La regulación de alquileres dará cobertura a la ley catalana y descarta el recurso al TC

La futura ley estatal de vivienda, por la que se regularán los alquileres, servirá para dar cobertura legal a la norma de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas recientemente aprobada por el Parlament. Sobre esta última, pesan dudas de inconstitucionalidad y de carecer de base legal al atribuirse competencias que no tiene Cataluña y vulnerar las del Estado, pero según fuentes conocedoras de las negociaciones sobre la futura ley estatal, uno de los efectos que tendría es "dar cobertura" a la ley catalana. La intención del Gobierno pasa por ampliar competencias a las comunidades autónomas e incluso entidades locales, como ya adelantó el titular del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, que será coproponente de la nueva ley junto a la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias.

Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tendrán así la capacidad de establecer sus propios índices de precios, y se convalidarán los que ya tengan avanzados. Con base en ello, estas administraciones también podrán declarar "una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler". Estas declaraciones deberán ser "con carácter temporal y excepcionalmente". De hecho, el compromiso es que la ley de vivienda se elabore en cooperación con las administraciones autonómicas y locales, además de buscar el consenso con los agentes sociales, realizando mención expresa a los sindicatos de inquilinos e inquilinas. Estos últimos han sido protagonistas en la articulación e impulso de la ley catalana.

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Estas mismas fuentes descartan que esté previsto por el Gobierno presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley catalana. En cualquier caso, antes de ello se plantearía un proceso de negociación, de forma paralela al desarrollo de la nueva ley. Y el compromiso alcanzado entre los socios de la coalición gubernamental, PSOE y Unidas Podemos, es aprobar la ley de vivienda en el Consejo de Ministros antes de que remate el próximo mes de febrero y llevarla al Congreso al mes siguiente.

El acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos comprende la creación de "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", siempre ajustándose a unos índices de precios de alquileres previamente establecidos. De este modo, "se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda".

Esta medida estaba incluida en el acuerdo programático de la coalición de gobierno, pero los socialistas pretendían aplazarla hasta que el mercado se estabilizase después de la pandemia. Se entendía que por la situación actual el mercado "no se está comportando de forma normalizada". Motivo por el cual se veía necesario "despejar incertidumbres" antes de materializar esta medida. Sin embargo, desde el sector morado del Gobierno, se defendía todo lo contrario, que la regulación era más urgente en este contexto de crisis económica, y llegaron a vincular el acuerdo de Presupuestos a que se ratificase y se estableciese un plazo para su aprobación, como finalmente ha sucedido.

Ábalos avanzó en el Congreso que la regulación de los alquileres será "una medida oportuna, tasada, ponderada y proporcional"

El ministro Ábalos avanzaba este miércoles durante el pleno del Congreso que la regulación de los alquileres será "una medida oportuna, ponderada, tasada y proporcional", además de que la ley de vivienda incorporará un "marco legislativo adecuado" que mejorará "las garantías legales y procesales" para personas afectadas por procedimientos de desahucio "como garantías del cumplimiento del derecho a la vivienda".

Sobre la inconstitucionalidad de la norma catalana, remarcó que es una cuestión que le corresponde valorar al Ministerio de Administraciones Públicas y Política Territorial, que "tendrá que ver si hay o no elementos de constitucionalidad", pero que antes de presentar cualquier recurso se abriría una negociación. Unos días antes, en una entrevista con 'El Periódico de Catalunya', había asegurado que el proyecto de ley del Gobierno "va a intentar eludir cualquier riesgo de inconstitucionalidad" y afirmaba que "la ley catalana los tiene". Añadía, por otro lado, a este respecto que "puede ser que encontremos una fórmula común que evite la litigiosidad. Pero otros muchos pueden recurrir".

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Quedaría la puerta abierta a que recurriesen desde partidos de la oposición a colectivos, pasando por una asociación de propietarios o un fondo de inversión. En caso de que ocurra esto último, podría darse el caso de que se mantuviese en vigor la ley catalana hasta que se pronunciase el TC, pues no cabrían medidas cautelares. El alto tribunal tardará en pronunciarse, y en casos como este podrían ser años.

Según se recoge en el plan normativo, el objetivo de esta ley será "regular las condiciones básicas de igualdad de los derechos y deberes constitucionales relacionados con la vivienda y establecer una regulación homogénea de los aspectos esenciales de las políticas públicas de vivienda". En el programa de gobierno, se concreta que "se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionadas". Asimismo, se añade que para ello "se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica". Estos índices ya han sido desarrollados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.