Podemos firma la tregua sobre desahucios, pero volverá al choque con el PSOE en mayo

El acuerdo entre socialistas y morados para prohibir los desahucios sin alternativa de realojamiento a las familias vulnerables supone una tregua tras semanas de choques en el seno de la coalición, pero solo durará unos meses, concretamente, hasta el próximo mes de mayo. Las paralizaciones de desahucios se extenderán solamente hasta que dure el estado de alarma, y en ese momento se volverá a reabrir el debate, según reconocen desde los dos partidos que forman el Ejecutivo de coalición. La principal batalla tiene que ver con el realojo "en viviendas dignas" de las personas sin recursos que sean desahuciadas, un debate que ha sido aplazado tras las moratorias con los desahucios iniciadas tras el primer estado de alarma, pero que se abrirá en canal cuando termine la decretada en el Consejo de Ministros celebrado este martes. "Antes de mayo, tendrá que volver a discutirse sobre desahucios", reconocen fuentes cercanas al sector de Unidas Podemos en el Gobierno, que de momento celebra este primer paso dado en el Consejo de Ministros.

El objetivo de los morados es que, en línea con lo recogido en el programa de gobierno, se ofrezca un alquiler social a las personas desahuciadas y que los grandes tenedores se vean implicados de alguna manera en la búsqueda de soluciones, ya sea fomentando que pongan en alquiler viviendas vacías o reduciendo los precios de los alquileres en las zonas altamente tensionadas. Precisamente, las diferencias respecto a los grandes tenedores son lo que más ha dividido a socialistas y morados —retrasando la aprobación del decreto—, centradas en esta ocasión en otorgarles compensaciones económicas por daños patrimoniales o que no puedan desahuciar a personas en situación irregular, sin contrato de alquiler.

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El programa de gobierno firmado por los socios de la coalición recoge que "se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional". Asimismo, se compromete a estudiar "obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda" y a que, como se recoge ya en este decreto que será efectivo solo hasta que remate el estado de alarma, "se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional".

Todos estos asuntos se abordarán en la mesa de negociación sobre la futura ley estatal de vivienda, que tendrá uno de sus principales ejes en la regulación de los alquileres, pero también en lo relativo a garantizar una alternativa habitacional en caso de desahucio. El ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, José Luis Ábalos, ya avanzó en un pleno del Congreso celebrado a finales de octubre al respecto de esta norma, sin entrar a concretar, que incorporaría un "marco legislativo adecuado" para mejorar "las garantías legales y procesales" para personas afectadas por procedimientos de desahucio, "como garantías del cumplimiento del derecho a la vivienda".

Esta ley se impulsará desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero el acuerdo alcanzado entre los socios de la coalición establece que será coproponente la vicepresidencia segunda del Gobierno, al frente de la cual está Pablo Iglesias. Pero no solo, pues el compromiso es que para su elaboración, además de realizarse en cooperación con las administraciones autonómicas y locales, se busque el consenso con los agentes sociales, realizando mención expresa a los sindicatos de inquilinos e inquilinas.

Ley estatal de vivienda

La tregua en el Gobierno tras consensuar el decreto antidesahucios durante el estado de alarma podría por tanto reducirse a tan solo unas pocas semanas, ya que el acuerdo sobre la ley estatal de vivienda es aprobarla en el Consejo de Ministros a principios de febrero para llevarla al Congreso y aplicarla antes del próximo mes de marzo. Las negociaciones están todavía en un plazo muy embrionario, después de que se centrasen casi todo este mes de diciembre en el decreto antidesahucios.

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La base de la que se parte para estas negociaciones es que la ley creará "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", siempre ajustándose a unos índices de precios de alquiler previamente establecidos. De este modo, "se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda".

Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tendrán la capacidad de establecer sus propios índices de precios, y se convalidarán los que ya tengan avanzados. Con base en ello, estas administraciones también podrán declarar "una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler". Estas declaraciones deberán ser "con carácter temporal y excepcionalmente".