Las cuentas del Consejo de la Abogacía siguen en la UVI: 1,4 millones de pérdidas en 2022

La situación financiera del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) sigue en estado crítico. Tras registrar unas pérdidas de 1.253.095 euros en 2021, las cuentas del organismo que preside Victoria Ortega volvieron a situarse en números rojos al cierre de 2022. El concreto, según el balance publicado recientemente en la propia página web del CGAE, el agujero a 31 de diciembre del pasado año fue de 1.382.504 euros. Un déficit que, junto con otras partidas, ha mermado la tesorería de la institución, que ha pasado de contar con unas reservas de 6.000.589 euros en 2020 a 1.259.019 euros en el último ejercicio; 4,7 millones de euros menos en apenas dos años.

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Esos cerca de 1,4 millones de euros de pérdidas representan casi el 12% del presupuesto total para el ejercicio del Consejo, que en 2022 ascendía a 11.993.919 euros. Una vez cerrado el año, resultan el 10,4% de lo finalmente ejecutado, 13.264.186 euros, una cuantía que supone un desvío de más de 10 puntos frente al presupuesto. El Confidencial se puso ayer en contacto con el CGAE para obtener una valoración del cierre de su ejercicio y conocer el detalle de algunas de las partidas que se mencionan a continuación. Desde el Consejo se han comprometido a explicar al detalle las cuentas para aclarar cualquier duda o cuestión al respecto.

De acuerdo con los balances presentados, son varias las causas que explican este descuadre entre ingresos y gastos. Entre las más reseñables, destaca el polémico contrato de correo electrónico suscrito con Telefónica-Microsoft sigue siendo un enorme lastre para el CGAE. Solo el pasado ejercicio, este supuso un desembolso de 1.383.167 euros, según figura en la documentación presentada. Dicha cuantía se descompone en varios pagos que no figuran detallados de forma minuciosa. En las cuentas solo se señala que, a 31 de diciembre de 2022, el importe abonado correspondiente a "las licencias y servicio de mantenimiento correspondiente a 12 meses" es de 927.529 euros, sin aclarar los 400.000 euros de diferencia.

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Hay que recordar, no obstante, que, ante la enorme elevación de los costes que suponía el servicio de Office 365 contratado con Telefónica-Microsoft, el CGAE topó el número de licencias contratadas con dichas empresas —que, según la documentación del propio CGAE, ronda las 61.000— y contrató a un segundo proveedor, Arsys, para ofrecer a los colegiados que excedieran ese número la funcionalidad únicamente de correo electrónico —un más económico, pero más limitado—. El desembolso que el polémico contrato estaba provocando en las finanzas del Consejo provocó que este empujara a los colegios a aceptar su copago, fruto del cual, en 2022, ingresó 246.677 euros. Esta cofinanciación no fue aceptada de buen grado por todos los colegios. Tanto es así que el de Alcalá de Henares mantiene un pleito abierto con el CGAE porque se niega a abonar cuantía alguna a la institución. La deuda pendiente, según la provisión por insolvencias del Consejo, es de 16.561 euros.

También destaca el aumento de los gastos de personal, que se sitúan en 3.196.769 euros, frente a los 2.996.562 del año anterior (200.207 euros más). Dentro de dicha cuantía, la partida de sueldos, salarios y asimilados supuso 2.624.634 euros, 250.000 euros más que en 2021. Estos incrementos llaman la atención cuando, precisamente, el CGAE ha llevado a cabo un importante número de despidos en el último ejercicio. Tanto es así que el número de empleados promedio pasó de 46 en 2021, a 41 en 2022.

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El incremento de los gastos de personal frente a lo previsto en el presupuesto, explica el informe, se debe al coste derivado "de la reestructuración de plantilla llevada a cabo durante el ejercicio". Una razón a la que, según fuentes del CGAE, hay que sumar una segunda. Las elevadas retribuciones de determinados cargos de la institución, algunos de ellos incorporados recientemente, como su secretario general técnico, Pablo Zapatero; su director general (y ex secretario general técnico), José Antonio Perales, o el gerente Adolfo Estébanez.

