Podemos desafía al PSOE registrando su ley para crear una empresa pública de energía

La escalada del precio de la luz está siendo pareja a la escalada de las tensiones entre los socios del Ejecutivo. Después de que Pedro Sánchez descartase este miércoles intervenir los precios como demandaban sus socios, avisando que todas las actuaciones del Gobierno se realizarían "dentro del marco regulatorio europeo", los morados han movido ficha en el Congreso. De forma sorpresiva, el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha utilizado su cupo de iniciativas para este periodo de sesiones registrando una proposición de ley para crear una empresa pública de energía.

Una medida no pactada con los socialistas y que significaría el primer gran desencuentro entre los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo desde la salida de Pablo Iglesias de la vicepresidencia segunda. El protocolo de coordinación firmado tras el pacto de gobierno exige que la presentación de una proposición de ley "que afecta a la acción del Gobierno o a acuerdos explícitos alcanzados en el pacto de Gobierno" deberá ser consensuada antes de su presentación entre ambos grupos parlamentarios, además de fijarse una posición conjunta del voto. Desde el grupo socialista sí se comunicó la iniciativa a sus socios alrededor de una hora antes de presentarla.

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La iniciativa pretende regular "la extinción del derecho al uso privativo de las aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial 'Producción Energética Española'", según recoge el texto remitido a la Mesa del Congreso para su calificación. Uno de los principales objetivos es que esta empresa se ocupe de implementar una rebaja en la factura de la luz y trabajar de forma coordinada con las empresas públicas municipales ya creadas o que se puedan crear en el futuro para la comercialización y la gestión de su propia energía.

Esta empresa llevaría también a cabo la creación de nuevas instalaciones de energías renovables y, según sostiene el socio minoritario del Gobierno, sería "un agente esencial a la hora de alcanzar los objetivos planteados en el horizonte verde empujando hacia la transformación del mercado eléctrico". Desde Unidas Podemos defienden la creación de una empresa pública de energía como una medida estructural a medio plazo y que complementaría la propuesta para poner un precio fijo al megavatio nuclear y un precio máximo al megavatio hidroeléctrico para bajar la factura de la luz.

Según se explica en la exposición de motivos de la ley, que no saldrá adelante sin el respaldo del PSOE, "el mercado eléctrico de España es el segundo más privatizado de toda la OCDE, solo por detrás de Portugal, puesto que la energía eléctrica producida por el sector público supone solo el cinco por ciento del total". En este contexto, se justifica que la creación de la empresa pública de energía "tratará de revertir esta situación, y, asimismo, supone alinearnos con los países de nuestro entorno en los que ya existe participación pública en empresas energéticas como en Francia, Italia, Suiza, Austria, Holanda o Finlandia".

Fuentes del partido sostienen que esta iniciativa se ajustaría al marco regulatorio europeo, al seguir la estela de otros países, la línea roja marcada por el presidente del Gobierno durante su discurso para inaugurar el actual curso político. El pasado mes de agosto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, valoró la posibilidad de crear una empresa pública de estas características para gestionar las centrales hidroeléctricas ante la escalada del precio de la luz, pero siempre una vez terminen las actuales concesiones. Se trataría así de una medida "a medio y largo plazo" para hacer prevalecer la seguridad. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se abrió a esta posibilidad limitándose a que dicha entidad gestione instalaciones eléctricas tras la caducidad de sus respectivas concesiones.

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El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el de Consumo remitieron el pasado 23 de agosto al ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de reforma del mercado eléctrico para aprobar vía decreto que no tuvo respuesta por parte de Teresa Ribera. Desde entonces comenzó el cruce de reproches, incluso en público. Se trataba de establecer un precio fijo para la energía nuclear, "tal y como ya hace Francia" y otro precio máximo para la energía hidroeléctrica mediante un sistema similar al actualmente utilizado para algunas energías renovables.

El objetivo es que cuando el precio de otras energías, como el gas, sea muy elevado, este no encarezca el de otras energías más baratas como la hidroeléctrica. Según los cálculos aportados acarrearían un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año para los ciudadanos. Ribera descartó una intervención de los precios durante su comparecencia el pasado lunes en el Congreso, nuevamente argumentando que “el Gobierno va a respetar el marco comunitario, porque lo contrario es muy arriesgado por muy atractivo que parezca en el corto plazo”. Se mantendrá, en cambio, la suspensión de impuesto de generación eléctrica del 7% y la rebaja del IVA en la factura al 10% hasta finalizar el año.