El PP de Madrid denunció el contrato de la pareja de Ayuso ante la Fiscalía Anticorrupción

La denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha aflorado una paradoja. El PP de Madrid, que dirige la dirigente madrileña, denunció en 2022 ante Anticorrupción los contratos de FCS Select Products con el Ministerio de Sanidad para la compra de mascarillas y otro tipo de material sanitario en la pandemia. Y se da la circunstancia de que González Amador intermedió para esta mercantil durante este periodo con una operación millonaria que propició el inicio de las investigaciones por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.

González Amador, informa eldiario.es, cobró casi 2 millones de euros en comisiones por mediar en una compraventa de material sanitario en el inicio de la crisis sanitaria. De los 2,3 millones que facturó en 2020 la empresa Maxwell Cremona SL, propiedad de la pareja de Ayuso, un total de 1.973.000 procedieron de una mediación con la mercantil FCS, tal y como detalló el propio empresario a Hacienda. Las facturas falsas objeto de la inspección habrían servido, supuestamente, para ocultar estos ingresos.

FCS, con sede en Barcelona y dedicada al sector de las bebidas alcohólicas, fue uno de los proveedores del Gobierno durante la pandemia. La empresa fue la adjudicataria de cuatro contratos por valor de 263.126.600 euros tramitados por el "procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia". Así consta en la denuncia que el PP de Madrid formuló a la Fiscalía Anticorrupción hace ahora dos años exactamente, donde hizo una enmienda general a la contratación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Entre los expedientes señalados se incluye el que tiene que ver con la mediación del ahora investigado por supuestas irregularidades en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021.

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Los populares, como informó El Confidencial, alertaron de presuntas irregularidades en las firmas y ayudas con diferentes compañías por valor de 326 millones de euros. El escrito, además, incluía las subvenciones concedidas a Playbol, "vinculada a los padres del presidente del Gobierno", y un contrato adjudicado a Beedigital, "vinculada con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño".

También la posible influencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, en siete expedientes. Las operaciones con FCS remiten al suministro de mascarillas al Sistema Nacional de Salud y, según la denuncia presentada entonces, la empresa recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social.

El PP cierra filas

Nadie se salió del guion. El PP de Alberto Núñez Feijóo cerró filas con Isabel Díaz Ayuso por la investigación que, en este caso, afecta a su actual pareja, Alberto González Amador. Lo hizo en público el líder de la formación, limitando el caso a un asunto "personal" y desvinculando en todo caso a la presidenta madrileña, que no tiene "ninguna inspección de la Agencia Tributaria". Así lo ratificaron en privado fuentes de la cúpula popular, que asumen el relato que había marcado ya la presidenta de la Comunidad de Madrid. Defienden que todo se trata de una campaña orquestada desde la Moncloa: "Es una cortina de humo lamentable".

En el PP abonan la teoría de que el PSOE está detrás de la acusación contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al que se le atribuye un presunto fraude de más de 350.000 euros contra la Hacienda Pública. Están convencidos de que "si no existiese el caso Koldo, esto no habría salido". Estas fuentes insisten en separar el caso que afecta a González Amador del de la mujer del presidente del Gobierno. "Puedes estar casado con un delincuente y no tener la culpa. Pero lo que se está juzgando de Begoña Gómez es su relación con una empresa a la que rescató Sánchez con dinero público", ejemplifica un dirigente popular.

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Las voces consultadas defienden que el caso de la presidenta madrileña sí "traspasa la barrera de lo personal", porque las supuestas irregularidades de la pareja de Isabel Díaz Ayuso no tienen vínculo con la gestión de la Comunidad de Madrid. Begoña Gómez, insisten, pudo jugar un rol en el millonario rescate del Gobierno a Air Europa por el vínculo comercial que mantenía con el holding de la aerolínea. Como defendió Feijóo este martes, Pedro Sánchez pudo incurrir en un presunto conflicto de intereses por no inhibirse de la decisión en el Consejo de Ministros.

Isabel Díaz Ayuso concederá este miércoles una rueda de prensa en Leganés. En su equipo desligan esta convocatoria del caso de su pareja y lo atribuyen a una cita normal con los medios cuando el Consejo de Gobierno se reúne fuera de la Real Casa de Correos.

Contra la Fiscalía

La denuncia de la Fiscalía irrumpió en plena vorágine por el caso Koldo. Esta aparente relación de causa y efecto tampoco pasó desapercibida para el entorno de Isabel Díaz Ayuso, que apunta también a una supuesta maniobra del Ministerio Público en un momento complejo para el Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo verbalizó en público y apuntó que la Fiscalía Provincial de Madrid está controlada por Pilar Rodríguez, que fue secretaria general del Ministerio de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. Un extremo compartido internamente. "Qué casualidad, ¿no? Ya es coincidencia que esto salga justo ahora. Es una cortina de humo más", reiteran fuentes del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid, en línea con el análisis de Génova.

Desde el PP de Madrid, con cierta retranca, no ocultan su sorpresa por los mensajes orquestados del Gobierno, que hace apenas unos días criticaban las referencias a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por su relación con la polémica en torno al rescate de Air Europa.

La propia Isabel Díaz Ayuso denunció este martes una campaña desde Moncloa. La dirigente popular, que niega "tramas o redes paralelas", asegura que la investigación contra su pareja, Alberto González Amador, es un ataque más a su familia para hacerla caer. "Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que, además, quebró por otras cuestiones. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos…", declaró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fuentes del Gobierno autonómico y del PP de Madrid coinciden en que el caso no tiene nada que ver con la acción del Ejecutivo y que se limita a un tema privado. "Es un supuesto fraude a título personal, que ya veremos a dónde llega, pero no tiene nada que ver con dinero público", detallan a este diario. La pretensión, consideran, es igualar las mordidas ilegales del caso Koldo, que salpica al Ministerio de Transportes, a Francina Armengol y al ministro Ángel Víctor Torres, con una inspección tributaria.

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Ayuso se afanó en desligar la inspección de Hacienda de la gestión gubernamental. "Respondo por mi Gobierno", dijo durante su breve comparecencia desde Barcelona. La realidad, sin embargo, es que el desgaste será difícil de controlar, aun con la certeza de que la investigación no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid. En Sol se preparan ya para una ofensiva sin cuartel de la izquierda. La primera parada será en el pleno del próximo jueves, donde Más Madrid y el PSOE seguirán la línea marcada por Moncloa, con una estrategia de acoso y derribo. La siguiente, todavía por confirmar, será con la comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material en la pandemia, que el PP ya espera que sea una suerte de "paseíllo" mediático.