Sanidad incumple la ley al ocultar los proveedores y contratos del coronavirus

El apagón informativo del Ministerio de Sanidad sobre el importe de los suministros comprados para frenar el avance del coronavirus y sobre la identidad de los proveedores sanitarios incumple la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así se desprende de un informe —fechado el Viernes Santo— de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que interpreta la tramitación de emergencia derivada del estado de alarma decretado el 14 de marzo. El dictamen se muestra rotundo en este aspecto, al afirmar que "la LCSP no recoge especialidades para estos contratos en relación con la publicidad de los actos de adjudicación y formalización en el perfil de contratante del órgano de contratación respecto al régimen de publicidad previsto con carácter general".

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 hace más de un mes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha negado en repetidas ocasiones a proporcionar detalles de los contratos suscritos en el marco de la pandemia del coronavirus. Desde que el jueves 26 de marzo saltara a la luz la poca sensibilidad de los test rápidos comprados a China, Illa ha rechazado revelar una y otra vez el “proveedor nacional” al que se compraron, la última vez este mismo lunes.

TE PUEDE INTERESAR

Sanidad se niega a revelar a quién compró los test defectuosos fabricados en China

Guillermo Cid Antonio Villarreal Carlos Barragán Ángel Villarino

También este lunes, este diario informaba de que un proveedor de las mascarillas repartidas por Sanidad fue condenado por estafa en 2015. Después de que en un primer momento el ministerio no contestara a las preguntas remitidas por este periódico, Illa afirmó que la empresa FCS Select Products SL "cumple con los requisitos" y los "altos estándares" fijados por Sanidad para la compra de productos sanitarios, sin revelar ni la cuantía ni otros detalles del contrato. Otros organismos, como Puertos del Estado o Adif, tampoco han revelado el importe o la identidad de los proveedores de los suministros sanitarios, más allá del número de mascarillas adquiridas mediante compra centralizada.

A tenor de la nota informativa de la Junta de Contratación Pública, estas prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez son irregulares. Elaborado “con el fin de prevenir que se puedan producir situaciones de mal uso o de abuso” de la tramitación de emergencia recogida en el artículo 120 de la LCSP, el informe aclara que esta vía "excluye la obligación de tramitar el expediente de contratación, y por tanto la necesidad de publicar el anuncio previo y los trámites de dicho expediente", pero no así la publicación de la adjudicación y la formalización del mismo: "La LCSP no recoge, en cambio, especialidades para estos contratos en relación con la publicidad de los actos de adjudicación y formalización en el perfil de contratante del órgano de contratación respecto al régimen de publicidad previsto con carácter general por los artículos 151.1 y 154.1". Estos artículos establecen que la resolución de adjudicación del contrato deberá "ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días", mientras que la formalización del mismo deberá serlo "en un plazo no superior a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato".

El dictamen interpretativo abunda en que "la publicación en estos casos deberá limitarse, no obstante, a lo que resulte pertinente, teniendo en cuenta que no existe un procedimiento previo con los trámites habituales". Y añade: "En este sentido, cobran importancia, por ejemplo, aspectos como los siguientes: la justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación, la mención del objeto del contrato, el precio de adjudicación o la identidad del contratista". Asimismo, subraya que la formalización de estos contratos se deberá seguir publicando en el Diario Oficial de la Unión Europea y/o en el Boletín Oficial del Estado, donde solo se han publicado 15 anuncios de formalización de contratos desde la entrada en vigor del estado de alarma hace ya un mes, ninguno de ellos relativo al Covid-19.

En el informe de cinco páginas, el centro directivo dependiente de Hacienda deja claro que la tramitación de emergencia solo afecta a la licitación del contrato, esto es, a la fase de búsqueda y elección de proveedores. Así, esta vía excepcional permite a las entidades públicas contratar de forma verbal sin necesidad de tramitar expediente o adelantar el pago parcial o total de los suministros, pero a su vez les exige que “se ofrezca una justificación razonada y sólida que demuestre que no han hecho un uso inadecuado de esta fórmula legal” e informar a la intervención delegada y al Consejo de Ministros. Tras la selección del contratista, los principios generales de la Ley de Contratos del Sector Público vuelven a regir.

El informe insta a "documentar adecuadamente la adjudicación y formalización del contrato" incluso cuando se alcance un acuerdo de forma verbal

“Recordemos que la relajación de los requisitos procedimentales en la tramitación de emergencia tiene por finalidad la inmediata ejecución de la prestación contratada, pero ello no excluye que, 'a posteriori', puedan llenarse las exigencias de los principios de publicidad y transparencia, razón por la cual parece recomendable que, incluso en los limitados supuestos en que se acuda a la contratación verbal, se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y formalización del contrato”, subraya la nota informativa.

Preguntados al respecto, tanto Hacienda como Sanidad manifestaron que "todos los contratos se han hecho por emergencia" y que "no es obligatorio publicar la licitación en la plataforma". Sin embargo, no han contestado por qué no publican los posteriores acuerdos de adjudicación y formalización de los mismos, tal y como demanda la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su dictamen.

Licitaciones públicas de 20 países

A diferencia del Gobierno español, 20 países sí publican licitaciones relacionadas con el coronavirus en un portal especial habilitado en la plataforma de contratación de Europa. “El propósito de esta página es facilitar el acceso a licitaciones relacionadas con la pandemia del Covid-19. En este contexto, la siguiente lista destaca la contratación pública en el área de equipos médicos, reflejando así las necesidades de las autoridades y servicios sanitarios”, informa la web.

El portal recogía este lunes 118 licitaciones, de las que la mitad correspondía a Polonia (42), Rumanía (12) y Bulgaria (10). Los países europeos más afectados por el coronavirus, como Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, también tenían publicadas algunas licitaciones. Todos menos España. El Ministerio de Sanidad no ha contestado por qué no informa de sus licitaciones abiertas en la plataforma de contratación europea.