El plan de Iglesias para seguir presionando a Sánchez tras los Presupuestos

La aprobación de los Presupuestos inaugurará una nueva etapa en el Gobierno de coalición, asegurando por un lado la gobernabilidad hasta al menos el tercer año de la legislatura, pero también abriendo la posibilidad de que se redoblen las tensiones internas debido a que Unidas Podemos dejará de contar con la que era su mayor herramienta de presión. Fuentes de la dirección del partido morado reconocen que una vez se aprueben las cuentas públicas, perderán la principal arma negociadora con que contaban para arrancar medidas dentro del Ejecutivo, como en las últimas semanas ha ocurrido, desde la regulación de los alquileres a la paralización de los desahucios. "Los Presupuestos son la piedra angular de la legislatura, y está ya puesta", indican fuentes de la dirección del grupo parlamentario, que reconocen la posibilidad de que los socialistas intenten ahora "esquinar" a sus socios. Algo que sin embargo creen que será más fácil evitar al cerrarse la puerta a la geometría variable con Ciudadanos.

Desde distintos ministerios morados, y desde la propia vicepresidencia segunda, ponen ahora todo el foco en el programa de coalición y su cumplimiento íntegro como guía para la cohesión del Gobierno. Se aferran al 'pacta sunt servanda', apuntando que, una vez aprobadas las cuentas, se atrincherarán en el programa. Pero no solo. La capacidad de presión, y por ende las tensiones en el seno del Gobierno, también puede venir de cuestiones sobrevenidas en las que PSOE y Unidas Podemos mantienen posiciones alejadas. La política migratoria es una de ellas, y ya produjo choques al inicio de la legislatura debido a las devoluciones en caliente. Otra de ellas, reciente, tiene que ver con la posición del partido morado respecto al Sáhara.

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Estos choques no son nuevos, a cuenta de las distintas posiciones en política migratoria. Tras el pacto presupuestario, enfocado como un acuerdo de legislatura, el ministro rescató las devoluciones tibias de inmigrantes a Marruecos y quiso contemporizar con la ley mordaza, lo que generó un distanciamiento entre morados y socialistas. En Podemos, la confianza en Marlaska se hizo prácticamente nula, según reconocían entonces los responsables que negociaron el punto sobre la derogación de la ley mordaza recogida en el pacto, uno de los menos ambiciosos y que quedó más abierto.

Sobre la crisis migratoria en Canarias, fuentes del sector de Unidas Podemos en el Gobierno reconocen que la gestión que se está realizando es "manifiestamente mejorable", pero que se está evitando el ruido para no interferir en las negociaciones de los Presupuestos y por lealtad con sus socios. Es conocida también la posición de Unidas Podemos sobre el Sáhara, favorable a un referéndum de autodeterminación, lo cual ya ha generado tensiones diplomáticas con Marruecos simplemente por el hecho de que Unidas Podemos, como organización y no a través de ninguno de sus representantes en el Gobierno, recordase estas posiciones. "Entendemos la presión de Marruecos, pero también deberían entender la nuestra, que claro que molesta a este país, pero es una posición de partido", indican estas mismas fuentes.

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Unas declaraciones de un miembro del Ejecutivo de Unidas Podemos posicionándose a favor del Frente Polisario, con el que mantienen relaciones desde la organización morada o desde Izquierda Unida, podrían incendiar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ambos socios del Ejecutivo lo saben. En lo referente a las políticas migratorias, además, para los morados es una máxima —que al menos en público han evitado recordar durante los últimos días— que "se suspendan los derechos" de las personas que "vienen huyendo del hambre y la guerra". Defienden en esta línea que la nueva ley de asilo, que tiene pendiente desarrollar el Ejecutivo tras las diferencias surgidas en los primeros borradores, ofrezca "garantías de acceso a una frontera segura", basándose en la Convención de Ginebra, y eliminar "cualquier mecanismo de discriminación en las solicitudes de asilo desde el primer momento".

El pacto de gobierno firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no menciona las devoluciones en caliente y se centra en clave europea, recogiéndose la vaga promesa de promover "una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas". Siempre bajo la doctrina europea, se apuesta también en el acuerdo por "modificar el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de protección internacional, adaptándolo a la normativa europea y a la nueva realidad del país para hacerlo más eficiente y solidario". Asimismo, el texto recoge que "España promoverá la implementación del Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, y dedicará una especial atención al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración legal y segura".

"El programa está ahí, costó mucho firmarlo y vamos a cumplirlo"

Los cambios en la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria de 2009 que Unidas Podemos defendía en su programa electoral proponían incluir "a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales" y revisar los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio, "para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación". Asimismo, se apostaba por poner especial atención en "la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata". Estos son los aspectos concretos que en Unidas Podemos entienden como "los nuevos retos de la movilidad global y nuevas realidades sociales", y a los que el acuerdo de gobierno se compromete a dar respuesta.

Desde el Ministerio de Trabajo, se agarran también a lo firmado en el acuerdo de gobierno para defender la reforma laboral. "Nos atenemos al programa", zanjan ante la eventualidad de que desde ministerios puedan diluir esta reforma o incluso empujar para que se quede metida en un cajón. De hecho, Nadia Calviño ya se opuso en mayo a "abrir este debate" porque "sería absurdo y contraproducente", como trasladó de forma contundente en un foro más que significativo, las jornadas anuales del Cercle d'Economia.

Con esta máxima del 'pacta sunt servanda', desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz avanzan que una vez se cierre la mesa de diálogo social para pactar la denominada 'ley rider' "se retomará" la referente a la reforma laboral. "El programa está ahí, costó mucho firmarlo y vamos a cumplirlo", concluyen.