Ábalos aplaza el control de alquileres hasta que se normalice el mercado por la crisis
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NUEVA LEY DE VIVIENDA

Ábalos aplaza el control de alquileres hasta que se normalice el mercado por la crisis

Los socialistas buscan aplazarlo hasta que se estabilice el mercado con motivo de la crisis generada por la pandemia, mientras que los morados presionan para que sea antes de fin de año

Foto: Ábalos aplaza el control de alquileres hasta que se normalice el mercado por la crisis
Ábalos aplaza el control de alquileres hasta que se normalice el mercado por la crisis

Los plazos para sacar adelante el compromiso programático de regular el precio de los alquileres en las zonas especialmente tensionadas están generando un choque entre los socios del Gobierno de coalición. Unidas Podemos presiona, junto a otros socios de la investidura como ERC y Bildu, para que este compromiso se vincule dentro del acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, mientras que los socialistas pretenden aplazarlo hasta que se estabilice el mercado con motivo de la crisis generada por la pandemia.

Tanto el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se resistían esta semana a fijar un plazo temporal para la regulación, al tiempo que daban a entender que esta intervención se desvinculará de las negociaciones para los Presupuestos. La intención es que la regulación se establezca dentro del marco de la futura Ley de Vivienda que prepara el ministerio que dirige José Luis Ábalos. Si bien este último entiende que por la situación actual de la pandemia el mercado "no se está comportando de forma normalizada". Motivo por el cual ve necesario "despejar incertidumbres" antes de materializar este compromiso programático que permitiría a las comunidades autónomas y ayuntamientos poder limitar los precios en aquellas zonas de mercado tensionadas.

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Para el sector de Unidas Podemos en el Gobierno, en cambio, se trata de una urgencia y por ello están presionando para que pueda desarrollarse antes de que finalice el año. De hecho, la propia Ley de Vivienda, el marco jurídico en el que los socialistas buscarían encajar este instrumento, forma parte del plan anual normativo del Ejecutivo en sus iniciativas legislativas para este 2020.

Según se recoge en el plan normativo, el objetivo de esta ley será "regular las condiciones básicas de igualdad de los derechos y deberes constitucionales relacionados con la vivienda y establecer una regulación homogénea de los aspectos esenciales de las políticas públicas de vivienda". En el programa de gobierno, se concreta que "se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionadas". Asimismo, se añade que para ello "se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica". Estos índices ya han sido desarrollados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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Dentro de la estrategia de presión de Unidas Podemos, el vicepresidente segundo y líder del partido, Pablo Iglesias, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se reunieron el pasado viernes con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Un encuentro donde se trasladó que están trabajando dentro del Gobierno para que se cumpla ya el compromiso de regular los precios de los alquileres. En esta línea, Iglesias insistió en que considera imprescindible que se cumpla ya, por el "momento de emergencia social".

La portavoz del Gobierno admitió este martes tras el Consejo de Ministros que las diferencias con Unidas Podemos se deben más a los "tiempos" para la aplicación de los mecanismos que permitan regular los alquileres que a los "contenidos". Asimismo, desvinculó este debate de la negociación presupuestaria.

Lo que sí se sigue discutiendo en las negociaciones para la elaboración del borrador presupuestario, que mantiene la propia Montero con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, son partidas sociales como las relacionadas con la vivienda. Con todo, el plan presupuestario enviado a Bruselas recogía de forma genérica que los Presupuestos del próximo año "contemplarán también el mayor crecimiento de la inversión en política social de una década. Para ello, se va a recuperar la inversión en dependencia; combatiendo con recursos la pobreza infantil y favoreciendo el acceso a una vivienda digna, sin olvidar reforzar una sanidad y educación pública de calidad y al alcance de todos".

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Las negociaciones entre los socios del Gobierno de coalición siguen atascadas también en materia de fiscalidad. Desde Unidas Podemos, están abogando por retirar del proyecto la subida del IVA al 21% de la educación y sanidad privadas, dos servicios actualmente exentos. Los morados consideran que no se trataría de una medida de progresividad fiscal. Existen diferencias también respecto a la subida del IRPF para rentas del trabajo superiores a los 120.000 euros. Asimismo, desde Unidas Podemos, se sigue insistiendo en un impuesto a las grandes fortunas. Hasta el momento, el PSOE se ha opuesto, aunque los morados confían en convencer a sus socios. "Tenemos multitud de argumentos para conseguir que se incluya", indican, explicando que se trata de capitales habitualmente improductivos.

El arranque de las negociaciones formales con el resto de grupos parlamentarios para recabar su apoyo a las cCuentas depende de que se cierre este texto. En las conversaciones exploratorias mantenidas los últimos días, el Gobierno ha trasladado a algunos grupos que su intención pasa por aprobar el proyecto de Presupuestos el 27 de octubre, en el último Consejo de Ministros de este mes. Se maneja así el 26 de octubre como plazo máximo —y ahora mismo el más factible— para cerrar y presentar el borrador.

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