El caso de la pareja de Ayuso, bajo la lupa de la nulidad tras publicarse sus comunicaciones

El caso por delito fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de arrancar sus primeros pasos procesales envuelto en la polémica y con un destino aún incierto. El conflicto abierto entre el acusado y el Ministerio Público a raíz de la difusión de la estrategia legal abre la vía para que Alberto González Amador reclame la nulidad de actuaciones. De hecho, se ha convertido en una carta con la que cuenta su defensa para tratar de que se dé carpetazo al asunto. Denuncias como las que presentará el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ceban esta tesis, al apuntar a una ruptura del principio de confidencialidad que deja al acusado sin posibilidad de discutir su inocencia.

La confirmación por parte de la Fiscalía de que el abogado defensor de González Amador admitió el 2 de febrero por correo electrónico la autoría de dos delitos contra la Hacienda pública por el impuesto sobre sociedades de 2020 y 2021 se considera por numerosos juristas consultados como una baza del empresario para precipitar la anulación completa del procedimiento, alegando la quiebra del derecho de defensa y la presunción de inocencia, ambos derechos consagrados por la Constitución.

De hecho, González Amador prepara ya acciones paralelas a este procedimiento y confirmó en días pasados que prevé querellarse contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Agencia Tributaria y la Fiscalía. Sopesa acusar por revelación de secretos en relación con su situación fiscal y patrimonial y por la difusión de las comunicaciones intercambiadas entre su abogado y el fiscal del caso para tratar de alcanzar un pacto que rebajara su posible condena. Es previsible que el siguiente paso sea alegar ante el Juzgado que ha asumido el caso, el 19 de Madrid, que lo sucedido le ha provocado un perjuicio irreparable que contamina el avance de la instrucción.

Según precisan diferentes fuentes jurídicas consultadas, no lo tiene, sin embargo, nada fácil. Explican que la nulidad sería automática si las decisiones que adopte el juzgado en la causa estuvieran basadas exclusivamente en esos correos electrónicos en los que el letrado incluso adjuntaba una propuesta de ocho folios en los que asumía una sanción tras admitir la comisión de los delitos. No obstante, tanto la Fiscalía como el juez instructor cuentan con otra serie de vías completamente desvinculadas de estos emails y su contenido para contrastar los hechos.

TE PUEDE INTERESAR

El Colegio de Abogados lleva a los tribunales la filtración de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso

Ignacio S. Calleja

El Ministerio Público basó en gran parte su querella en un extenso expediente de la Agencia Tributaria que apunta a que usó una facturación ficticia para obtener deducciones en dos ejercicios consecutivos. La investigación se ha centrado en la actividad de distintas empresas en las que González consta como administrador único y con las que supuestamente defraudó 350.951,41 euros. Dos de estas compañías, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente SL y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL emitieron facturas falsas para generar bases imponibles negativas que compensaran beneficios futuros.

Si la instrucción deja al margen los contactos entre la defensa y el fiscal, la anulación es "improbable", apunta una de las fuentes consultadas. Explican que el juez formará su criterio con base a una serie de diligencias que nada tendrán que ver con esos intentos de pacto. Desde la toma de declaración de los propios acusados y de testigos complementarios hasta las periciales fiscales o la revisión de la facturación de las empresas afectadas. Pruebas todas ellas desligadas del reconocimiento de culpa en el marco de un intento de conformidad.

TE PUEDE INTERESAR

El novio de Ayuso se querellará contra la vicepresidenta Montero por revelación de secretos

Ignacio S. Calleja

Otras de las fuentes consultadas tachan directamente esta pretensión como "ridícula". Recuerdan que los contactos conocidos ya son, para empezar, documentos ajenos al procedimiento judicial que precisamente se inicia ahora y, por ello, carecen de "virtualidad práctica para conformar la futura pena".

Tras el pacto

La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, trasladó a la Fiscalía su voluntad de reconocer que defraudó más de 350.000 euros para alcanzar un pacto que le permitiera reducir su hipotética condena el pasado febrero. Según explicó la Fiscalía Provincial de Madrid en la polémica nota de prensa que ahora puede esgrimirse como causa de nulidad, el abogado de González Amador les envió una propuesta de conformidad en la que su cliente reconocía "la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades (IS), 2020 y 2021".

Cinco días después, el fiscal encargado del caso dio por finalizadas las diligencias con la idea de interponer una denuncia por fraude fiscal y falsedad documental contra González Amador y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto. El fiscal respondió al abogado el 12 de febrero y le dijo que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas", aclarando a su vez que el hecho de que hubiera otros denunciados no tenía por qué ser un obstáculo para el acuerdo. El 13 de febrero, el fiscal terminó por interponer la denuncia contra González Amador y los otros investigados ante los juzgados de Madrid.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El novio de Ayuso y la lengua de Montero

Javier Caraballo

En una reciente carta remitida al Consejo General de la Abogacía Española, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendía que la nota de prensa salvaguardó el deber de reserva y destacó que "la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública". "Solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales", añadió.