Sánchez anuncia una subida "inmediata" del SMI para tapar el precio de la luz

Sin esperar a que arranquen este miércoles de las negociaciones entre los agentes sociales para abordar la revisión del salario mínimo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprometido una subida "inmediata". Así lo ha anunciado durante una conferencia en Casa América para inaugurar el nuevo curso político, en la que ha subrayado como principales retos del Ejecutivo durante los próximos meses consolidar la recuperación económica y que esta llegue "al bolsillo de todos los españoles". Todo ello en plena crisis por la subida de la luz y con la intención de desplegar una agenda social que tapone el desgaste provocado por la concatenación de máximos históricos en los precios.

Una recuperación que ha adjetivado en todo momento como "justa", nuevo 'leitmotiv' en línea con el "no dejar a nadie atrás", y de ahí que se busque trasladar en una mejora de los salarios, comenzando por la subida del SMI. Actualmente está fijado en 950 euros y la intención pasa por situarlo en el 60% del salario medio al final de la legislatura. La propuesta que maneja Trabajo, según han trasladado los sindicatos y que el ministerio ha evitado confirmar, pasa por subirlo 15 euros en lo que queda de año.

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Con un triunfalismo comedido, al menos disminuyendo el boato del discurso pronunciado el pasado año, Sánchez no ha eludido la constante alza del precio de la luz y se ha defendido asegurando que el Ejecutivo "ha actuado y seguirá actuando". Eso sí, actuaciones siempre "dentro del marco regulatorio europeo", una suerte de chivo expiatorio preventivo y que descarta una serie de intervenciones reclamadas por sus socios de Gobierno de Unidas Podemos. A las medidas ya adoptadas para la bajada del IVA en la factura de la luz o la ampliación del bono social, el presidente del Gobierno se ha limitado a reclamar el apoyo de los grupos parlamentarios para tramitar de forma "rápida" la ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema eléctrico y del mecanismo para frenar las sobrerretribuciones.

Acompañado por todos los miembros del Gobierno y un nutrido grupo de empresarios, incluidos representantes de las principales eléctricas del país (como José Ignacio Sánchez Galán y José Bogas), el jefe del Ejecutivo ha defendido los fondos europeos como un arma "para animar la inversión privada" y, a medio plazo, transformar industrias relevantes para la marcha de la economía española. Para ello ha vuelto a destacar la agenda de reformas pendientes con Bruselas, con el objetivo de "continuar haciendo avanzar a la economía española", y hacerlo reconociendo la "importancia" del Estado y de lo público, una de las enseñanzas, dijo, de esta pandemia.

Cuando se cumplen 603 días desde la formación del Gobierno de coalición, el horizonte del presidente sigue siendo agotar la legislatura. No convocar elecciones hasta acabar el mandato, "a finales de 2023", y así acudir a las urnas cuando la recuperación económica y social tras la pandemia comience a ser perceptible en las economías domésticas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que todavía negocian los socios del Gobierno de coalición, y que desde Hacienda confían que sacar adelante "en tiempo y forma", darían el oxígeno necesario al Ejecutivo para llegar al final de la legislatura.

Pese a ello, Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de unidad política para sacar adelante en el Congreso una serie de reformas de las que dependen en buena medida las próximas entregas de los fondos europeos, como sería el caso de la reforma de las pensiones. De ahí que haya destacado que se trata de reformas, "no de contrarreformas", pidiendo expresamente el apoyo de sus socios en el Congreso para ratificar los acuerdos sobre las pensiones en la mesa del diálogo social.

Acusa al PP de situarse fuera de la Constitución

La reforma del CGPJ y del resto de órganos constitucionales caducados (parte del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas) ha ocupado una parte destacada en el discurso de Sánchez, elevando el tono contra el bloqueo que achacó al PP, aunque sin mencionar expresamente al partido de Pablo Casado. En este sentido exigió a la oposición "lealtad constitucional", sin valorar las exigencias que ponen los populares para acceder a negociar la renovación, como un compromiso para asegurar la independencia judicial. "Ninguna formación política tiene derecho a situarse fuera de la Constitución", afeó para advertir que en el actual contexto es cuando "los ciudadanos más necesitan unas instituciones fuertes y sólidas".

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El nuevo llamamiento a la oposición "para volver al consenso institucional" se revistió en un tono de ataque que visibiliza la ruptura de puentes entre el Gobierno y principal partido de la oposición. De hecho, para Sánchez, la no renovación del CGPJ es "faltar a la lealtad", y un incumplimiento de las "obligaciones constitucionales" que, dijo no tener precedentes en la historia del país al cumplirse ya 1.000 días desde que caducó su mandato.