El sueño cumplido del desahucio de los Franco de Meirás

Cuando a mediados de la pasada década, un puñado de activistas se plantaron con una pancarta delante de Meirás para reclamar su devolución, muchos los vieron como un grupo de chalados. “Algo loco sí que hay que estar para mantener el pulso durante tanto tiempo”, resume un miembro de la Iniciativa Galega pola Memoria, uno de los grupos que han porfiado por conseguir lo que sus ojos verán el próximo 10 de diciembre: el desahucio de los Franco del histórico pazo, adquirido durante la Guerra Civil con donaciones forzosas de vecinos y trabajadores para ser regalado al dictador. Será un momento de una carga simbólica sin duda histórica, “la de hacer justicia a un personaje que de alguna forma ha sido indultado por nuestra democracia”, en palabras del historiador Manuel Pérez Lorenzo.

El papel de Lorenzo en esta historia es crucial porque él, como colaborador de Carlos Babío Urkidi, es corresponsable de la aparición del documento que dio un vuelco a la reclamación de la que fue residencia de verano de Francisco Franco: una acta notarial de 1938, que hasta el pasado año permaneció oculta en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña. Se demostraba así que el contrato de compraventa de la finca firmado en 1941 no era sino “una simulación” de carácter fraudulento, para inscribir como particular una donación realizada a Franco en calidad de jefe del Estado, y por lo tanto perteneciente al patrimonio nacional.

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El hallazgo de ese papel del 38 que cambió el curso de la reclamación fue fruto en buena medida de la intuición de Lorenzo y Babío, autores del libro Un pazo, un caudillo, un espolio (Fundación Galiza Sempre, 2017 ). “Cuando realizábamos la investigación para el libro, nos extrañó muchísimo que una donación que se hace en 1938 no fuese inscrita hasta tres años después, estábamos convencidos de que tenía que haber algún documento anterior”. No podía estar en otro sitio que en el Archivo de Protocolos Notariales, totalmente inaccesible para ellos. Solo cuando la Abogacía del Estado, apoyada en su investigación, tomó cartas en el asunto y logró abrir las puertas del registro apareció el papel que demostraba el fraude.

Lo siguiente fue una demanda bien planteada y una sentencia histórica: la del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que el pasado 2 de septiembre declaraba que el inmueble es propiedad del Estado y ordenaba a los Franco su devolución sin derecho a indemnización de ningún tipo. Babío celebró ese día un fallo crucial, que fundamenta sus argumentaciones en la “falta de legitimidad” del “autoproclamado jefe del Estado”. Pese a que actualmente atraviesa un delicado estado de salud, el historiador ha celebrado a través de las redes sociales la inminente devolución del pazo.

Para él será un acontecimiento doblemente simbólico, porque su abuela fue uno de las expropiadas contra su voluntad para ampliar los terrenos que rodean el caserón. La humilde vivienda de la que esa mujer fue expulsada se transformó en la torre en la que durante muchos años residieron los guardias civiles destinados en Meirás. Es una herida que en su familia jamás terminó de cicatrizar y una de las razones de la insistente investigación de Babío. Su compañero de indagaciones comparte su emoción, incapaz de reflexionar sobre el acontecimiento que se vivirá el 10 de diciembre sin repetir una y otra vez la palabra “histórico”.

Su abuela fue una de los expropiadas contra su voluntad para ampliar los terrenos que rodean el caserón

Lorenzo está convencido además de que esta vez no habrá marcha atrás, porque contra el auto que pone fecha al desahucio no cabe recurso y porque la familia Franco ya había adelantado que lo devolverá “provisionalmente”. Otra cosa es lo que se encuentre en Meirás la comisión judicial que verificará la entrega. ¿Estarán las estatuas del Maestro Mateo, que el Ayuntamiento de Santiago sostiene que fueron apropiadas indebidamente? “Es la gran duda que todos tenemos, pero no soy optimista”, contesta el colaborador de Babío. Su última localización conocida es la capilla del pazo, pero los grupos que reivindican su devolución temen lo peor.

“Pero hay más pertenencias que habrá que comprobar si se devuelven, como determinados elementos en los jardines que está documentado que proceden del pazo de Dodro o los muebles de la época de Pardo Bazán”, la autora de Los pazos de Ulloa, que fue la persona que mandó construir las Torres de Meirás. Es el caso de la sillería de la capilla, “que en buena lógica no deberían separarse del edificio, no deberían estar en ningún otro sitio”, advierte Lorenzo.

La aclaración de los Franco de que la devolución es “provisional” tiene que ver con el recurso presentado por la familia contra la sentencia del 2 de septiembre. En un escrito enviado al juzgado que les obligó a devolver el pazo al Estado, adelantan que no tienen intención de oponerse “a tal solicitud” y cumplirán “voluntariamente la obligación de entrega”. Fue su reacción a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando anunció que el Gobierno iba a solicitar la ejecución provisional de la sentencia.

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Los temores entre los activistas que han peleado por la devolución se centran en ese recurso. “Esperamos que un juzgado de Madrid no nos quite lo que tanto trabajo y con tanta justicia hemos logrado en un juzgado de aquí”, advierte Montse Fajardo, de Iniciativa Galega pola Memoria, que destaca el protagonismo del “ingente trabajo de investigación” de Babío y Lorenzo, pero también el de la Xunta pro Devolución do Pazo, promovido por la Diputación de A Coruña, especialmente por su exvicepresidenta Goretti Sanmartín. Desde la institución provincial, la demanda saltó al Parlamento de Galicia y finalmente al Gobierno español, que logró con su demanda una sentencia repleta de simbolismo.

Lorenzo interpreta ese abandono del pazo por los Martínez-Bordiú como una especie de superación del franquismo, o al menos de la “indulgencia” con que la democracia española trató al régimen anterior. De hecho, buena parte de la demanda que lo ha provocado se basa ya no en la ilegitimidad de la compraventa simulada en 1941, sino en el uso institucional que tuvo el edificio durante todo el franquismo, similar al del Palacio del Pardo. Y aunque a la muerte del dictador sus descendientes incluyeron Meirás en la herencia, el Estado español continuó encargándose del mantenimiento del edificio hasta 1990. “Injusticias como esa quedan finalmente superadas”, celebra el historiador.