El TSJM abre una investigación contra los fiscales por la filtración sobre el novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta comunidad, Julián Salto Torres, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. “Debe indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público y (...) en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante”, advierten los magistrados.

La polémica parte de la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado de González Amador en una investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. La Fiscalía consideraba que la publicación de este comunicado en ningún caso presentaba indicios de delito y que la querella de González Amador debía ser archivada de plano, pero los magistrados señalan que “los hechos que en ella se relatan resultan atípicos”.

El novio de Díaz Ayuso dirige su querella contra Salto y Rodríguez, pero el TSJM no descarta que la investigación pueda ampliarse a "otras personas" en función de "la oportuna instrucción". Como informaba El Confidencial este mismo martes, fuentes jurídicas apuntan a la posibilidad de que el caso termine en el Supremo: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió "la responsabilidad última de esa nota de prensa" el 16 de abril, y solo el alto tribunal tiene competencia para investigarle.

“Sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados", advierte el TSJM. "Solamente de este modo puede cumplirse con una finalidad esencial del sumario, y que consiste en la determinación de todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos, siempre que estos revistan indiciariamente carácter delictivo”.

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En el mismo auto, el tribunal también asume la denuncia que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpuso por los mismos hechos y acuerda su personación en calidad de acusación popular. "De lo que se trata en el presente supuesto es de analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales, entre las que se comprenden las pre-procesales a cargo del Ministerio Fiscal", concluyen los magistrados.

Cronología de la polémica

El abogado de González Amador envió el 2 de febrero una propuesta de conformidad al Ministerio Público en la que su cliente reconocía el fraude fiscal, aceptaba ocho meses de cárcel y se comprometía a pagar 525.000 euros, mostrando así su voluntad de alcanzar un acuerdo que le permitiera reducir su hipotética condena. 11 días después, el 13 de febrero, el fiscal encargado del caso, Julián Salto, interpuso su denuncia contra él y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto.

El 12 de marzo, Eldiario.es desveló la investigación que se seguía contra González Amador por fraude fiscal. Horas después, el fiscal remitió la denuncia por correo electrónico a su abogado. Según afirman desde la Fiscalía, ese mensaje se envió “para facilitarle el derecho de defensa”, asegurándole en el mismo que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía un obstáculo para cerrar un acuerdo.

Desde el entorno de Díaz Ayuso se agarraron a ese último correo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto, pero el Ministerio Público emitió la polémica nota de prensa en la que detallaba las comunicaciones que habían mantenido para desmentirlo. "El único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", advertían en la misma.

Desde el entorno de Ayuso se agarraron a ese último correo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo

Tanto esta nota de prensa como la filtración de documentos y correos electrónicos de la investigación dieron lugar a las dos querellas: por un lado, la de la pareja de Díaz Ayuso y, por otro, la del ICAM. Esta última recayó en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, cuyo titular, Jaime Serret, apreció indicios de delito, por lo que elevó una exposición razonada que ahora asume el TSJM para abrir la investigación contra Rodríguez y Salto.

Ese mismo mes, el fiscal general realizó una declaración institucional en la que asumía toda la responsabilidad respecto a la nota de prensa. "No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución", advirtió García Ortiz. En la Fiscalía General del Estado consideran que esta nota en ningún caso incurrió en un delito de revelación de secretos, sino que se limitó a aclarar los ya revelados por el entorno de Díaz Ayuso.