Un juez contradice a la Fiscalía y aprecia indicios de delito en la filtración sobre el novio de Ayuso

El juez Jaime Serret considera que la Fiscalía de Madrid pudo incurrir en revelación de secretos por la nota de prensa en la que informó sobre las negociaciones que habían mantenido con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el procedimiento que se sigue contra él por fraude fiscal. Tras revisar la querella que el Ilustre Colegio de la Abogacía (ICAM) interpuso por estos hechos, Serret aprecia indicios de delito y ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la condición de aforados de la fiscal jefe de esta comunidad Pilar Rodríguez Fernández y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, informan fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid contradice con esta decisión a la Junta de Fiscales, que este mismo miércoles ha concluido que tanto la denuncia de la ICAM como la querella que ha interpuesto el propio González Amador deberían ser archivadas sin practicar ninguna diligencia. Su argumento se centra en que "no hay delito ni existen indicios", pero Serret no comparte este criterio y deja ahora el caso en manos del TSJM.

Su exposición razonada señala que la Fiscalía aportó datos que no habían sido revelados hasta entonces y facilitó una detallada cronología sobre las negociaciones con su abogado. Según explican las fuentes consultadas, el juez considera que "se puede atribuir responsabilidad" a la fiscal jefe de Madrid.

A falta de que el TSJM revise el caso, las mismas fuentes apuntan a un posible delito de revelación de información por funcionario en ejercicio de sus funciones: "La autoridad que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años", establece el artículo 417 del Código Penal. En el caso de que se trate de "secretos de un particular", la pena puede elevarse a entre dos y cuatro años de prisión.

La nota de prensa de la Fiscalía

La polémica parte de las comunicaciones mantenidas entre la defensa de González Amador y la Fiscalía en el marco de la investigación que se sigue contra él por dos delitos tributarios. Su abogado envió el 2 de febrero una propuesta de conformidad al Ministerio Público en la que su cliente reconocía los hechos, aceptaba ocho meses de cárcel y se comprometía a pagar 525.000 euros, mostrando así su voluntad de alcanzar un pacto que le permitiera reducir su hipotética condena.

11 días después, el 13 de febrero, el fiscal encargado del caso, Julián Salto, interpuso su denuncia contra González Amador y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto. El Juzgado de Instrucción Decano de Madrid la registró en marzo y el fiscal se la remitió por correo electrónico al abogado de la pareja de Díaz Ayuso. Según afirman desde la Fiscalía, ese último mensaje se envió “para facilitarle el derecho de defensa”, asegurándole en el mismo que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía un obstáculo para cerrar un acuerdo.

Desde el entorno de Díaz Ayuso se agarraron a ese último correo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo, pero el Ministerio Público emitió la polémica nota de prensa en el que detallaban las mencionadas comunicaciones para desmentirlo. "El único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", advertían en la misma.