Guerra en la abogacía: Ribón rompe con Ortega y exige un CGAE de elección popular

Fractura total en la abogacía institucional. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el mayor del país y que representa a más de 70.000 colegiados, se planta ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), órgano que agrupa a los 83 colegios del país, y exige cambios sustanciales en su funcionamiento y sistema de elección. Según explican fuentes del ICAM a este diario, la situación actual que vive la profesión requiere de un consejo que no se enrede en "polémicas artificiales" y se centre, "con la mayor dedicación y habilidad posible" en los "problemas reales de la abogacía", algo que actualmente no está haciendo. Para ello, explican, el colegio madrileño "apostará por un cambio en la forma de elección de los miembros del pleno del CGAE en la que serán los colegiados de toda España los que, de forma directa, tengan la voz y el voto para elegir a sus representantes".

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De esta forma, la cúpula del ICAM muestra su hartazgo por los desplantes dirigidos por la dirección del consejo, presidido por Victoria Ortega, y que han terminado de dinamitar la tensa relación que han mantenido ambas instituciones desde la toma de posesión de Eugenio Ribón como decano de Madrid a comienzos de este año. La gota que ha colmado el vaso ha sido el comunicado público emitido el pasado 6 de septiembre por el CGAE, en el que la institución, aunque sin citarlo, criticaba duramente a Ribón por haber presentado en el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid una propuesta de proposición no de ley (PNL) para facilitar el tránsito de la Mutualidad de la Abogacía al régimen de la Seguridad Social (RETA).

Según se señalaba en el comunicado, en el apresurado pleno celebrado el 25 de agosto, el CGAE había acordado llevar a cabo "una acción unánime y coordinada". Y agregaba: "La Comisión Permanente [que no el pleno] entiende que esta forma de proceder no solo es la más responsable, sino también la más efectiva, por lo que rechaza aquellas acciones aisladas orientadas únicamente a asumir un protagonismo mediático individual, que casi siempre entorpecen las negociaciones institucionales y que terminan por perjudicar al conjunto de la profesión". Un ataque directo contra uno de sus integrantes, el decano de Madrid, que terminaba por hacer pública la tensión existente desde hace meses entre Ribón y el orteguismo, siempre tan receloso de que nadie se aparte de la línea oficial, o cuestione su proceder o el statu quo.

Ataque en una comunicación institucional

Por si alguien no hubiera leído la nota, la hostilidad del núcleo duro de Ortega con el decano de Madrid también pudo verse en distintos mensajes publicados en las redes sociales por el decano de Valladolid y secretario general del consejo, Javier Martín García, que acusó a Ribón de "dividir" a la abogacía y pretender "arrogarse funciones que no le corresponden". No es la primera vez que desde el entorno de la presidenta se critica en público al máximo representante del ICAM, aunque hasta el momento, como Martín, siempre había sido a título particular. La novedad es que esta vez, además, se empleaba una comunicación formal y oficial de la institución para señalar a uno de sus integrantes. Y no uno cualquiera. Madrid, por abogados y presupuesto, no es un colegio más.

El episodio de la PNL es el último en un historial de desencuentros que ha ido creando una distancia insalvable entre ambas partes. El penúltimo fue la contratación por parte del ICAM del ex jefe de los servicios jurídicos del CGAE, Lucas Blanque, cuyo conflictivo despido en 2021 ha desatado una cruda batalla judicial entre el profesional y el organismo que preside Victoria Ortega. Cuando los fieles al orteguismo tuvieron conocimiento del fichaje de Blanque, que interpretaron como un desafío por parte de Ribón, según aseveran diversas fuentes, se inició un torrente de críticas y ataques contra el decano madrileño en el grupo de WhatsApp que comparten los consejeros. La respuesta de de Ribón, lejos de amedrentarse, fue la de lanzar desde el departamento de comunicación del ICAM una nota de prensa anunciando a bombo y platillo la incorporación de Blanque, loando su "talento" y su "prestigio". Una misiva que desató la furia de Ortega.

