El Colegio de Abogados lleva a los tribunales la filtración de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso

La investigación de Hacienda a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha derivado en un choque institucional poco usual. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) anunció este lunes la interposición de una denuncia contra la Fiscalía de Madrid por la filtración de datos relacionados con el caso de González Amador, al revelar presuntamente las conversaciones con el acusado para alcanzar un pacto y evitar los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. "Es de una gravedad sin precedentes", declaró el decano Eugenio Ribón.

La controversia remite al comunicado que el Ministerio Público emitió la semana pasada, cuando desveló con fechas y detalles las conversaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador para cerrar un acuerdo. Su defensa, como informó este periódico, envió un correo electrónico el pasado 2 de febrero con una propuesta de conformidad en la que el empresario reconocía el fraude a Hacienda. La Fiscalía Provincial de Madrid, que dirige Pilar Rodríguez, exsecretaria de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, lo hizo para desmentir al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aseguró que fue el fiscal quien hizo la oferta.

"El único pacto de conformidad (…) que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", expuso la Fiscalía en su escrito. La reacción del ICAM fue casi inmediata y el jueves de la semana pasada ya criticó la maniobra de la Fiscalía. "Es una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe. Pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal", dijo con otro comunicado. Este lunes el mensaje ha sido el mismo, tras la Junta de Gobierno de la entidad, que acordó presentar una denuncia por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos.

El Colegio de la Abogacía, explicó Ribón ante los medios, opta por una doble vía. En primer lugar, por lo Penal, para investigar un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos. Y en segundo término, por el cauce administrativo, para abrir un procedimiento sancionador al considerar que vulnera el artículo 62 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía. La decisión de acudir a los tribunales se tomó por unanimidad de los 14 miembros de la junta del ICAM.

Las denuncias, explican desde el colegio, no se dirigen contra nadie en concreto y buscan la "identificación completa de los autores". "La divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal", declaró el decano del ICAM, que engloba a cerca de 75.000 abogados colegiados.

Las denuncias, en principio, no se dirigen contra nadie en concreto y buscan la "identificación completa de los autores" de la filtración

La Junta de Gobierno, que presentará las denuncias próximamente, hace especial hincapié en la revelación de las fechas y los detalles de la conversación entre la Fiscalía y González Amador, lo que supone una "ruptura del principio de confidencialidad". Eugenio Ribón, además, explicó que el ICAM se desvincula momentáneamente del Protocolo de Conformidades suscrito con la Fiscalía por su supuesta vulneración. "Desde este momento insta a una revisión del actual protocolo de conformidades, dada su inadecuación y a que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado", añadió Ribón.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comunicó por carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega, que impulsará la creación de una comisión mixta con esta institución para "revisar y actualizar" el protocolo, según informa Europa Press.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El novio de Ayuso y la lengua de Montero

Javier Caraballo

La denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid se produce en mitad de la bronca política por la denuncia contra González Amador, con el Gobierno de Pedro Sánchez y la izquierda (PSOE y Más Madrid) exigiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por mentir en sus explicaciones del caso, tras negar que existiera una investigación contra su novio, pese a que él mismo reconoció los presuntos delitos en las conversaciones reveladas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid insistió este lunes en que todo obedece a una campaña política contra ella, utilizando los medios del Estado para atacar a su pareja. "Se están usando todas las herramientas del Estado contra un particular, es chavista y es gravísimo, es un escándalo absoluto, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en España", declaró Ayuso, que señaló a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por sus reuniones con Air Europa antes del rescate del Ejecutivo.