Sandro Rosell no es una excepción: España solo resarce con 24 euros al día la prisión preventiva

"Dos años de vida en la cárcel no tienen precio. ¿Qué valen dos años en la vida de una persona? Imagínate que te estás muriendo y el médico te dice: 'Te doy dos años más de vida, pero a cambio me lo tienes que dar todo'. ¿Y qué le das? Le das todo. Pagarías todo lo que tienes. No tiene precio. Es terrible que te hayan robado dos años de vida".

La reflexión de Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, podría valer para cualquier persona inocente que se ve privada de libertad por culpa de la prisión preventiva. Pero lo cierto es que en este mundo donde el tiempo vale oro y el coste de oportunidad de estar entre rejas resulta muy alto, todo tiene un precio. El propio Rosell se lo puso a los 645 días que pasó en prisión antes de ser absuelto por la Audiencia Nacional: 29,7 millones de euros. La Abogacía del Estado le ofrece 18.000 euros, a razón de 28 por cada jornada que pasó tras los barrotes. La última palabra la tiene la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que el pasado abril falló una indemnización de 70.000 euros a un socio del directivo, Joan Besolí, por una estadía similar. A la vista de las estadísticas, se puede dar con un canto en los dientes.

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Pese a lo modesto de la cantidad propuesta por el Estado, el caso de Rosell no es una excepción en el sistema español. Más bien, constituye la regla. Así lo certifica un estudio de los profesores Gabriel Doménech, experto en derecho administrativo y procesal, y Juan Luis Jiménez, especialista en políticas públicas, para Nada es gratis. Los investigadores han reunido todas las resoluciones dictadas desde 1990 por los tribunales españoles que fijan indemnizaciones por prisión preventiva, un total de 333, y han tratado estadísticamente los datos para conocer cómo han evolucionado las cuantías y de qué factores dependen. Las principales conclusiones son que las reparaciones cada vez resultan menores y disminuyen proporcionalmente cuanto más larga sea la estancia entre rejas.

Actualmente, la indemnización diaria mediana en España se sitúa en unos 24 euros. Es decir: la mitad de los presos preventivos absueltos desde 2019 recibió una compensación superior a esa cantidad, mientras que la otra mitad tuvo una compensación inferior. Este dato arroja una mayor fiabilidad que la tradicional media aritmética, ya que la cantidad limitada de casos y su enorme dispersión hacen que algunos desagravios extraordinariamente elevados puedan alterar la estadística. Sin ir más lejos, el más alto se situó cerca de los 400 euros, una cantidad que, en cualquier caso, no llega ni al 1% de la solicitada por Rosell, que reclama daños materiales por haber perdido dos contratos a causa de la reclusión: uno de 300.000 euros y otro de 27,7 millones, según publicó el diario El Mundo.

"A los jueces les disgusta indemnizar a las personas absueltas cuya inocencia no ha quedado demostrada con la suficiente certeza"

El expresidente del Barça no salió de prisión en el mejor momento: las indemnizaciones se ha desplomado un 87% en los últimos cuatro años en relación con el período 1990-2010, cuando la mediana llegó a 210 euros. Entre 2010 y 2019, ascendió a 161. Los investigadores han establecido estos tres períodos para recoger los cambios que ha experimentado la jurisprudencia durante las últimas tres décadas. "Desde 1990 hasta 2010 solo se indemnizaba a quienes demostraban su inocencia; a partir de 2010, solo a quienes habían sido acusados de un delito inexistente, y, a partir de 2019, a todos los presos preventivos absueltos", explica el documento. Y añade: "La mediana y la dispersión de las compensaciones se han ido reduciendo tras cada cambio jurisprudencial, y de manera muy sustancial tras el de 2019".

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Doménech, de la Universidad de Valencia, y Jiménez, de la de Las Palmas de Gran Canaria, se muestran muy críticos con esta evolución: "Se podría hipotetizar que a los jueces les disgusta indemnizar a las personas absueltas cuya inocencia no ha quedado demostrada con la suficiente certeza. Quizá por ello no les reconocían durante el primer periodo el derecho a ser indemnizadas. Y, quizá por ello, cuando se han visto forzados a reconocérselo, han reducido drásticamente la cuantía de las compensaciones que les otorgan, arrastrando a quienes fueron absueltos porque su inocencia quedó probada con un elevado grado de certeza, a los que se compensaba con mucha mayor generosidad durante el primer periodo".

Los funcionarios, beneficiados

El estudio también detecta importantes variaciones en función del oficio de los resarcidos. Las rentas salariales que estos dejan de ingresar durante su estancia tras los barrotes constituyen uno de los factores que tienen en cuenta los jueces a la hora de establecer las cuantías. De hecho, uno de cada tres afectados alega que realizaba una actividad profesional que se vio perjudicada por la prisión preventiva. Al contrario de lo que podría creerse, no son los empresarios como Rosell quienes reciben desagravios más generosos, pese a que en los últimos treinta años se ha registrado algún caso en el entorno de los 6.000 euros diarios.

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Por algún motivo que los autores no entran a valorar, los funcionarios son los grandes beneficiados del sistema. Tanto los policías, militares y guardias civiles, por un lado, como los demás servidores públicos, por el otro, han recibido una indemnización diaria mediana de alrededor de 780 euros desde 1990, "destacadamente superior a la de los demás reclamantes", según reza el artículo. Los autores consideran que este hecho no tiene justificación. "Mientras dura la prisión preventiva, los empleados públicos siguen cobrando, en el peor de los casos, una gran parte de sus retribuciones. Y, una vez absueltos, recuperan todos los derechos económicos perdidos como consecuencia de la prisión preventiva. Lo que no ocurre, en principio, en el sector privado", denuncian.

Los autónomos también se sitúan muy por encima de otras profesiones, con 335 euros diarios. En este caso, la explicación resulta muy intuitiva: cada día en la cadena es un día sin facturar. Por contra, aquellos que no tenían trabajo en el momento de entrar en la cárcel reciben las compensaciones más bajas.

Un aumento de un 1% en el número de días en prisión preventiva implica una reducción del 0,15% en la compensación diaria recibida

Otro de los factores que influye en la cuantía diaria de la indemnización es el tiempo que los reclusos pasan en prisión preventiva antes de ser absueltos. Ambas magnitudes presentan una relación decreciente, ya que un aumento de un 1% en el número de días implica una reducción del 0,15% en la compensación diaria recibida. En otras palabras: cuantas más jornadas entre rejas, menor es la cantidad resarcida por jornada.

La realidad contrasta con el espíritu de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reza lo siguiente: "La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido". Al menos desde el punto de vista agregado, el factor temporal no tiene un efecto neutro, sino que perjudica a quienes han pasado más tiempo tras los barrotes, como el propio Rosell.

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Los autores consideran que este hecho puede ser justificable bajo la teoría de la adaptación hedónica (el daño que ocasiona cada día adicional en prisión resulta decreciente, como ocurre en la economía con la teoría de la utilidad marginal), pero recuerdan que en inconsistente con la propia doctrina del Supremo, que reza lo siguiente: "No solo la indemnización ha de aumentar cuanto mayor sea el tiempo que duró la privación indebida de la libertad, sino que ha de hacerlo a una tasa creciente: la indemnización ha de ser progresiva, dado que la prolongación indebida de la prisión agrava gradualmente el perjuicio".

El estudio ofrece otras conclusiones interesantes, que los investigadores consideran "fácilmente justificables a la luz del derecho español vigente". Por ejemplo, quienes estuvieron acusados de delitos contra la libertad sexual obtienen mayores compensaciones diarias que los acusados de tráfico de drogas y quienes acreditan haber sufrido daños psicológicos o reputacionales extraordinarios son mejor resarcidos que quienes no los han padecido. Tampoco existen sesgos de género: ni en relación con los acusados ni con el juez ponente.