A estos choques hay que sumar otros, como la irritación que en el CGAE provocó la adhesión del ICAM y el liderazgo jugado por Ribón en la manifestación por la mejora de las condiciones del turno de oficio celebrada en Madrid el pasado 27 de abril, tras la cual se desató un torrente de críticas contra Victoria Ortega por su ausencia y silencio. O la actividad de los institutos I+D del ICAM e I+Dret del Colegio de Barcelona (ICAB), dos órganos creados para la elaboración de propuestas de mejora del ordenamiento jurídico, y cuya actividad escuece en el consejo porque entienden que les eclipsa. O la inauguración en la sede del colegio madrileño de la exposición Abogacía de Madrid, abogacía de España, un muestrario de documentos históricos y libros que acreditan el papel del ICAM en la historia de la profesión en todo el país y a cuyo evento se invitó a los 82 decanos. O que el decano mediara en la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Que Ribón asuma un papel de liderazgo nacional en la abogacía, no sometiéndose al dictado y autoridad del CGAE, levanta no pocas ampollas en el orteguismo.

Que Ribón asuma el papel de líder nacional, no sometiéndose a la autoridad del consejo, levanta no pocas ampollas en el 'orteguismo'

La respuesta de la presidenta Ortega, conocida por ser implacable con cualquier signo de disidencia, ha sido la de marginar a Madrid en los máximos órganos decisorios del CGAE, todos compuestos por cargos de confianza. Así, hasta la fecha, ni ha designado a Ribón vicepresidente del consejo, posición que tradicionalmente ha correspondido al decano de la capital, ni le ha nombrado miembro de la Comisión Permanente. Tampoco forma parte de este órgano Jesús Sánchez, decano de Barcelona, otro a quien el orteguismo señala como díscolo. Es decir, los dos grandes colegios de España, que representan a más del 40% de los abogados del país, no tienen voz en la dirección operativa del consejo. Una "anomalía histórica", según protestan desde el Colegio de Madrid, que fuentes no oficiales del CGAE no dudan en explicar como un "intento de domesticación" por parte de la presidenta de cualquiera que se aparte de sus directrices.

Madrid retrasa sus pagos

La impugnación del sistema de elección de los integrantes del CGAE, cuyos integrantes son los propios decanos y, posteriormente, son ellos quienes eligen un presidente que no tiene por qué ser decano, supone un salto cualitativo en el conflicto entre Ribón y Ortega. Es el desafío al statu quo sobre el que se asienta el poder de la presidenta y su aparato. Hasta la fecha, al margen de comentarios en el chat exigiendo respeto para Madrid y para su figura —pues según cuentan los en él presentes, no son pocas las ocasiones en las los orteguistas se despachan a gusto contra él—, el mayor gesto de rebeldía de Ribón había sido el retraso en los pagos periódicos que desde el ICAM se hace al consejo. Con ello pretendía "asomar la patita", según interpretaron varios integrantes del pleno. En el recuerdo de todos, el desafío del ex decano de Madrid Luis Martí Mingarro, quien dejó de pagar las aportaciones del ICAM al CGAE, provocando un pleito entre ambas instituciones que finalmente el colegio de la capital perdió.

La rebeldía de Martí Mingarro, como recordó recientemente la letrada Paloma Llaneza en su cuenta de Twitter (X), tuvo su origen en el rechazo de Madrid al sistema de certificación adoptado por el Consejo de la Abogacía —el denominado ACA—. Casualidad o no, uno de los asuntos introducidos de urgencia en el pleno del 25 de agosto fue, precisamente, la renovación de este sistema, cuya tecnología actual caduca y requiere ser contratada con otro proveedor. Según diversas fuentes, algunos decanos, entre ellos Jesús Sánchez, protestaron contra la dirección del CGAE por pretender tratar este asunto en medio del verano deprisa y corriendo, sin una preparación adecuada del debate. Está por ver si la renovación del ACA, que ya ha levantado algunas suspicacias, no se convierte en otra patata cliente para cúpula de la institución. No sería la primera. De momento, estos días está previsto que se celebre un nuevo pleno para tratar esta cuestión.

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Que Madrid no pague o retrase sus abonos al consejo no es cuestión baladí. De las cuotas de los abogados de la capital salen rumbo al CGAE tres millones de euros, una cuarta parte de su presupuesto, que asciende a los 12 millones de euros. El cuestionamiento del dinero que el ICAM remite al organismo que preside Ortega ya fue planteado por algunos de los candidatos a las últimas elecciones del Colegio de Madrid a la vista de la "opacidad" y la polémica gestión de la institución que lleva a cabo su actual dirección, según destapó este diario, y que ha provocado pérdidas millonarias en los últimos ejercicios. Una vez descubierta la delicada situación del CGAE, denunciada en primera instancia por los decanos de Galicia, la organización aprobó un controvertido aumento de cuotas —el denominado cuotazo—, que encendió aún más los ánimos de la abogacía de base contra la institución, escocida por el escándalo de las dietas, el ruinoso contrato de email o los privilegios de los que goza la presidenta, entre ellos, un piso alquilado al decano de Ciudad Real pagado directamente de los presupuestos del consejo. Asuntos de los que nunca se han dado explicaciones públicas.

