El Consejo de la Abogacía se autoenmienda y plantea recortar 300.000 € en dietas y viajes

El proyecto de presupuestos para 2023 del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) incluye un importante tijeretazo en las partidas previstas para dietas y gastos de viaje. Tras rechazar las críticas recibidas en los últimos meses por su gestión económica y atribuirlas a una "campaña de desprestigio", la institución que preside Victoria Ortega se autoenmienda y plantea cambios en el funcionamiento de las comisiones para lograr un recorte de más de 300.000 euros. Un ajuste de gasto con que el CGAE pretende compensar el cuotazo que incluye el proyecto, tal y como adelantó El Confidencial, y por el que los letrados estarán obligados a pagar 1,5 euros más al año al organismo a partir del año que viene.

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Los futuros presupuestos, a cuyo borrador ha tenido acceso El Confidencial, incluyen tres medidas de reducción de gasto relacionadas con las comisiones. La primera es que, a partir de su séptima reunión, las mismas se celebrarán de forma telemática para evitar que generen coste. La segunda es que los consejeros solo podrán percibir dietas por la pertenencia "a un máximo de una comisión ordinaria o subcomisión de adscripción voluntaria". Y la tercera es la homogeneización del presupuesto de cada una de ellas "destinado a la celebración de jornadas propias". Las medidas, de aplicación a partir de 2023, revelan que, en efecto, existe capacidad de ajustar el gasto en relación con estos órganos, tal y como reclamaron los decanos de Galicia en la carta que remitieron antes de verano al pleno del CGAE.

Con estas medidas, los gastos en dietas y viajes presupuestados pasan de 1.213.287 euros en 2022 a un total de 923.240 euros en 2023, lo que implica un ahorro de 290.047 euros (un 24% menos). A dicha cantidad habría que sumar los 16.640 euros de ajuste que en la partida de gastos operativos produce la previsión de menor convocatoria de comisiones. En total, de cumplirse lo presupuestado, la reducción será de 306.691 euros.

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Con estas medidas, el Consejo viene a compensar el incremento de las cuotas ordinarias individuales en 1,5 euros, con lo que pasarán de 39,13 a 40,63 euros. La subida debe aportar, según el proyecto de presupuestos, un extra de 313.822 euros al CGAE frente a la estimación al cierre de 2022 por esta partida. En todo caso, las cuotas seguirán siendo la principal fuente de ingresos del organismo, representando el 86,1% (10.350.157 euros) del total. El resto proviene del turno de oficio (576.208 euros, lo que supone el 4,8%) y de otras fuentes de financiación (el 9,1%, con 1.097.092 euros).

Otra de las partidas que han suscitado controversia en los últimos meses, el servicio de correo electrónico, volverá a suponer un desembolso de 1,4 millones de euros en 2023, prácticamente igual de lo que le exigió en 2022. Sin embargo, del bolsillo de los colegiados saldrán otros 425.000 euros en forma de pagos que los colegios harán al CGAE por esta cantidad (cuantía que aparece en el apartado de ingresos). Como ya relató El Confidencial, el Consejo forzó a los colegios a cofinanciar este servicio después de que su coste se disparara tras la renovación del contrato con Telefónica-Microsoft, lo cual provocó una demanda del Colegio de Alcalá de Henares contra el organismo, que sigue abierta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 2022, los ingresos del CGAE por esta cuestión fueron de 248.000 euros.

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Finalmente, el gasto de personal previsto por el CGAE para 2023 es de cerca de 3,1 millones de euros. De ese total, 2,44 millones corresponde a sueldos y salarios (que se actualizarán un 4% conforme a convenio) y 630.000 euros corresponden a cargas sociales. Según el Consejo, el proyecto de presupuestos se ha elaborado persiguiendo "los objetivos de transparencia, sostenibilidad y buen gobierno". Hay que recordar, en este sentido, que la subida de las cuotas planeada por la institución fue desvelada por El Confidencial y que desde que saltó a la luz la polémica de la gestión económica del organismo, tras la carta de los decanos de Galicia, nadie de la institución ha comparecido para rendir cuentas o dar explicaciones del gasto en dietas y comisiones, el controvertido contrato de correo electrónico o el piso de que el CGAE paga a Victoria Ortega y que es propiedad del decano de Ciudad Real, Cipriano Arteche.