Los morados aventuran que al menos se retrasarán un mes más los plazos comprometidos debido a la falta de avances, mientras que los socialistas siguen mostrándose optimistas. A falta de constatar cómo siguen evolucionando los trabajos, indican fuentes del Ministerio coproponente de la ley, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mantienen que "hay un calendario pactado de mutuo acuerdo para avanzar en el desarrollo de la ley que nos lleva a la segunda quincena de febrero". Sin embargo, el desarrollo de la ley se ha topado ya con choques entre los socios en cuestiones fundamentales, sobre todo las relativas a posibles exenciones fiscales para los grandes tenedores de vivienda. Cuestiones que se han pospuesto para poder seguir avanzando en otras cuestiones más técnicas.

La vicepresidencia 2ª ha desarrollado informes sobre el efecto de las bonificaciones en otros países para intentar demostrar su ineficacia

A falta de aterrizarse este bloque de las negociaciones, desde Unidas Podemos avanzan ya su intención de bloquear las compensaciones planteadas para los grandes propietarios que se vean afectados por la bajada del precio de los alquileres vía exenciones fiscales. Unos mecanismos que entienden que no facilitarían las bajadas de precios. De hecho, desde la vicepresidencia segunda, que dirige Pablo Iglesias, incluso se han desarrollado informes sobre el efecto de las bonificaciones en otros países para intentar demostrar su ineficacia. En una nota de análisis económico bajo el título 'La experiencia de incentivos fiscales en Portugal como medida de contención de los precios del alquiler', abundan en que este programa del país vecino es "un fracaso" al no cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres.

La bonificación a través de impuestos, manteniendo o aumentando las exenciones a quienes alquilen a un precio conforme al índice de referencia elaborado por el ministerio y elevando la fiscalidad a quien los supere, es uno de los mecanismos que se habrían puesto sobre la mesa, sin darse cifras. Fuentes del ministerio que dirige José Luis Ábalos rehúyen la polémica señalada por sus socios al asegurar que todavía no se ha concretado ningún planteamiento con respecto a la fiscalidad. "Los grupos de trabajo están trabajando y todavía no se ha concretado nada en ese sentido", explican. En lo que sí asoma un principio de acuerdo es respecto a la exclusión de los pequeños propietarios de la regulación del alquiler.

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Las compensaciones a grandes tenedores de vivienda —propietarios con más de diez inmuebles— ya fue un tema de discusión entre socialistas y morados en las negociaciones sobre el decreto para paralizar los desahucios durante el estado de alarma. Finalmente se llegó a un acuerdo para compensarlos económicamente, pero solo en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, quedando excluidos así los propietarios que tuvieran viviendas vacías.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, reconocía este viernes durante su intervención en la ejecutiva del partido la existencia de "profundas discrepancias con el PSOE" al respecto de la futura ley de vivienda, para concluir que "llegar a un acuerdo no va a ser nada sencillo". Trasladó asimismo al resto de la dirección del partido las presiones que estarían ejerciendo las "patronales inmobiliarias" y fondos de inversión al Gobierno de coalición "para que no se pongan límites a los intereses de los rentistas y especuladores". Unas presiones que, según trasladan otras fuentes del partido, no se dirigirían tanto al ministerio coproponente de la ley, sino a la vicepresidencia económica. Su objetivo sería evitar que se depreciasen sus activos inmobiliarios.

"Si alguien piensa que vamos a conformarnos con paralizar los desahucios solo hasta mayo, se equivoca", insistía Iglesias

El desarrollo de la ley de vivienda se plantea como una de las próximas grandes discusiones en el seno del Gobierno de coalición, y los morados ya avanzan que prefieren un proyecto más acorde a sus reivindicaciones a que se cumplan los plazos pactados. Su principal batalla se centrará en frenar y condicionar las compensaciones a los grandes propietarios, pero también respecto a la regulación de los desahucios, otras de las cuestiones que se incluirán en este proyecto. El ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, José Luis Ábalos, ya avanzó en un pleno del Congreso que esta norma incorporaría un "marco legislativo adecuado" para mejorar "las garantías legales y procesales" para personas afectadas por procedimientos de desahucio, "como garantías del cumplimiento del derecho a la vivienda".

"Si alguien piensa que vamos a conformarnos con paralizar los desahucios solo hasta mayo (plazo que establece la prórroga en vigor coincidiendo con el fin del estado de alarma), se equivoca", insistía también Iglesias en la reunión de la ejecutiva de este viernes añadiendo que "en esto vamos a ser muy cabezones". El objetivo de los morados es que, en línea con lo recogido en el programa de Gobierno, se ofrezca un alquiler social a las personas desahuciadas y que los grandes tenedores se vean implicados de alguna manera en la búsqueda de soluciones, ya sea fomentando que pongan en alquiler viviendas vacías o reduciendo los precios de los alquileres en las zonas altamente tensionadas.

El programa de Gobierno firmado por los socios de la coalición recoge que "se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional". Asimismo, se compromete a estudiar "obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda" y a que, como se recogió en el decreto que será efectivo hasta que remate el estado de alarma, "se establezca un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional".

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El acuerdo base firmado por PSOE y Unidas Podemos para desarrollar esta ley parte de que se crearán "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", siempre ajustándose a unos índices de precios de alquileres previamente establecidos. De este modo, "se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda".

Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tendrán la capacidad de establecer sus propios índices de precios, y se convalidarán los que ya tengan avanzados. En base a ello, estas administraciones también podrán declarar "una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler". Estas declaraciones deberán ser "con carácter temporal y excepcionalmente".

La referencia de la ley catalana

Desde el sindicato de inquilinos que, según el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos vinculado a los Presupuestos, es una de las entidades a las que se hace mención expresa para buscar el consenso de la ley con agentes sociales, ponen como su referente la actual normativa catalana de alquileres. "Ahora mismo el problema no son tanto las subidas abusivas, sino que en el futuro los precios puedan volver a subir", así como favorecer que los alquileres especialmente altos "se puedan ir bajando de forma progresiva equiparando alquileres con salarios, que ahora están desvinculados", señala el coportavoz del sindicato, Jaime Palomera. En esta línea se han estado promoviendo mociones a nivel municipal, como recientemente en Zaragoza e Ibiza, instando al Gobierno central a aprobar una ley estatal de vivienda en dichos términos.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del PP contra esta ley, ante lo que urgen desde el sindicato de inquilinos que la ley estatal sirva para blindarla. "El reto ahora es que el Gobierno del Estado la blinde y permita que otras comunidades puedan regular el alquiler. Hay muchas presiones de los fondos para tumbar la ley catalana y paralizar la estatal", afirma Palomera. De lo contrario, advierte, se podría generar una situación "altamente inflamable porque se leerá como un ataque contra las familias que se están beneficiando de esta regulación y contra la soberanía de los parlamentos (autonómicos) para poder regular".