Desde el ICAM inciden en la "notoria desafección" que los profesionales de la abogacía sienten hacia sus órganos de representación y subrayan que su compromiso es "reducir esa brecha y trabajar, sin recibir nada a cambio, solo al servicio de los colegiados". Además, rechazan los ataques que desde la cúpula del CGAE se vierten contra Ribón por "populista" y señalan como "artificial" la dicotomía entre abogacía institucional y abogacía real. "No es aceptable que recibamos presiones o críticas por lo que no es, ni más ni menos, que el cumplimiento de los compromisos que asumimos con los colegiados de Madrid y la defensa de sus intereses", indican fuentes colegiales. Muchos comprenden el temor existente de que Madrid, que cuenta con un presupuesto —más de 30 millones de euros—, una plantilla y unos medios superiores a los de cualquier colegio, vaya por libre. Pero también los hay que señalan que los decanos autónomos en la dirección de sus instituciones y se deben a sus colegiados antes que a los exasperantes ritmos del CGAE, y al estilo opaco y autoritario que despliega el orteguismo.

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"Es cierto que existe un desencuentro con el CGAE, en cuanto a consejo, no respecto a los colegios de abogados, con quienes la colaboración es permanente", explican desde el ICAM; "nosotros, como mayor colegio de España, tenemos un compromiso claro de solidaridad con todos y de reconocimiento de su importante papel", aseveran, poniendo como ejemplo la exposición Abogacía de Madrid, abogacía de España. "Es voluntad del ICAM valorar estos vínculos y mantener una actitud de mano tendida con todos y cada uno de los colegios de España", exponen, precisando que su guerra es con la presidenta y su cúpula, no el resto de decanos, algunos de los cuales, aunque no alcen la voz, están distanciados de las maneras del orteguismo y son conscientes de la mala reputación que arrastra la institución desde hace meses. Ahora bien, incluso quienes son críticos con Ortega, creen que Ribón peca de individualista y le reprochan que se arrogue la voz de la abogacía de todo el país cuando apenas se le ve por los plenos del CGAE. De hecho, las actas revelan solo ha asistido a dos de estas reuniones desde su toma de posesión como decano.

Elecciones... si Ortega cumple su palabra

El estallido definitivo del conflicto Ribón-Ortega y la propuesta de modificación del sistema de elección del consejo se produce apenas tres meses de que el organismo deba elegir nuevo presidente —y solo días después de la dimisión de Pablo Zapatero, secretario general técnico del CGAE—. Ello si la actual presidenta cumple su palabra y se rige por el "espíritu" del nuevo Estatuto de la Abogacía, norma a la que apeló ante el pleno para adelantar los últimos comicios y así cerrar la puerta a una posible candidatura de la exdecana de Barcelona Maria Eugènia Gay, convocando la votación justo tras la Navidad, en enero de 2020 —impidiendo así la posibilidad de que Gay hiciera campaña, según denunció por entonces su equipo—. El antiguo estatuto fija un mandato de cinco años y el nuevo, de cuatro, pero al haber entrado en vigor tras las últimas elecciones, técnicamente aún sería de aplicación el anterior. El compromiso político y moral adquirido, no obstante, es otro.

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La gran duda que flota en el ambiente es si Ortega repetirá. En 2020, ella misma se comprometió a regirse por el nuevo estatuto, que fija un máximo de dos mandatos. Sin embargo,en algunos círculos ya ha señalado que no tiene tomada la decisión, dando a entender que no se siente hoy ya vinculada por dicho compromiso. Además, tampoco ha señalado, de forma directa o indirecta, ningún delfín, lo que está alimentando la idea de que contempla repetir, aunque varios decanos señalan que el mutismo es total respecto a las elecciones y los posibles candidatos. El manejo de los tiempos, la información —o la falta de información— y los cargos —ya sea en forma de premio o castigo— son armas que la presidenta emplea con maestría para hacer valer su voluntad. Así ha sido hasta ahora, y todo indica que así será hasta el fin de su mandato. Ahora bien, nunca hasta ahora había tenido un rival de la talla de Ribón, aunque este deberá jugar bien sus cartas, pues todos saben, incluso él, que el consejo es territorio Ortega.