Moncloa modifica el decreto de desahucios para evitar demandas por daño patrimonial

El Gobierno sigue ultimando el decreto para la paralización de los desahucios hasta el mes de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma, aunque todavía "está verde" y al cierre de esta edición no estaba previsto llevarlo al Consejo de Ministros del próximo martes, según fuentes de Moncloa. Todavía se están realizando modificaciones "técnicas" al borrador, a petición tanto de los ministerios de Asuntos Económicos como de Justicia, con el objeto de darle una mayor "seguridad jurídica". Concretamente, se intentan evitar así demandas por daño patrimonial, incluso planteando compensaciones económicas, según fuentes conocedoras de las negociaciones para el decreto entre PSOE y Unidas Podemos, y el cambio beneficiará principalmente a los grandes tenedores. Esto es, propietarios con más de una decena de viviendas.

En un principio, el texto del preacuerdo incluía también a familias consideradas "en precario" que residiesen de forma irregular en viviendas de grandes tenedores. Precisamente, las diferencias entre los socios de la coalición respecto a la figura de los grandes tenedores es lo que está retrasando la aprobación del decreto y que no garantiza que vaya este martes al Consejo de Ministros.

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El objetivo de esta medida es ampliar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, con la novedad de que obligará a que sean las comunidades autónomas quienes deban encargarse de facilitar realojo. Este deberá ser en lo que se considera como una "vivienda digna", por lo que quedarían excluidos, por ejemplo, los albergues o centros de acogida.

Hasta que no se garantice este realojo por parte de las administraciones autonómicas, no podrán efectuarse los lanzamientos, según el borrador del decreto. Para la realización de los lanzamientos será obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, que será de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deberán solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad.

Hasta que no se garantice este realojo por parte de las administraciones autonómicas, no podrán efectuarse los lanzamientos, según el borrador

El decreto, que se impulsó después de una enmienda conjunta a los Presupuestos de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, se ha negociado entre la vicepresidencia segunda, a través de la secretaría de Estado que dirige Ione Belarra, y el ministerio de Transportes, al frente del que está José Luis Ábalos. Con todo, desde el sector morado se ha apuntado directamente al ministerio de Asuntos Económicos, que dirige la vicepresidenta tercera Nadia Calviño, como el principal obstáculo para sacar adelante el acuerdo.

El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, subrayaba la pasada semana en una reunión de la dirección de su partido que el PSOE y Unidas Podemos tienen presiones de sectores de la sociedad diferentes: "Nos hemos acostumbrado a que solo presionen los grandes poderes y a que las organizaciones sociales no tienen que presionar. Y claro que tienen que presionar", concluía para añadir que "la mejor garantía de que un Gobierno avance es que haya discusión, que haya posiciones diferentes y presiones que no sean unilaterales".

Escudo social

El Gobierno también tiene la intención de avanzar en la protección de las familias ante los cortes de suministros básicos a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta medida se pretende incluir en la ampliación del escudo social decretado durante el estado de alarma, que se prolongará hasta el mes de mayo, al igual que la paralización de los desahucios sin alternativa para el realojo.

Así lo avanzó en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aunque sin precisar si la paralización de los desahucios y los cortes de suministros se incluirán en el mismo decreto o en dos diferentes. Finalmente, esta medida no estará incluida en el decreto antidesahucios, por lo que se desarrollaría en un decreto aparte o, según se está estudiando, mediante la ampliación del bono social.

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Iván Gil

La prohibición de los cortes de luz, agua y gas sigue siendo una exigencia que los morados, y como tal así lo plantearon en las negociaciones para el decreto que modificará uno anterior relativo al escudo social durante el estado de alarma. "No tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros. Para que una vivienda se pueda considerar digna, los suministros tienen que estar garantizados", explicaban fuentes de la formación cuando intentaron sin éxito ampliar el escudo social en el seno del Ejecutivo. Ahora entienden que esta medida es innegociable, apoyándose en la llegada del invierno y el nuevo estado de alarma de seis meses.