El Gobierno se plantea excluir a los pequeños propietarios de la regulación del alquiler

El debate en el seno del Gobierno para articular legalmente la regulación del precio de los alquileres apenas ha comenzado y ya han surgido las primeras diferencias entre los socios de la coalición. La intención del sector socialista pasa por dejar fuera de la regulación a los pequeños propietarios, estableciendo una excepción para ellos en la norma general, mientras desde Unidas Podemos avanzan que presionarán con el objetivo de que "la regulación sea para todos los propietarios". La intervención del mercado de alquileres se llevará a cabo mediante la nueva ley de vivienda, con el compromiso ratificado entre socialistas y morados de aprobarla en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y de llevarla al Congreso para su aprobación al mes siguiente.

Los coproponentes de la nueva norma serán el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, y la vicepresidencia segunda al frente de la que está Pablo Iglesias. El peso de las negociaciones por parte del sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo lo está llevando la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan a que en el sector socialista, además de Ábalos, está ejerciendo un papel determinante la vicepresidenta económica Nadia Calviño. A esta última atribuyen una mayor interlocución con los agentes del sector y los denominados "fondos bruite".

La pretensión de focalizarse únicamente en los grandes tenedores tiene varios antecedentes. El último, en el escudo social con el que el Gobierno acompañó las medidas del estado de alarma decretado el pasado mes de marzo. Concretamente, en la moratoria en el pago de la renta para las personas afectadas por la crisis sanitaria y económica, que solo afectó a grandes tenedores. Esto es, propietarios con diez o más viviendas en el mercado.

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La última reforma de ley de arrendamientos urbanos, de marzo del año pasado, también estableció diferencias entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Por ejemplo, se establecía una duración mínima de los contratos de cinco años para los primeros y de siete para los segundos. La obligación de correr con los gastos de gestión para formalizar los contratos también se hacía exclusiva para los grandes tenedores, mientras que en el caso de los pequeños propietarios pueden seguir repercutiéndolos en los inquilinos.

La apuesta de Unidas Podemos es que la regulación de los precios sea general, estableciendo solo una excepción. Se trataría de excluir solamente a los propietarios en situación de vulnerabilidad, cuyos recursos procedan casi íntegramente de la renta del alquiler, por lo que en cualquier caso no se trataría de propietarios con hasta nueve viviendas en el mercado. En el caso de los primeros borradores para la nueva ley de vivienda, los socialistas todavía no han concretado lo que entienden como pequeño propietario -el número de inmuebles en alquiler por debajo del cual se establecería la excepción a la norma-. El principal argumento puesto sobre la mesa para establecer una excepción en la ley a los pequeños propietarios es que muchos de ellos podría reaccionar quitando sus inmuebles del mercado del alquiler.

El debate sobre si frenar o acelerar la regulación de los alquileres ya generó fricciones en el seno del Ejecutivo. El ministro de Transportes defendía un aplazamiento debido a que consideraba que se debía esperar hasta superar la crisis porque el mercado se estaría desestabilizando por la pandemia. Desde Unidas Podemos, por otra parte, reclamaban justo lo contrario, que la regulación debía implantarse de forma urgente por la pérdida de poder adquisitivo de la población en el actual contexto de recesión económica. Así se llegó al final de la negociación para el proyecto de Presupuestos y los morados se plantaron: solo darían su visto bueno a las cuentas si se cerraba un compromiso para sacar adelante la regulación, como finalmente sucedió.

El ministro Ábalos defendía un aplazamiento debido a que consideraba que se debía esperar hasta superar la crisis del coronavirus

El acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos comprende la creación de "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", siempre ajustándose a unos índices de precios de alquileres previamente establecidos. De este modo, "se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda".

Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tendrán la capacidad de establecer sus propios índices de precios, y se convalidarán los que ya tengan avanzados. En base a ello, estas administraciones también podrán declarar "una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler". Estas declaraciones deberán ser "con carácter temporal y excepcionalmente".

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En los últimos días, desde la vicepresidencia segunda se está presionando también para que se paralicen todos los desahucios cuando la familia no tenga alternativa habitacional, incluidos los producidos por impago del alquiler o por fin del contrato, durante el tiempo que dure el nuevo estado de alarma. "Pensamos que en pleno estado de alarma que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios", explicaban fuentes de la formación.

La futura ley estatal de vivienda, servirá por otro lado para dar cobertura legal a la norma de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas recientemente aprobada por el Parlament. Sobre esta última, pesan dudas de inconstitucionalidad y de carecer de base legal al atribuirse competencias que no tiene Cataluña y vulnerar las del Estado, pero según fuentes conocedoras de las negociaciones sobre la futura ley estatal, uno de los efectos que tendría es "dar cobertura" a la ley catalana. La intención del Gobierno pasa por ampliar competencias a las comunidades autónomas e incluso entidades locales, aunque se valora también añadir una disposición adicional que lo especifique. Estas mismas fuentes descartan que esté previsto por el Gobierno presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley catalana.