A lo anterior, asimismo, hay que sumar los 717.975 euros abonados al Ministerio de Justicia por los "pagos indebidos" del convenio de colaboración suscrito entre el departamento, el CGAE y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid para los abogados de oficio del caso Gürtel. Un importe, en todo caso, que el documento indica que "está reclamado al Ministerio de Justicia" ante la Audiencia Nacional. Sin este gasto extraordinario, el déficit del Consejo sería 665.000 euros.

En la partida en la que sí se detecta un ahorro frente a lo previsto en el presupuesto es en la destinada a dietas y viajes. Frente a los 1.213.287 euros presupuestados, los integrantes del CGAE solo han consumido 749.051 euros, el 61,7%. Una reducción, explica el informe, derivada del menor gasto en dichos conceptos "por la celebración de reuniones en modalidad telemática". Eso sí, frente al ahorro en dietas y viajes, se disparan los gastos de la partida de relaciones institucionales hasta los 376.213 euros. Un montante un 390% superior a lo proyectado, 76.000 euros, y que los balances atribuyen a "partidas no previstas", como la publicación del Nuevo Estatuto de la Abogacía y el IX Barómetro Interno, asesoramiento del Convenio Laboral y Plan de Igualdad, y por Concierto benéfico a favor de La Palma.

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Pero las malas noticias para la salud financiera del CGAE no solo vienen del lado de los gastos, sino también de los ingresos. La cifra de negocio del organismo, que se compone de las cuotas de los colegiados, 39,13 euros anuales por cada uno de ellos —cifra revisada para 2023, tal y como avanzó El Confidencial—, así como de las cuotas de nueva incorporación —137,15 para los ejercientes y 83,95 para los no ejercientes—, cayó en cerca de 200.000 euros respecto de 2021. Precisamente, el informe de auditoría elaborado por BDO Abogados señala alguna salvedad en relación con dichas partidas. "El reconocimiento de ingresos es un área de significatividad y susceptible de incorrección material, particularmente en relación con la existencia, integridad y exactitud de los ingresos reconocidos en el ejercicio, por lo que ha sido considerado como el aspecto más relevante de nuestra auditoría", indica el texto.

Según las actas del pleno del CGAE, las cuentas fueron aprobadas el pasado 17 de marzo, con el único voto en contra del colegio de Alcalá de Henares, y las abstenciones de los colegios de Murcia y Lleida. Es relevante señalar que, de cara al presente ejercicio, el Consejo ha aprobado una subida de las cuotas de 1,5 euros, por lo que estas pasarán a ser de 40,63 euros por colegiado, medida con la que pretende aliviar su precaria situación económica y la caída en el número de abogados. Durante la reunión en la que la comisión permanente del organismo aprobó el proyecto de presupuestos, sus integrantes aprovecharon para "poner en valor la solidez de las cuentas de la institución", según comunicó el CGAE.

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Una proclamada fortaleza sobre la que, sin embargo, planean serias dudas. De hecho, los primeros en alertar sobre la crítica situación de la institución que preside Victoria Ortega fueron los siete decanos de Galicia quienes, en una carta desvelada por este diario, pedían tomar medidas ante "uno de los problemas más importantes (si no el que más) que actualmente tiene el Consejo y que debe ser examinado con carácter primordial", en referencia al hecho de que, "año tras año y desde hace tiempo", el CGAE "venga dando resultados económicos negativos". Los máximos responsables de la abogacía gallega estimaban necesario, "antes de acudir a cualquier otra solución que pudiera provenir de órganos ajenos al propio CGAE", analizar las posibles medidas a adoptar que pongan fin "a la tendencia deficitaria histórica referida o, cuando menos, reducir los déficits continuos que se vienen produciendo". Entre las medidas propuestas en el texto se incluía reducir el gasto en dietas y viajes, y cancelar el contrato de correo electrónico.