Moncloa extenderá hasta mayo la moratoria de alquileres y del pago a grandes tenedores

La práctica totalidad del escudo social por la pandemia del coronavirus, con unas de sus principales medidas que expiraban este 31 de enero, será prorrogado por el Gobierno. Tras el acuerdo de los ERTE o la paralización de los desahucios y la prohibición de los cortes de suministros para familias vulnerables, el Consejo de Ministros aprobará este martes la prórroga de los contratos de alquiler y los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de viviendas propiedad de grandes tenedores o entidades públicas. Asimismo, está previsto que la próxima semana se prorroguen las moratorias hipotecarias y los préstamos al consumo. Todas estas prórrogas se extenderán hasta el próximo 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma.

Este es el acuerdo al que han llegado los socios de la coalición tras semanas de negociaciones. Desde la formación morada han calificado estas medidas de "absolutamente necesarias para garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma y que hubiera sido incongruente pedir a la población que procure evitar desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales, sin asegurar que toda la ciudadanía cuenta con un hogar".

El Gobierno establecerá así una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, pudiéndose solicitar una extensión extraordinaria del contrato por un periodo de cuatro meses, con las mismas condiciones que las actuales. También se amplía el plazo de petición de la moratoria arrendaticia, pero para el caso de grandes tenedores o empresas públicas. En este caso, se podrá requerir durante el mismo periodo el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

El acuerdo para la moratoria legal de la deuda hipotecaria todavía se está perfilando para llevar al Consejo de Ministros de la próxima semana. El pasado mes de diciembre ya aprobó hasta el 31 de mayo la posibilidad de solicitar préstamos avalados y subvencionados por el Estado, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), para que los afectados económicamente por el covid-19 puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda.

El decreto antidesahucios, también aprobado antes de finalizar el pasado año, incluyó una disposición adicional para prohibir los cortes de suministros básicos, que se extienden tanto a la luz como al agua y al gas natural "para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social". Esta medida de ampliación del escudo social por la pandemia del coronavirus se aplica tanto a los titulares del contrato como a aquellas personas que no puedan acreditarlo, pero que reúnan dichas condiciones. El texto incorporó compensaciones económicas a los propietarios para evitar demandas por daño patrimonial, siempre que se demuestre el perjuicio económico y si el realojo no se produce dentro de un plazo de tres meses, por lo que quedarían fuera los propietarios que tuvieran viviendas vacías.

El objetivo de esta medida es ampliar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, con la novedad de que obligará a que sean las comunidades autónomas quienes deban encargarse de facilitar realojo. Este deberá ser en lo que se considera como una "vivienda digna", por lo que quedarían excluidos, por ejemplo, los albergues o centros de acogida. Por otra parte, para la realización de los lanzamientos se hace obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deberán solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad.