Las siete 'patatas calientes' que el Consejo de la Abogacía silencia en su congreso

Esta tarde arranca en Port Aventura, en Tarragona, el XIII Congreso de la Abogacía. Un encuentro que, según su organizador, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), está marcado por la recuperación de una de las señas de identidad de los congresos de la profesión: su carácter deliberativo. El abandono de este formato fue la principal crítica que se le hizo al CGAE en el último de sus eventos nacionales celebrado en Valladolid. Sin embargo, el formato deliberativo tiene gato encerrado, pues ha sido el Consejo quien ha delimitado sobre qué materias se va a poder la abogacía discutir, debatir y decidir, dejando fuera algunas otras, muy de actualidad, que incomodan de sobremanera al organismo que preside Victoria Ortega.

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Por encima de todas ellas, el gran elefante blanco en la habitación durante los días 3, 4 y 5 de mayo, será la transparencia —o su falta de ella— y el buen gobierno —o los muchos aspectos en los que este resulta mejorable— de una institución que representa a los 83 colegios y, en último término, a las decenas de miles de letrados del país. Tras las informaciones reveladas por este diario, que han puesto de manifiesto carencias importantes en la gestión política y económica del organismo, la reacción del CGAE ha sido enrocarse en su opacidad y limitar aún más la publicidad de su actuación —como ejemplo, cada vez son más los fragmentos capados de las actas de sus reuniones—, ignorando la desafección y el malestar de numerosos profesionales quienes, a fin de cuentas, son quienes sufragan con sus cuotas obligatorias la actividad el organismo que lidera Victoria Ortega. Sorprende, a este respecto, que el CGAE no dé muestras de sentirse obligado a rendir cuentas sobre su gestión ante los letrados cuyos intereses representa.

La tendencia oscurantista del Consejo ha tenido su última manifestación en el castigo al que ha sometido a El Confidencial por informar a la profesión sobre su delicada situación financiera y su controvertida gestión económica, excluyéndole de los medios invitados a cubrir el XIII Congreso. Tal y como trasladó la dirección de comunicación del CGAE a este diario, sus redactores no iban a ser invitados a asistir al evento, como sí lo han sido, en cambio, los de otros medios que destinan muchas menos páginas a informar sobre la actividad de la institución. Esta penalización no implica que El Confidencial no pueda cubrir el evento, que lo hará, pues la acreditación está abierta a todos; lo que conlleva es que sus profesionales son discriminados frente a otros periodistas a los que el Consejo sufraga el viaje y la estancia en las instalaciones de Port Aventura durante los días del congreso.

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Pedro del Rosal

Es perfectamente cuestionable que pueda exigírsele al CGAE que sea quien sufrague el viaje a los periodistas que deseen cubrir el evento, pues está en su completo derecho de no hacerlo. A nadie se le escapa, no obstante, que el Consejo realiza estas invitaciones porque, de lo contrario, muy pocos medios asistirían al encuentro y la información que se ofrecería del mismo sería escasa o, directamente, nula. Este medio no cuestiona tener que abonar su propio viaje, que lo hará porque entiende que el congreso merece ser cubierto con una visión crítica y objetiva. Lo que denuncia El Confidencial es la discriminación respecto de otros periódicos o agencias por el hecho de hacer su trabajo, que ha sido informar con rigor y veracidad sobre la situación real del CGAE. Castigar a este diario por unas informaciones que en ningún caso han sido objeto de desmentido o una réplica por parte del Consejo es un muy mal indicio sobre lo que entiende el organismo —y, en especial, su presidenta, Victoria Ortega, artífice último de la decisión— por libertad de información y por el respeto que tiene la institución al derecho de los colegiados —quienes, recordemos, financian su actividad— a conocer y fiscalizar su actuación.

La dirección de comunicación del CGAE admitió que penalizaba a El Confidencial por informar sobre la controvertida gestión de la institución

En una conversación con este diario, la dirección de comunicación del CGAE ofreció diversas justificaciones poco creíbles para la exclusión de El Confidencial de los medios invitados. Entre ellas, que, por la difícil situación económica en la que se halla el Consejo, se había limitado el número de medios invitados, excluyendo a los generalistas y priorizando a especializados en información jurídica o a los diarios económicos con secciones específicamente jurídicas —como si la circunstancia de ser generalista pesara más que el hecho de que El Confidencial tiene, actualmente, una de las secciones jurídicas más leídas e influyentes en el mundo de la abogacía—. A ello, el director de comunicación de la institución añadió: "Evidentemente, no negaré que tampoco ha ayudado lo que habéis publicado para la decisión que hemos adoptado" [sic]. Un reconocimiento lo suficientemente explícito de que se trata de un castigo a este diario. En cualquier caso, que nadie dude de que, a pesar los intentos del Consejo de obstaculizar su labor, El Confidencial seguirá informando con veracidad y rigor sobre la gestión de la institución.

La falta de transparencia no es el único asunto que no se abordará en el XIII congreso y que es de sumo interés para la abogacía. Esa es solo una de las siete patatas calientes que el CGAE busca silenciar, pero que es urgente que explique y aborde ante los colegiados.

1. El polémico contrato de e-mail

Como ha informado este diario, el controvertido contrato de e-mail suscrito con Telefónica-Microsoft (que incluye un paquete de Office 365) es una de las grandes losas que lastran cada año el presupuesto del CGAE y, ahora también, el de muchos colegios, debido al sistema de copago que se ha establecido. Solo el año pasado, este contrato supuso un gasto de más de 1,4 millones de euros para las cuentas del Consejo, cuantía que el organismo prevé que pueda acercarse a los 1,9 millones en 2025. Hay un segundo factor relevante, que es que, a pesar de estarlo sufragando el conjunto de los abogados con sus cuotas, no todos los profesionales tienen acceso al paquete completo de Office. En la renegociación del acuerdo, el CGAE topó el número de licencias del servicio ofrecido por Telefónica-Microsoft y contrató un segundo proveedor, Arsys, a través del cual ofrecer solo la funcionalidad de correo electrónico. Urge que la institución que preside Victoria Ortega explique esta cuestión, porque este producto no solo está desangrando sus finanzas, sino que, además, ha generado tensiones en el seno del Consejo. Hay que recordar que el Colegio de Alcalá mantiene un pleito abierto con el CGAE porque se niega a cofinanciar este servicio y los decanos de Galicia exigieron la cancelación del contrato en una carta.

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2. Dietas, gastos de viaje y retribuciones

La partida dedicada a dietas y gastos de viaje no es la principal fuente de problemas económicos del CGAE, pero sí la que más escuece a los profesionales de a pie, que sienten que las reuniones y eventos que organiza la institución no les genera ningún beneficio a ellos, como colegiados, pero sí a los consejeros, en forma de pequeñas retribuciones. Es incomprensible que, mientras otros organismos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han introducido plena transparencia en su sistema de dietas y en su reparto, la entidad que preside Victoria Ortega mantenga un manto de oscuridad sobre este asunto. La cerrazón, en este sentido, alimenta las sospechas. Es evidente que la gran mayoría de decanos y consejeros no se están enriqueciendo a costa del CGAE, pero sí existe la convicción en muchos de sus integrantes de que los principales cargos de la institución hayan podido convertirla "en su modo de vida" —y ello a pesar de que se trata de funciones no retribuidas, según sus propios estatutos—. También sería necesario, a la vista del gasto en personal que declara el Consejo —más de tres millones de euros solo en 2022—, conocer qué criterios se emplean a la hora de fijar los mismos o si existen algunos baremos para su establecimiento.

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3. El piso de Ortega y otros privilegios

El pasado mes de julio, este diario desveló que el CGAE pagaba el alquiler del piso en Madrid de su presidenta, Victoria Ortega, y que su propietario era Cipriano Arteche, decano de Ciudad Real. Al margen del debate sobre si es conveniente o no que el Consejo sufrague un establecimiento permanente en la capital a su máximo representante —que puede tener sentido desde los puntos de vista económico y de gestión—, resulta poco presentable que se tratara de un beneficio oculto al conjunto de los colegiados. La pregunta es evidente: ¿de qué otros beneficios, prebendas y privilegios ocultos disfrutan la presidenta y los máximos representantes del CGAE?, ¿acaso no tienen los colegiados derecho a saber bajo qué condiciones se ejercen los cargos que, en último término, les representan? Lejos de afrontar con la debida transparencia esta cuestión, en una entrevista concedida a la editorial Aranzadi La Ley y publicada en CincoDías, Ortega señaló lo siguiente: "Cabría preguntarse si los colegios y el Consejo deben hacerse cargo de este gasto, así como de las dietas, pero no olvidemos que el Consejo es un ente de pluridad territorial. Mantener que no se cubran estos gastos sería tanto como presuponer que solo pudieran pertenecer al Consejo personas de las élites económicas y residentes en Madrid". Envolverse en la bandera del populismo económico o territorial denota poco respeto por el criterio de los profesionales que, con legítimo interés, reclaman conocer qué privilegios disfrutan la presidenta y el resto de cargos del CGAE.

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4. Falta de transparencia y déficit de buen gobierno

Los puntos expuestos anteriormente revelan una institución en la que la transparencia brilla por su ausencia y en la que se detectan graves carencias desde las perspectivas de las políticas de buen gobierno. En la época actual, en la que entidades públicas y privadas se encuentran incorporando a sus normativas internas todo tipo de procedimientos y políticas relacionados con ambos principios, es inaplazable que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) realice una profunda reflexión sobre cómo mejorar el gobierno de la institución. Valga como ejemplo paradigmático de los déficits del organismo en esta materia la cuestión del piso que el CGAE costea a la presidenta y que es propiedad del decano de Ciudad Real, un asunto que reviste todas las características de un caso de conflicto de interés, pues Arteche está obteniendo un beneficio directo por el hecho de que Ortega dirija el organismo y después, como decano, debe votar las propuestas o la candidatura de la propia Ortega. La transparencia no debilita a las instituciones, más bien al contrario, las fortalece. El CGAE debería dejar de acusar a otros de querer acabar con el sistema de colegios profesionales y actuar en su defensa por la vía de mejorar su funcionamiento y rendición de cuentas. Además, fueron ellos mismos quienes se fijaron unos estándares en esta materia que ahora incumplen.

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5. Situación financiera y gestión económica

Como informó ayer este diario, la situación financiera del CGAE dista mucho de ser la óptima. Tras haber perdido 1,25 millones en 2021, el Consejo perdió 1,38 millones en 2022. Los primeros en alertar de la crítica salud económica de la institución fueron los siete decanos de Galicia, en una misiva desvelada por El Confidencial. La necesidad de elevar las cuotas de cara al presente ejercicio, aunque haya sido en una cuantía pequeña (1,5 euros por colegiado), revela que hay mucho margen de mejora en la gestión del organismo. Asimismo, tampoco estaría de más que existiera algún tipo de rendición de cuentas sobre las decisiones que adopta el Consejo en este sentido, así como balance del resultado de las mismas.

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6. Desapego y utilidad del CGAE

Todo lo descrito con anterioridad abona el palpable desapego que sienten la gran mayoría de los abogados de España respecto del CGAE, sin que desde el organismo se haya escuchado ninguna reflexión al respecto o se haya puesto en marcha un plan de acción para combatirlo. Tampoco se aborda la percepción de que las actividades y actuaciones del Consejo no tienen ninguna utilidad para el profesional de a pie, lo cual pone de manifiesto dos problemas. El primero es la desconexión de la abogacía institucional con los colegiados, sin que desde la primera parezca que existe ninguna intención de escuchar qué demandan los abogados de a pie para revertir esa situación. Y, en segundo término, un gran problema de comunicación, puesto que sí se llevan a cabo actuaciones relevantes, pero, o no se quiere, o no se saben comunicar para que estas calen entre los profesionales.

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7. Justicia gratuita y turno de oficio

La situación de la Justicia gratuita y el turno de oficio es la gran ausente en el programa del XIII congreso. La manifestación del pasado jueves, en la que en torno a 1.000 profesionales marcharon hasta las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar mejoras en este servicio, revela que se trata de una cuestión que ha permanecido abandonada mucho tiempo y que urge abordar. El programa del congreso marca, como única referencia a esta cuestión, una "concentración y manifiesto a favor del servicio público de justicia gratuita" el viernes a las 16 horas. Un papel secundario que, ni mucho menos, se corresponde con el clamor en torno a esta cuestión que se siente en la abogacía de a pie. No parece que ni Victoria Ortega ni el CGAE hayan tomado nota de las duras críticas recibidas por su silencio en relación con la protesta del 27-A.